Horacio Erik Avilés Martínez Al cierre del presente ejercicio fiscal 2022 han arreciado las movilizaciones en el sector educativo michoacano. Aspirantes para ingresar al servicio profesional docente y quienes están dentro ya han realizado manifestaciones prácticamente a diario en la entidad. Las protestas tienen que ver con cuestiones de la nómina educativa, la mayor de todas las dependencias de la administración pública estatal, tanto por la cantidad de trabajadores contratados como por el monto del erario que se dedica para solventarla. Específicamente, más del 95 por ciento del presupuesto se dedica al pago de nómina, lo cual evidencia la confianza que se deposita en el magisterio para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, a pesar de la enorme inversión en educación, los resultados no son los mejores, ni en cobertura, ni en eficiencia terminal, ni en muchos otros indicadores. En cuanto al aprendizaje, no existe información fidedignamente generada que posibilite siquiera conocer el logro en la materia obtenido por cada uno de los estudiantes en la entidad federativa. Entonces, la relación costo-beneficio resulta difícil de calcular. Sin embargo, los magros resultados en la materia no limitan en absoluto a los grupos movilizados en torno al erario educativo para continuar aspirando a controlar y beneficiarse de más recursos. La discusión acerca del presupuesto educativo mucho ha tenido qué ver en que esté hoy bajo la lupa la situación económica de la educación nacional. Justamente ayer, el Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán se reunió con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con la finalidad de tratar algunos asuntos urgentes para el beneficio de nuestra entidad federativa. El comunicado vertido al respecto del encuentro menciona que se trató el tema de la federalización de la nómina educativa. Las señales han sido muchas respecto a las inmensas dificultades que existen para poder concretar el proceso largamente anhelado, el cual dotaría de estabilidad, suficiencia presupuestal y transparencia al sistema educativo estatal y, por ende, a nuestro estado. Sin embargo, la federalización de la nómina educativa enfrenta resistencias muy fuertes. La escasez de liquidez presupuestal en el sector gubernamental nacional y el cumplimiento de requisitos en materia de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la nómina magisterial respecta son obstáculos grandes por sortear. Pero, el que realmente está obstaculizando el logro de avances en el proceso es la resistencia de aquellos quienes se benefician de la nómina educativa en la opacidad imperante en la actualidad. Sí, haría bien contar con una nómina verificable socialmente, desde una plataforma electrónica y que pudiera ser cruzada con diversos padrones laborales, bancarios y hacendarios, entre otros. