Horacio Erik Avilés Martínez Esta semana el gobernador de Michoacán designó a la trigésimo primera persona responsable de conducir la política educativa estatal, desde 1978, año en el que inició la descentralización de los servicios educativos hacia las entidades federativas. El nombramiento recayó en la Dra. Gabriela Molina, quien entre sus principales fortalezas para ejercer el cargo cuenta con más de dos décadas de experiencia en la administración pública estatal, posee un alto perfil académico, distinguiéndose por encontrarse limpia de antecedentes de corrupción, así como no posee intereses potenciales visibles al interior del sistema educativo estatal, a la par que es recipiendaria de la confianza del gobernador de Michoacán, quien la designó en su gabinete inicial como titular de la Secretaría de Cultura y ahora le asigna una responsabilidad de mucho mayor envergadura. Al no haberse removido de su posición al resto de la estructura de mando, se esperaría que no hubiese mayor inestabilidad que la natural curva de aprendizaje que se desarrollará conforme se ejerzan las atribuciones propias de la titularidad de la SEE, así como el equipo de trabajo se adapte a las modificaciones que lógicamente sobrevendrán en cuanto a estilo de liderazgo, visión y hasta posibles relevos institucionales. Si bien, la doctora Yarabí Ávila dejó en plena operatividad al sistema educativo estatal, rompiendo inercias previas, también es cierto que hay una amplísima agenda por atender, toda vez que se dieron primeros pasos en diversos ámbitos, los cuales merecen convertirse en políticas públicas consolidadas y efectivas. Principalmente, el gran tamiz que debe usarse para la toma de decisiones en materia de política educativa es poner los derechos de las generaciones en formación al centro. Es decir, cada actuación de los servidores públicos debe beneficiar a los sujetos de derechos. Lograr hacerlo, con apego al marco normativo determina la posesión de la rectoría de la educación estatal, así como de contribuir a la vivencia plena del estado de derecho en todas las dependencias educativas. Un rubro que es clave es emplear la planeación como directriz de la gestión pública. Dar seguimiento a los instrumentos de planeación para el desarrollo en materia educativa existentes a nivel nacional desde la entidad federativa es una obligación por atender, así como también lo es convertir en realidad lo mencionado en el Plan de Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán (Pladiem). Si bien es cierto, el documento mencionado presenta numerosas áreas de oportunidad en su conformación, en la muy escasa consulta realizada, en la debilidad de la metodología empleada para tales efectos, así como en la consistencia entre los objetivos y las líneas de acción estipuladas, siendo entonces la realización del Programa Sectorial de Educación (PSE) con horizonte a 2024 la obligación y la alternativa para resolver los vacíos y falencias del PLADIEM para dotar de certidumbre al sector educativo estatal en cuanto a la visión de desarrollo que la actual administración estatal desea materializar y dejar como legado. Por supuesto, la realización del PSE debe de partir de un diagnóstico, particularmente revisando los estudios y reportes que existen al respecto, publicados por instituciones como INEGI o Mejoredu, pero también elaborando investigaciones estatales que permitan conocer la situación socioemocional, de pérdida/necesidad de recuperación de aprendizajes y de abandono escolar de cada estudiante en la entidad para poder diseñar medidas de política pública que resuelvan la situación. Un factor que resulta clave es la construcción de gobernanza como medio, fin y estrategia de trabajo. Los liderazgos autoritarios suelen tener inmensas dificultades en conducir a mejor puerto a las instituciones educativas, siendo mejor un estilo colaborativo, en donde se dé voz a todos, construyéndose dinámicas sanas y sostenibles de ejercicio compartido de la toma de decisiones y de los actos de autoridad, desarrollando instituciones, organismos y consejos ciudadanos que posibiliten la progresividad de la participación social en la educación, con las sinergias y círculos virtuosos que ello generaría. También, para lograr tan altos objetivos en materia educativa resulta indispensable integrar un equipo con las mejores personas disponibles en el mercado laboral. En educación no es dable tener funcionarios de escaso perfil, faltos de vocación, proclives a la irresponsabilidad o a la corrupción, ni que compensen la incapacidad con incondicionalidad absoluta. Entonces, además de reforzar los puestos clave también es prudente un pase de lista a todos los que actualmente conforman el gabinete educativo, para conocer sus funciones, su perfil, sus resultados y si han desempeñado un papel satisfactorio al frente de sus respectivas responsabilidades públicas. En una dependencia que ha sido catalogada como la caja grande de la corrupción estatal, sostener la honestidad como valor para el ejercicio de la función pública, así como prevenir y combatir todo acto corruptivo resulta esencial, ya que las redes que trafican con los servicios educativos, así como con las plazas y adscripciones de los trabajadores de la educación encontraron formas de lucro que amasaron fortunas multimillonarias. Es tiempo de redoblar esfuerzos hasta dejar en el pasado la pésima fama que adquirió el sector educativo por estar plagado de mecanismos de monetización a favor de funcionarios corruptos y sus socios. En contraste a lo anterior, deberá de buscarse la efectividad de la mejora continua de la educación estatal, conformada con base en evidencias como medida del avance en el desempeño