Horacio Erik Avilés Martínez Después de una larga racha de desencuentros con las resoluciones judiciales, la Secretaría de Educación Pública por fin decidió colocarse del lado de la historia en el cual se respeta la división de poderes y el estado de derecho. El pasado día 19, la dependencia responsable de la política educativa nacional anunció mediante el Boletín 248 las novedades vertidas en el marco de una reunión nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas Estatales (CONAEDU), la cual fue presidida por la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. En ella se informó que, temporalmente y respetando el estado de derecho no se aplicará el programa piloto del nuevo currículo de educación básica, mientras que la formación continua para docentes sobre el Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria, se realizará conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2022-2023. Paralelamente, se expusieron los componentes del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria. Si bien, el comunicado lo encabezó la estrategia de concientización denominada “Déjalo ya. Alto riesgo a la salud por vapeadores”, para inhibir su uso, como parte de las acciones que realiza el gobierno federal para asegurar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lo cual hizo pensar que parecía no quería exhibir en primera instancia la rectificación realizada, sino que pasara a un plano secundario, lo cual no sucedió, toda vez que varios diarios de circulación nacional incluso colocaron el aviso de la suspensión en primera plana. Más adelante, el comunicado menciona que, la SEP “seguirá, de manera puntual y atingente, los juicios de amparo promovidos contra el artículo cuarto transitorio del Acuerdo 14/08/22 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”. Razón por la cual, temporalmente y respetando el estado de derecho, no se aplicará el programa piloto del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria, pero aclarando que ello no representará “la renuncia de la SEP a la defensa legal correspondiente”. Es decir, inclinando su rey en la presente partida, pero reservándose la posibilidad de objetar la resolución judicial y, con ello, retornar a una postura beligerante. ¿De qué factores dependerá un nuevo bandazo actitudinal de la SEP? Asimismo, no pasa desapercibido que el boletín comentado menciona que “la SEP interpuso los recursos previstos en la ley, de los cuales se espera pronta resolución a favor del interés superior de niñas, niños y adolescentes del país, misma que será del conocimiento oportuno de todas las autoridades educativas”. Queda la duda respecto, tanto al contenido del amparo promovido, el de la resolución judicial y el de los recursos promovidos por la SEP. Los ciudadanos merecemos conocer más a fondo la situación. Paralelamente, comentaron que, aunque la prueba piloto queda suspendida indefinidamente, la formación continua para docentes sobre el Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria se realizará conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2022-2023. Ello sí puede representar un cauce natural para que un nuevo pilotaje, en su momento cuente con mejores condiciones. En Michoacán, la dependencia educativa local difundió el encuentro por sus redes sociales, comentando sucintamente lo acordado en la reunión, sin mayor tropicalización para la educación estatal, más que la información brindada a nivel nacional. El cambio de actitud llama la atención, más aún después de haberse vivido una serie de desencuentros con la SEP por la serie de acciones legales que ha emprendido Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero respecto a diversos actos de autoridad que laceran los derechos humanos de la niñez y juventud en la nación, particularmente con los relativos a la jornada ampliada y alimentación escolar, actuales componentes del programa La Escuela Es Nuestra, el cual los aloja temporalmente, ante la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Respecto a la decisión tomada, definitivamente, es de aplaudirse que, como resultado de las deliberaciones que realizó la SEP, en este caso particular prevalezca el estado de derecho y que la autoridad educativa nacional, en un punto de inflexión a posturas que en el pretérito reciente había establecido, lo mencione así. No debería ser noticia, pero es de reconocerse el cambio de actitud institucional, que responde a un relevo al frente de la titularidad de la SEP y quizás constituya el principal acto diferenciador que ha realizado la Lic. Leticia Ramírez Anaya al frente de la dependencia. Los ciudadanos debemos solidarizamos con el hecho de que la sociedad civil se active en el debate educativo en general, así como también emprenda acciones por la vía judicial. Exhortamos a todos los involucrados a que se difunda y valore el alcance del amparo, y que en todos los casos se ponga auténticamente en primer lugar el interés superior de la niñez. La mera decisión en sí, ya sea forzada por las circunstancias o natural, implica aprendizaje y reconocimiento de la normatividad por parte de la SEP, toda vez que la política verticalista siempre genera inconformidad. Es consecuencia lógica que, derivado