Horacio Erik Avilés Martínez Esta semana ha generado polémica en la entidad la información que se desliza a cuentagotas respecto al Paquete Económico 2023 y el presupuesto educativo para Michoacán. De lo que se sabe, éste manifiesta tendencias inerciales, incrementos por debajo de la inflación y una explícita negativa a la federalización de la nómina educativa. Anticipar las tendencias y gestionar para revertirlas es una labor que debemos emprender los ciudadanos, el poder ejecutivo estatal y, por supuesto, los diputados federales de origen michoacano. Llegó el momento de honrar la confianza que los funcionarios y legisladores recibieron por parte de la ciudadanía en las urnas. Paralelamente, en el ámbito de competencia estatal también será de capital importancia lo que se defina respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo para 2023 en materia educativa que se envíe al Congreso del Estado. Mientras el presupuesto federal se aprobará el 15 de noviembre, en Michoacán el plazo límite es el 31 de diciembre, por lo cual se tendrá tiempo para hacer adecuaciones que posibiliten el desarrollo del sistema educativo estatal, partiendo del hecho de que la ruptura de inercias que ha generado la actual administración debe ser consistente en el largo plazo. Un ejemplo claro de ello es la forma en la cual se elabora el presupuesto de egresos en materia educativa, el cual posee una inercia enorme, ya que la gran mayoría de los recursos se destinan al pago de nómina, lo cual genera la sensación de irreductibilidad y margen mínimo para poder generar una ruta de mejora continua para la educación estatal. Particularmente, debe tomarse como punto de partida no la inercia, ni los compromisos políticos, ni enfoques adultocéntricos, sino el cúmulo de derechos humanos de la infancia y la juventud que deben ser garantizados por el sistema educativo estatal: esa es la principal responsabilidad de la Secretaría de Educación en el Estado y dependencias sectorizadas, constituye su razón fundante de existir y la justificación incuestionable para que se dedique la mitad del presupuesto estatal a su sostenimiento. Asimismo, son de obligada observancia la normatividad aplicable en la materia y los instrumentos de planeación para el desarrollo que se encuentren vigentes en la entidad. En el retorno a las aulas que se dio en el ciclo escolar 2021-2022 la vivencia de derechos humanos en el sector educativo estatal se ha complicado, toda vez que, una vez más, la Secretaría de Educación en el Estado empeora su posición respecto al resto de las dependencias de la administración pública en Michoacán. Pasó del cuarto lugar en el atípico año 2021, donde solamente se presentaron 79 quejas, a ocupar ahora al segundo sitio, con 271, solamente por debajo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. En el informe 2021 quedó la SEE por debajo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. En 2020 fueron 287 quejas, que representaban el primer lugar estatal, seguida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública. En años anteriores la constante solía ver a la SEE encabezando siempre el número de quejas. Más allá de los análisis respecto a las causas de la modificación y resurgimiento de las quejas ante la CEDH, es importante contemplar que existen tendencias e inercias que deben ser modificadas sustancialmente para el actual ciclo escolar, en aras de que se modifique la constante violación a derechos humanos en las escuelas michoacanas. La autoridad educativa local ha hecho pronunciamientos y emitidos documentos normativos que reiteran la proscripción de la discriminación a niñas, niños y jóvenes por su apariencia o uso personal de objetos, uniformes, colores, peinados y demás, promoviendo que las comunidades escolares sean espacios seguros y libres de violencia discriminatoria. Empero, mucho hace falta respecto a concientizar y formar a los trabajadores de la educación para que cuenten con elementos de discernimiento, para que dominen los protocolos y para que puedan intervenir adecuadamente en situaciones que puedan prestarse a la comisión de actos violatorios de los derechos humanos de la niñez y juventud en las escuelas michoacanas. Por lo pronto, la CEDH anunció que ha documentado al momento ya dieciocho casos en los cuales se violentó el libre desarrollo de la personalidad en los planteles michoacanos. Diseñar políticas públicas de inclusión en la educación parte de la necesidad de formar integralmente a los formadores, es decir, a los estudiantes normalistas, para pasar a modelos de formación continua durante el ejercicio profesional. Sin embargo, es también conocido el entorno jerárquico, abusivo, patriarcal y violento en el cual se desenvuelven los estudiantes normalistas cotidianamente, toda vez que se han normalizado malas prácticas en las relaciones entre pares al interior de las escuelas normales. Es preciso dotar de elementos al normalismo para que haya una formación inicial inclusiva, que se practique congruentemente, para que se abandonen enfoques pretéritos violatorios de derechos humanos desde la formación inicial docente y se dé una sana convivencia entre pares, recuperando la centralidad de los procesos sustantivos de las instituciones normalistas. Paralelamente, la autoridad educativa estatal ha anunciado la entrega de útiles escolares para estudiantes de educación pública básica, así como también de material