Erik Avilés Martínez La certidumbre laboral que se les brinda a los trabajadores de la educación y la instauración de un auténtico sistema estatal para su carrera profesional al interior del sector educativo estatal constituye un factor muy importante para consolidar la estabilidad, la gobernabilidad y la efectividad en el ejercicio de sus respectivas atribuciones para cumplir con la obligación institucional que se tiene de garantizar y expandir los derechos a estar, a aprender, a convivir y a participar en las escuelas michoacanas de la niñez y de la juventud. Históricamente, tal certidumbre ha sido escasa. Las incidencias laborales han estado a la orden del día. Particularmente, en los procesos de ingreso y promoción docentes ha habido inconsistencias que han motivado acciones jurídicas y políticas por parte de los aspirantes al ingreso y a la promoción a las cuales normativamente tienen derecho. Como consecuencia de la defensa de sus derechos, en muchas de esas ocasiones, los funcionarios fueron obligados a cumplir con sus responsabilidades y hasta fueron sancionados por parte de las autoridades fiscalizadoras, por sus superiores inmediatos o por el poder judicial. Indudablemente, la Unidad Estatal para el Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (UESICAMM) tiene una inmensa responsabilidad, que implica honrar el compromiso del gobernador del estado de erradicar la corrupción en los procesos de ingreso y promoción para los trabajadores de la educación. En la transición gubernamental, muchos trabajadores de la educación se quejaron de haberse violentado sus derechos profesionales al no respetarse las convocatorias emitidas por la administración pasada, pero que ahora quedaba bajo la responsabilidad de los funcionarios recién designados conducirla conforme a derecho. En los hechos, no siempre ocurrió así. Pero menos aún, esto no es un fenómeno nuevo, sino que arrastra ya décadas consigo. Particularmente, desde la emisión de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y de la Ley General la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (LGUSICAMM) se han desplegado una serie de procesos torcidos para beneficiar a las intenciones políticas, económicas, sindicales y de corrupción de quienes han manipulado la normatividad a su antojo. Uno de los modus operandi más trillados en la materia estriba en emitir convocatorias para ingreso o para promoción, sin contarse con una declaratoria honesta del número de vacancias ofertadas, mucho menos de sus centros de adscripción. Entonces, cuando los aspirantes se convierten en seleccionados, resulta que les agradecen su participación y les mencionan que esa forma de entrenar para ulteriores convocatorias les ayuda para mantenerse vigentes. La indignación suele cundir ante esa clase de respuestas oficiales, plagadas de cinismo y doble moral que les han brindado a cientos de trabajadores de la educación y profesionistas, quienes han participado en esta clase de procesos por considerar que tienen oportunidad de aspirar a una vida y a un salario mejores. Otra de las formas de violentar el derecho de los aspirantes en los procesos convocados por UESICAMM suele ser el esconder las vacantes, brindando desde las jefaturas, subdirecciones o direcciones de niveles educativos encargaturas de dirección y de supervisión, para posibilitar la emisión en cero de las convocatorias respectivas. Con esa clase de mecanismos se apartan los lugares de promoción para que las cúpulas sindicales, en mesas de negociaciones con los funcionarios educativos exijan la asignación definitiva de un nombramiento para los encargados de despacho, alegando antigüedad, inamovilidad y merecimientos oscuros, consistentes en el ignominioso marchómetro o en haber pagado una cuota económica para obtener el ascenso o una mejor ubicación. En contraste, nunca exigen los líderes magisteriales la demostración pública de aptitudes mediante un concurso de oposición abierto en el cual se manifieste que efectivamente merecen sus representados un ascenso. Es más, en muchas ocasiones, son los líderes sindicales estatales o regionales quienes repudian a los profesionistas que obtuvieron una adscripción o un ascenso, por considerar que su mera presencia ya violenta los derechos laborales de los militantes adscritos a ese centro de trabajo o a esa región, por no haber tenido ellos que marchar o movilizarse masivamente, sino más bien por haber asumido la osadía de preparar un examen y un expediente para demostrar los méritos que sustentan su legítima aspiración. Por lo anterior, resulta común amedrentar al personal recién adscrito o ascendido en Michoacán, toda vez que más temprano que tarde, reciben llamadas o visitas amenazantes, invitándolos a abandonar su centro de trabajo y a recomenzar su proceso de adscripción, lo cual puede incluso durar años. Asimismo, también se ha estilado la manipulación de las