de ello, sobrevengan amparos, protestas y toda suerte de manifestaciones de desacuerdo expresadas por los actores clave del sistema educativo nacional, por no haber sido consultados, por imponérseles medidas autoritariamente y, fundamentalmente, por atentar contra los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes, así como frecuentemente también, los derechos profesionales del magisterio. Esperamos que, en lo sucesivo, la SEP transite hacia una visión de ejercicio compartido, consultivo y colaborativo de la autoridad, construyendo gobernanza, pasando de los actos verticalistas de autoridad a la consulta participativa e incluyente para el diseño de la política educativa nacional. La decisión representa ventajas, toda vez que pueden reorganizar mejor la consulta participativa, diseño, pilotaje, corrección e implementación del modelo educativo, diseñando planes, programas y materiales de apoyo, así como robusteciendo la formación continua y respetando todos los lineamientos para el diseño de la política pública. Un punto a favor podría representarlo la reactivación, conforme a su formato original o rediseñado, del Consejo Nacional para la Participación Social de la Educación (CONAPASE), el cual proveía a la ciudadanía de un mecanismo articulado de gobernanza educativa, debiendo operar a escala nacional, estatal, municipal y escolar. Si bien, reinaban las imprecisiones, la simulación y la apatía, había un esqueleto que requería animación, no su demolición. Es tiempo de considerar que el CONAPASE podría suplir la carencia de sistematicidad para el diseño y consulta previa de las políticas públicas, antes de tener que asumir las consecuencias de los actos de autoridad, a través de la niñez y juventud, quienes siempre resultan ser los más afectados por las decisiones unilaterales. En contrapunto, no hay que ser tampoco ingenuos, toda vez que la decisión no nada más puede ser motivada por la sana intención de allanarse a la resolución judicial, sino que también puede ser resultado de falta de recursos y de condiciones para la implementación del pilotaje, de presiones internas del gabinete o externas ejercidas por ciudadanos con poder de picaporte, así como de las circunstancias políticas que se viven en el partido en el poder o las acciones de la oposición. Más temprano que tarde, las razones subyacentes saldrán a la luz pública. De aquí en adelante, la principal evidencia del cambio de actitud será la prevalencia del estado de derecho ante las demás resoluciones judiciales que siguen estando pendientes de ejecutarse por parte de la SEP. Es decir, si se suspendió el pilotaje del nuevo modelo educativo, también debería de garantizarse la jornada ampliada y la alimentación escolar durante el presente ciclo escolar para más de tres millones de estudiantes, así como preverse en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, tanto el monto necesario como la etiquetación respectiva para asegurar dignamente los derechos mencionados para la niñez y la juventud mexicana que ya reciben este beneficio, así como buscar bajo el principio de progresividad expandir las capacidades institucionales para dotar a un número incremental de estudiantes de los componentes citados. Normativamente, la SEP tiene facultades para establecer un piloteo de planes y programas, no existe objeción razonable ante ello; pero lo que es importante es que los pasos para la modificación de planes y programas de estudio se realicen con los recursos, la temporalidad, la consulta previa, el acompañamiento de académicos, expertos, sociedad civil, maestros, familias y ciudadanía, con estricto apego a la normatividad aplicable en la materia. Es natural que la investigación, la innovación y la mejora continua educativas se acompañen del trabajo en las aulas, las cuales son por antonomasia el territorio natural para la investigación de campo, el pilotaje y la implementación de innovaciones en la materia. Por ello, las intervenciones son naturales, pero existen tanto un marco normativo como metodologías para realizarlas de manera tal que no se afecten los derechos de la infancia, la juventud ni de los maestros, así como se respete el método científico. Favorablemente, el respeto y acato a la resolución judicial dota de mayor horizonte temporal a la SEP para planificar, organizar y preparar de mejor manera un eventual pilotaje, cumpliendo con lo que la SCJN le mandata. De aquí en adelante, gobernar obedeciendo -tanto la ley como la división de poderes- será esencial para la vivencia de la democracia y de los derechos de los actores del sistema educativo nacional. A final de cuentas, la SEP da un paso; ahora debe honrar la inercia adquirida y recorrer con diligencia el sendero republicano. Gobernar bajo un enfoque de mejora continua implica escuchar y rectificar sistemáticamente. Haber detenido el -atropellado, carente de recursos y con amplio margen de error- pilotaje del nuevo plan de estudios es una decisión de la SEP que abre esperanza de una mejor conducción del sistema educativo nacional. Esperemos que así sea. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Erik Avilés, doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán, A. C.
La Voz de Michoacán