didáctico, mobiliario e infraestructura, lo cual se aúna a la entrega de becas escolares, lentes y módulos de atención con inclusión en oficinas centrales. Son acciones eminentemente constructivas que pueden incrementar su efectividad al partir de diagnósticos más precisos respecto a las condiciones socioeconómicas del estudiantado en la entidad, para que los recursos se inyecten prioritariamente en las familias que más lo necesitan. No es un asunto menor, toda vez que, si dividimos el monto de la inversión entre el total de la matrícula estudiantil en la entidad, ni siquiera alcanzamos los doscientos pesos por persona. La vivencia de derechos de las generaciones en formación en Michoacán no se debe descargar solamente en la Secretaría de Educación en el Estado, toda vez que existen una gran cantidad de dependencias involucradas en tan alta misión. Un ejemplo es la Comisión Coordinadora del Transporte Público en la entidad (COCOTRA), la cual debe de intervenir para garantizar la seguridad en el traslado de los estudiantes, supervisar y regular los vehículos que para tales efectos se emplean, apegados a la normatividad, pero siempre poniendo al centro los derechos de la infancia y juventud, no enfoques gremiales, adultocéntricos o políticos, que pudieran desviar la atención de las verdaderas necesidades de los usuarios, que implican poder ejercer su derecho a la educación arribando en tiempo, forma y seguridad plena a los planteles escolares en la entidad. Un tema que debe tomarse en cuenta para la vivencia plena de derechos humanos y la correspondiente presupuestación para 2023 es la orden judicial del resurgimiento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. La SEE debe tomar medidas para que se garanticen los derechos de la niñez y juventud en la entidad y destinar recursos para tales efectos. Presupuestar en Michoacán pareciera consistir en sobrellevar la precariedad y navegar entre la corrupción y la simulación, pero ese enfoque pierde la dimensión de lo que mencionamos cuando dejamos de voltear hacia el resto del orbe, cuando nos concentramos en la autorreferencia. Esta semana hubo una circunstancia que debe abrirnos los ojos a todos los involucrados en el sistema educativo estatal. La ONU presentó un nuevo fondo financiero para apoyar la educación de los niños más vulnerables del mundo, con un monto inicial de dos mil millones de dólares y la expectativa de crecer hasta 10 mil millones de aquí a 2030. Según la ONU, “la Facilidad Financiera Internacional para la Educación se utilizará para responder a la actual crisis educativa y a las crecientes desigualdades en este ámbito, que se han exacerbado por la combinación de la pandemia, el cambio climático y los conflictos.” Es decir, nada que no estemos viviendo en Michoacán en estos momentos. Debe llevarnos a reflexionar y cambiar viejas prácticas esta acción global, comenzando por el monto: 10 mil millones de dólares de aquí a 2030 son apenas 200 mil millones de pesos; esa cifra que, de inicio lucía impresionante, es menor a lo que seguramente se ejercerá desde el presupuesto educativo de Michoacán de aquí a entonces, el cual consume anualmente más de 30 mil millones de pesos. Así como se lee: la SEE tiene más dinero que este programa de la ONU. Es una falacia rotunda decir que no hay dinero en el sistema educativo estatal, la realidad es que es materia de un saqueo impresionante y de un desperdicio garrafal de recursos. Según INEGI, tenemos en Michoacán 30 estudiantes por maestro en las aulas; cifra que se reduce a apenas 17 alumnos por cada persona que cobra en la nómina de la SEE. Dimensionemos el monto del saqueo y despilfarro combinados, que podría implicar mínimamente, la sexta parte del presupuesto de la ONU. Por eso es tan importante el control y combate a la corrupción en la SEE, así como la administración efectiva de recursos, sin permitir dilapidación alguna. Viene al tema el enfoque decolonial que ha sido inserto en el nuevo modelo educativo mexicano, el cual no debe quedar en discurso, sino que deberíamos ciertamente dar pasos para liberarnos de ataduras como la intervención extranjera que busca subvencionar alfileres para sostener los resultados de la demolición social y democrática del extractivismo con el cual se conducen en nuestras tierras. Pero, una postura crítica, emancipadora o incluso xenofóbica no terminaría de explicar ni de resolver la situación. El colonialismo que padecemos no lo padecemos tanto porque lleguen hordas de vikingos a apoderarse de los recursos educativos ni a insertar programas lava cerebros. El colonialismo que más lacera se vive al interior de la SEE a través del parasitismo de personajes que han medrado durante décadas del presupuesto educativo y que ya merecen que se les finquen responsabilidades por su sempiterna ausencia de las aulas, así como por las legiones de personas que han insertado en el sistema educativo sin devengar en absoluto. Es importante poner en claro las prioridades en materia de presupuestación, partiendo de los derechos humanos, para reducir a su justa dimensión, a las redes de corrupción, a todos aquellos quienes en la escuela son ausencia deshonesta y en la calle su egoísmo se detesta. Los hijos de los michoacanos merecen un presupuesto garantista, un gobierno educador y un magisterio libre de simuladores y corruptos. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A. C.
La Voz de Michoacán
