Horacio Erik Avilés Martínez* Entramos al segundo mes de un año electoral, que constituirá también el momento inexorable para el cierre de una serie de ciclos y sus respectivas transiciones. Es el momento en el cual se suele hacer retrospectiva, para acuñar un balance de lo acontecido, principalmente acerca de los logros, áreas de oportunidad, errores, omisiones y proyectos en tránsito. Lamentablemente, la experiencia es la principal forma que tenemos de darnos cuenta de cuando las promesas de campaña no se convierten en realidades transformadoras. Nuestro incipiente -y por momentos, retrograda- sistema democrático apenas si advierte mecanismos para obligar a los gobiernos a rendir cuentas, con candados que, como hemos visto, se pueden romper fácilmente. La fragilidad institucional suele manifestarse en que la impunidad se vuelve consustancial al ejercicio de la función pública. Particularmente, en Michoacán, durante este siglo, en materia educativa, no realizar un programa sectorial de educación, no realizar evaluaciones de aprendizaje, no transparentar la nómina magisterial, ni tampoco siquiera rendir cuentas respecto a quiénes son los trabajadores de la educación que no devengan su salario no parecen inmutar a quienes han sido funcionarios en el sector educativo estatal. Es más, para muchas personas que abandonan las aulas en donde deberían de ejercer la docencia, tampoco les representa sanción alguna. Si manejar desaseadamente recursos públicos no cuenta con un marco punitivo suficientemente robusto como para que siquiera pueda ser aplicable, mucho menos, a los políticos les representa pesar, costo político o siquiera extrañamiento alguno incumplir con las promesas realizadas a la ciudadanía. En línea con lo anterior, la semana pasada acudió en gira de trabajo la Lic. Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública en el país. La responsable de la política educativa nacional no realizó el anuncio tan esperado de realizar un proceso de federalización de la nómina educativa, tal y como ha ocurrido en todas sus visitas anteriores. No es un tema personal, ya que sus predecesores en el cargo tampoco realizaron anuncios al respecto, ni tampoco siquiera vinieron a reportar avances parciales sobre tan importante tema. En contraste, la titular de la SEP sí dedicó tiempo para acompañar al titular del poder ejecutivo estatal y a la secretaria de educación en el estado a presidir una ceremonia masiva donde se entregaron basificaciones para trabajadores de la educación quienes no habían sido beneficiarios de ese acto administrativo que brinda certidumbre laboral, a pesar de contar muchos de ellos con decenas de años de servicio profesional docente. Si bien, se trató de realizar un acto de justicia con trabajadores afectados por la inoperancia administrativa, también es cierto que esta entrega no recibió la indispensable transparencia que se requeriría, toda vez que no se difundieron los listados completos de los beneficiarios, mucho menos se estableció si su perfil es acorde al puesto que ocuparán definitivamente, si su adscripción es donde más la necesita la demanda de servicios educativos y si ha habido incidencias laborales con ellos. No se propició la verificación social de la medida realizada. Más aún, paralelamente, se anunciaron algunos cambios respecto a realizar etapas del proceso de contratación vía electrónica, como la entrega del Formato Único de Personal (FUP), trámite que solía ser engorroso, lento y lleno de corrupción. Se sabe que esto aún no ha resuelto la problemática, que implica a miles de trabajadores de la educación quienes ingresaron a trabajar sin que jamás se les entregara su FUP, generándoles incertidumbre y consecuencias administrativas de toda índole. Si bien, fueron acciones administrativas las que ocuparon la atención de la titular de la SEP y del gobierno estatal, también es cierto que, el sistema educativo estatal que, en palabras del presidente de México sería modelo a nivel nacional no se conoce aún. Lamentablemente, no ha habido funcionarios que hayan sido capaces de hacer realidad la palabra presidencial que está empeñada al respecto. No es justificable, pero sí comprensible el por qué no se ha consolidado la federalización de la nómina educativa: el que existan inercias fortísimas donde todo tenderá a seguirse haciendo como antes; el que haya resistencias muy fuertes hacia el cambio; que también habría un costo político-electoral por pagarse en caso de afectar los intereses de las redes de poder y de corrupción que a la fecha están enquistadas en el sistema educativo estatal, entre muchas otras razones más. Sin embargo, la federalización de la nómina educativa no es un tema que se deba de echar en saco roto, ni calificarse de utopía. Hay muchos objetivos que podrían alcanzarse con ella, de tal manera que se sanearía integralmente la nómina educativa en Michoacán. Verdaderamente vale la pena. Federalizarla permitiría realizar un salto cuántico en el sector educativo estatal. Veamos diez ejemplos, a saber: Homologar los salarios de los trabajadores de la educación en el estado de Michoacán de Ocampo. A trabajo igual habría un salario igual, conforme a escalafón, a perfiles y a tabuladores respectivos. Garantizar el pago puntual y completo a todos los trabajadores de la educación, por medios electrónicos verificables bajo estándares bancarios, fiscales y administrativos. Conformar un modelo de