listas de prelación, la realización de eventos de asignación en lugares alejados y secretos, con invitación restringida ha sido la constante, lo cual ha dificultado inmensamente que estos procesos se ganen la confianza del magisterio, cuyos integrantes participan meramente por necesidad, por constituir la única vía legal para conseguir un ascenso o una mejor adscripción a un centro de trabajo más cercano a su ciudad de residencia. Por encima de esta ruta válida se encuentra el camino de la corrupción, donde la compraventa de plazas y espacios laborales ha generado un multimillonario negocio para unos cuantos. Lamentablemente, desde 2014 hasta la fecha esto ha ocurrido en Michoacán de Ocampo. Y, sin embargo, se mueve. A la fecha están corriendo los tiempos procesales de las convocatorias recientemente emitidas por la UESICAMM. Será necesario que ya no existan incidencias que empañen su accionar. La autoridad tiene la obligación de sobreponerse a las irregularidades de muchos años atrás que han violentado los derechos de los trabajadores de la educación en el estado, empeorando el -ya de por sí enrarecido- clima laboral. Más aún, las imprecisiones en la operación de los procesos de UESICAMM han generado inconformidades, persecuciones y señalamientos de toda índole en el sistema educativo michoacano. Desde que se ha intentado instaurar la meritocracia han sucedido atropellos contra los participantes. Sí, se han estado asignando plazas y adscripciones durante la actual administración estatal, pero los señalamientos no cesan. La promoción horizontal arrastra incidencias en varios de los términos explicados en párrafos anteriores. Análogamente, la convocatoria para cambios de centros de adscripción ha despertado escepticismo y suspicacia de parte de los trabajadores de la educación. Resultará de capital importancia que se realice y se invite a todos los involucrados al evento público que normativamente deberá de acontecer a más tardar el próximo 31 de mayo, para asignar plazas y adscripciones. Esperemos se realice en tiempo y forma, con amplia participación ciudadana externa y con apego irrestricto a la normatividad. Paralelamente, no se omite que se debe lograr un proceso impecable de ingreso a las escuelas normales estatales, donde por fin se rindan cuentas respecto a las cifras de matriculación de las generaciones anteriores, así como sus calificaciones y permanencia en el plantel, debiendo coincidir el listado de los estudiantes de segundo semestre con el de aceptados en 2022. Frescos aún están los procesos ignominiosos que ocurrieron en 2020 y 2021, cuando la corrupción y el descaro llegaron a límites nunca vistos, mostrando la veta delincuencial que subyace en el sistema educativo michoacano. Es de reconocerse que en ese proceso ya se avanzó, pero no se puede sostener de lo logrado en 2021, es necesario seguir bajo el enfoque de la mejora continua. La regresividad es una amenaza fuerte para nuestro sistema educativo estatal, la cual, en caso de no poderse evitar, acabará arruinando una vez más las buenas intenciones, las políticas públicas y las convocatorias que se han emitido. Contar con los mejores profesionistas disponibles en el mercado laboral al frente de las responsabilidades educativas gubernamentales en las aulas de las escuelas públicas michoacanas permitirá contar con un equipo de trabajo que pueda alcanzar los objetivos institucionales de la educación estatal. Si queremos generar un cambio cultural, una auténtica transformación en la entidad, resulta imprescindible modificar las relaciones de poder, las estructuras y las reglas del juego mediante las cuales los trabajadores de la educación conseguían históricamente una plaza, una adscripción o un ascenso. En la medida en la cual tengan éxito las autoridades educativas al respecto, podremos estar más próximos a alcanzar al resto de la nación en materia educativa. En caso de que continuemos con las imprecisiones, las ambigüedades, los atropellos y las confusiones en detrimento de los derechos de los trabajadores de la educación, los únicos verdaderamente beneficiados serán los integrantes de las redes de corrupción, quienes saldrán de su repliegue para subastar plazas y adscripciones al mejor postor. En ese escenario, quienes terminarán pagando por el abuso serán 30 o 40 generaciones de estudiantes, quienes deberán padecer que el ejercicio de sus derechos educativos sea simulado bajo el manto de una persona sin perfil, experiencia, vocación, carácter ni integridad para ejercer la vocación docente. Si, de entrada, para obtener un espacio laboral o una adscripción privilegiada, fue capaz de pagar un soborno, ¿con qué calidad moral ejemplarizará ante los hijos de los michoacanos? ¡Merecemos procesos limpios para el magisterio michoacano! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero, Capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