del sistema educativo estatal. Es decir, pasar de la vanagloria discursiva a la demostración fáctica de que se están mejorando los indicadores educativos, especialmente aquellos que están relacionados con el acceso, permanencia y egreso, los cuales se encuentran en correlación directa con la situación socioeconómica que padece más de la mitad de las familias michoacanos, que se ha visto acrecentada con la pandemia y la subsecuente crisis económica. Por ello, es preciso generar programas de apoyo socioeducativo para que se dote a las niñas, niños y jóvenes de condiciones para ejercer sus derechos a estar, a aprender, a convivir sanamente y a participar en las escuelas michoacanas. Específicamente, vale la pena que se garantice cuanto antes la alimentación escolar y la jornada ampliada en las escuelas que otrora fueron parte del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Lo anterior puede realizarse desde la conformación del Presupuesto de Egresos del Estado para 2023. Un factor que resulta clave es la mejora regulatoria y en el servicio al interior de la educación estatal, referida como la capacidad de normar y atender mejor a los usuarios de los servicios que brindan las dependencias sectorizadas, toda vez que los estudiantes, padres de familia, trabajadores de la educación, empresarios del sector educativo y ciudadanos en general tienen trámites que realizar y en muchas ocasiones hay burocratismo excesivo, lentitud, falta de flexibilidad, procesos anacrónicos, corruptos o poco normados. Para tales efectos, revisar todos los servicios que brinda la SEE y normarlos estrechamente permitirá avanzar a la dependencia mucho más de lo que se ha podido en años. En fijar y alcanzar este objetivo estriba en buena medida la posibilidad de reducir las inconformidades, los actos de corrupción y las afectaciones a particulares. Colocar a la escuela al centro de la comunidad, como polo de aprendizaje, de desarrollo, convivencia y de la evolución construida desde lo local y por los actores clave será una gran misión también a alcanzarse, toda vez que se han hecho esfuerzos discursivos, de inversión y se han conformado programas para tales efectos, pero todavía se sigue esperando que las intervenciones gubernamentales lo logren realmente. En ello también residirá el eventual éxito de la implementación del nuevo modelo educativo, que ha generado expectativas y polémica, pero que sin la participación de los actores para lograr desarrollo local endógeno en las comunidades escolares difícilmente verá buen puerto. La gestión integral de los recursos con los cuales cuenta el sistema educativo estatal resulta clave. Cuidar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales para lograr hacer más con menos en las áreas dispendiosas, mientras que invertir en quienes más necesitan recursos es un factor que determina el éxito o el fracaso de las administraciones. Además de conseguir más presupuesto, lograr que todos los trabajadores de la educación devenguen su salario, evitar que existan aviadores y comisionados educativos, así como lograr la federalización de la nómina educativa hay aspectos que no deben perderse de vista, como el hecho de que en este cierre de ejercicio anual deben evitarse los posibles subejercicios, toda vez que si no se ejerce el presupuesto completo después se sustrae el recurso programado de las dependencias y se reasigna discrecionalmente, así está estipulado en la normatividad aplicable, aunque redactado con otras palabras. La realidad es que los recursos que estaban originariamente destinados a garantizar los derechos de la infancia y la juventud terminan en otras partes, dejando en la práctica descobijados los rubros respectivos. Por ejemplo, durante sexenios anteriores, en Michoacán se puso de moda tener dependencias “paraguas” en donde se depositaban montos millonarios, durante el ejercicio anual no se ejercían, se declaraban “economías” y después el dinero se destinaba a proyectos no aprobados por el poder legislativo ni tampoco transparentados ante la sociedad. Se convirtió un modus operandi en dependencias relacionadas con el deporte y la cultura, por citar ejemplos. Un recurso invaluable al cual no debe perdérsele la pista es el tiempo. Por ahora, ya cunden los desayunos, comidas, cenas y convivios de fin de año en muchos planteles educativos. El calendario escolar no se respetó y se fueron de vacaciones. Poco abonó el que haya estado acéfala la SEE durante varios días, pero es tiempo de llamar al cumplimiento del calendario escolar para que se aprovechen de mejor manera los días laborables que quedan en 2022. En suma, hay muchas áreas prioritarias de atención para construir escenarios futuros para el sistema educativo estatal, en donde el horizonte posible debe caracterizarse por representar cambios cualitativos El anacronismo no puede seguir caracterizando a Michoacán. Ni tampoco la miseria, la desigualdad ni la violencia, consecuencias de la ignorancia y de la falta de educación. En este espacio se ha repetido incansablemente y así seguirá sucediendo: la educación es la clave para resolver estructuralmente los problemas públicos en Michoacán de Ocampo. Es momento de que esta nueva etapa en la educación estatal constituya un punto de inflexión en la historia; que marque el relanzamiento de una transformación verdadera; no la discursiva, ni la política, sino aquella que garantice la vivencia plena de los derechos de la infancia y juventud en Michoacán de Ocampo. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles Erik Avilés es doctor en ciencias del desarrollo regional. Director general de Mexicanos Primero, Capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