ingreso para todos los trabajadores de la educación, donde prevaleciesen el perfil académico, la experiencia profesional, la honorabilidad y a su vez fuese transparente, trazable, meritocrático y sin influencias externas. Generar un esquema de promoción para todos los trabajadores de la educación, sin discriminación alguna. Implementar esquemas de transparencia y rendición de cuentas en la nómina educativa para que no haya duda alguna respecto a que los trabajadores de la educación se encuentran trabajando y devengando su salario, día tras día, grupo por grupo y escuela por escuela. Corregir las asimetrías en cuanto a las condiciones de trabajo para los docentes. Reparar la serie de injusticias que se han cometido en centenares de casos, en contra de trabajadores de la educación. Establecer mecanismos de formación continua y actualización para los trabajadores de la educación con pertinencia y recursos suficientes para tales efectos. Reivindicar la imagen del docente y, en general, de los trabajadores de la educación ante la opinión pública. Impulsar la formación inicial orientada a realmente prepararse para ejercer el servicio profesional docente desde el ingreso a las escuelas normales. Todo lo anterior permitiría alcanzar logros inéditos en cuanto a la gestión integral de los recursos humanos, como estar totalmente seguros de que todos los trabajadores de la educación pública en Michoacán cubren su horario laboral, tienen el perfil adecuado para realizar su función y que, a su vez, cuentan con sus derechos profesionales debidamente cubiertos en tiempo y forma. A su vez, esto sería sinónimo de contar con plantillas de personal completas en todas las escuelas, cubriendo todos ellos el perfil requerido para desempeñar tan alta responsabilidad. Los derechos a estar, a aprender y a participar de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán de Ocampo estarían cubiertos, lo cual potenciaría inmensamente su desarrollo integral. Evidentemente, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Desde 2009, los ciudadanos que integramos Mexicanos Primero Michoacán hablamos de la importancia de generar un rescate integral de las finanzas educativas estatales, a través de mecanismos de control de personal, de fiscalización del pago de la nómina educativa y de la absorción de las responsabilidades patronales por parte del gobierno federal. De todo este paquete de medidas, apenas está a punto de lograrse el pago por tarjeta de nómina bancaria para la totalidad de los trabajadores de la educación. Quince años después se está consiguiendo. Empero, ¿cuántos años más deberán de pasar para contar con la federalización de la nómina educativa con las características mencionadas arriba? Ante la ausencia de federalización, los remedios caseros y las disculpas han abundado. Se realizaron diversas giras de trabajo del gobierno federal, donde el titular del ejecutivo federal, el Secretario de Gobernación y la persona responsable de la SEP en turno prometieron sin resolver, incluso se implementó una revisión virtual por parte de la Auditoría Superior de la Federación, denominada “pase de lista”, que sirvió para exhibir más de 13 mil irregularidades de personal que cobra en un centro de trabajo diferente al que debería de estar. Todo lo anterior sucedió en medio de muchos, pero muchos discursos. Sí, en el actual sexenio se ha transferido dinero para el sector educativo michoacano de forma relativamente constante, a través del Programa Presupuestario U-080, el cual se ha convertido en la principal vía de rescate financiero que ha instrumentado el gobierno federal para salvar año tras año las precarias finanzas educativas estatales. Sin los recursos que se transfieren de esa manera, el sistema educativo estatal ya hubiera colapsado absolutamente. Cuando dejó de operar en forma fue cuando más problemas hubo con impagos de salarios y prestaciones a los trabajadores de la educación, lo cual motivó paros escolares generalizados. Así, llegamos al presente, a los tiempos electorales. Es ahora cuando veremos quiénes se atreven a tocar el tema para proponer al respecto. Así también, estaremos atentos para revisar si la federalización de la nómina educativa michoacana aparece en los discursos, pliegos petitorios, agendas de compromisos ciudadanos, en plataformas político-electorales, en debates o mínimamente, en los reclamos que realice la ciudadanía al gobierno por el incumplimiento al respecto. Es decir, por ser tiempo de campañas, muy probablemente se develen las circunstancias: veremos a quiénes realmente les interesa resolver estructuralmente los problemas de los primeros garantes de los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán, así como también se caerá el telón del desinterés, de la ignorancia, de los intereses cruzados y de la corrupción al respecto. Pero los michoacanos ya lo sabemos de sobra: entre el pasado que nunca nos convenció y entre la transformación esperada, invariablemente se nos han aparecido los monstruos. No podemos quedarnos callados. Los ciudadanos debemos de hacer la diferencia y exigir mejores candidatos y que nuestros gobernantes hagan prevalecer el estado de derecho y brinden resultados. Particularmente, que estén dispuestos a resolver la problemática en materia de nómina educativa, la cual a la fecha aún prevalece. Merecemos un gobierno educador. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
La Voz de Michoacán
