Horacio Erik Avilés Martínez Cavar pozos sin fondo de distancia entre las generaciones jóvenes y las mayores amenazas a su libre desarrollo es un alto deber gubernamental y una gran misión para toda la sociedad. En ello estriba la felicidad de todos y está comprometida la evolución de nuestra especie. Demostradamente, las adicciones constituyen un cáncer social y encuentran en la juventud su principal mercado, así como proveeduría infinita de carne de cañón para eslabonar su perversa cadena humana de negocios. Como se ha evidenciado, ante la desmedida ambición de lucrar con la salud humana, la carencia de escrúpulos lleva a los narcotraficantes a involucrarse con personas de cada vez menor edad intentando enviciar a los infantes y hacerlos partícipes de una de las maneras más inmundas de enriquecerse que ha concebido la humanidad en toda su historia. En el marco de la implementación de la denominada “Estrategia en el aula: Prevención de adicciones”, ideada e instrumentada por la SEP a escala nacional es preciso mencionar que, informar a la ciudadanía y a las comunidades escolares abona, pero no resuelve la situación. Realmente se espera mucho más de la dependencia federal para entablar una cruzada mucho más contundente y efectiva contra un monstruo de mil cabezas. Tomar conciencia de los inmensos daños a la salud que generan drogas como la heroína, las metanfetaminas y particularmente el fentanilo -que esclaviza desde la primera dosis- no aminora el infierno en el cual viven quienes lamentablemente ya han tenido esas sustancias dentro de su cuerpo o cuyas familias han padecido las terribles consecuencias. De inicio, es preciso que, en el diseño, validación, pilotaje, ejecución y mejora continua de las políticas públicas contra las adicciones, se incorpore a la mayor cantidad de dependencias gubernamentales posibles de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la unión, así como a todos actores sociales, a todos los sectores productivos y emplear todos los recursos al alcance para contrarrestar los efectos que ha generado el narcotráfico en la sociedad mexicana. Si bien, hay experiencias pésimas en la historia de la humanidad cuando se han declarado vedas o se ha prohibido el consumo de ciertas drogas, como el alcohol y el opio, también es cierto que es momento en el cual el estado mexicano debe responsabilizarse mucho más a fondo del bienestar de los ciudadanos, así como de las niñas, niños y jóvenes, quienes se encuentran particularmente vulnerables a ser víctimas de las drogas. Desde lo local, la situación resulta ser más cruenta y dramática, llamando a la acción inmediata. Michoacán de Ocampo ha sido señalado a escala nacional e internacional por ser un foco rojo en materia de narcotráfico, desde hace al menos 80 años. Aquí no basta simplemente repartir cuadernillos, brindar cursos autogestivos o dedicar algunos minutos de clases para ver videos en línea e informar a los estudiantes, como ocurrirá en las demás entidades federativas, varias de ellas libres de la presencia abierta de cárteles delincuenciales o que cuentan con una pax narca, donde no se ven abiertamente ni el proselitismo, la violencia, el afán aterrorizante ni la diversificación que caracteriza a la delincuencia organizada en nuestra entidad. En Michoacán, desde un enfoque eminentemente educador, se requiere un verdadero blindaje, no solo para hacer frente al consumo de drogas, ni a la participación en el negocio piramidal de su producción y distribución, sino a desmitificar la narcocultura que ha permeado hasta el tuétano de la idiosincrasia de decenas de municipios en la entidad federativa, donde se escriben narco libros, se difunden narcocorridos, se realizan mausoleos, se erigen estatuas y hasta los políticos en campaña se toman fotografías con las cúpulas delincuenciales, muchas veces alegando no haberse dado cuenta y, en otras, haciendo mutis respecto a sus afanes proselitistas, donde no midieron los medios ni las finalidades. El contexto local rebasa por completo la estrategia nacional en sevicia, infiltración y consecuencias delincuenciales, por lo que se requieren acciones extraordinarias en lo local. Empero, más allá de la situación que ha prevalecido durante décadas en la entidad, se requiere construir ese punto de inflexión en la historia de Michoacán, a partir de la educación, que debe partir por contar con plena protección para nuestras niñas, niños y jóvenes ante el fenómeno de las drogas, así como asegurar que los maestros tendrán la formación inicial y continua, así como los recursos y la protección necesarias para ejercer con dignidad, seguridad y efectividad su vocación docente, liderando el aprendizaje de los estudiantes para una vida libre de adicciones. Se sabe que es una tarea titánica, en la cual muchas sociedades con más recursos y menos colonización narcocultural han fracasado, pero no actuar responsablemente ante ello, muy por encima de los cánones que dicta la SEP al respecto sería un error garrafal, a la vez que una omisión terrible, máxime el punto crucial en el cual se encuentra la situación del narcotráfico nacional y estatal en las relaciones internacionales con las dos principales potencias del orbe, lo cual indefectiblemente compromete y amenaza el futuro de miles de niñas, niños y jóvenes en la entidad. Esperamos que la autoridad estatal, en coordinación con los órdenes de gobierno federal, municipal y los autogobiernos comunitarios logren desarrollar políticas públicas para que las generaciones en formación logren aprender cómo llevar una vida libre de adicciones, lejos del crimen organizado y de la narcocultura. No sería la primera vez en la cual la actual administración pública estatal ha desarrollado políticas públicas que arropan derechos por encima de las medidas federales, como sucedió con los desayunos y comidas escolares que, si bien fueron desaparecidos de un plumazo por parte del gobierno federal, en Michoacán de Ocampo fueron rescatados por el sistema DIF estatal, en coordinación con sus pares municipales. Medidas que multipliquen el combate a las adicciones y, por ende, al narcotráfico desde las escuelas michoacanas serían de alto impacto y dignas de reconocimiento por propios y extraños. Si bien, lo anterior pondría al centro a la escuela como punto neurálgico para el combate transgeneracional contra las drogas, también implicaría un esfuerzo verdaderamente transversal y sistémico, que debe analizarse y construirse con la colaboración de todos. Es más, debería de constituir un factor articulador en el Programa Sectorial de Educación 2023-2027, lo cual le posibilitaría contar con suficiencia presupuestal y ser vinculante a resultados. Es un hecho que, los efectos de la actividad delincuencial en torno al narcotráfico generan y acrecienta inmensas barreras para el aprendizaje. En el estudio “Aprender a estar bien, estar bien para aprender”, elaborado y presentado recientemente por Mexicanos Primero se exhibe la serie de condiciones socioemocionales que deben de estar presentes para mejorar las condiciones de aprendizaje: liberar a cada estudiante de violencias, de estrés, de miedo, de depresión, de ansiedad y de socavaciones a la autoimagen. Peor aún, los eventos traumáticos empeoran la situación: homicidios, fallecimientos, suicidios, episodios de violencia, entre otros. Recientemente, el gobierno de Morelia ha manifestado que hasta 8 de cada 10 homicidios dolosos que ocurren en la capital del estado están relacionados con la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico. Cifra muy reveladora, tomando en cuenta que este municipio fue el quinto más violento de la nación durante 2022, subiendo cuatro peldaños desde 2021 por la cantidad de asesinatos cometidos en su territorio. Las afectaciones socioemocionales de la violencia narcodelincuencial son evidentes, pero no reciben seguimiento institucional, ya que no existen políticas públicas focalizadas para revertir los efectos que genera en las niñas, niños y jóvenes el saberse en peligro de muerte, el escuchar balazos, de estar al centro de tiroteos, como ocurrió en el municipio de Zinapécuaro esta semana, donde adelantaron el puente vacacional en diversos planteles de educación básica, ante el fundado temor de verse involucrados en el fuego cruzado proveniente de dos bandas que se disputan el control de la plaza. En suma, combatir a la delincuencia, erradicar las adicciones y prevenir la violencia son actividades que tendrán un muy alto impacto en el aprendizaje que desarrollen las generaciones en formación. El funcionariado debe cobrar plena consciencia de ello y generar las mejores condiciones para que así suceda. En caso contrario, las afectaciones serán cada vez mayores y los costos en vidas humanas, en sueños, aspiraciones y trayectorias truncadas serán incalculables. Es tiempo de redoblar esfuerzos, muy por encima de la laxa autoexigencia que el gobierno federal se impone con su recién lanzada estrategia contra las adicciones. Esperemos noticias del gobierno estatal, pidamos a nuestros representantes populares tomen cartas en el asunto e involucrémonos en la solución, la cual es estratégica en blindar y desarrollar a su vez los principales activos con los cuales podemos contar en la entidad: el talento e inventiva de nuestra juventud, la cual brillará mucho más si se encuentra lejos de tener dependencia a estupefacientes, de obnubilarse con la contracultura narcodelincuencial, de prestar oídos al proselitismo sobre senderos equivocados de vida y demás factores que extravían la conciencia humana y amenazan su salud, integridad y futuro. Michoacán merece transformación de la educación. Protejamos a las niñas, niños y jóvenes, brindándoles condiciones para que puedan aprender y ser la mejor versión de sí mismos. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Erik Avilés doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
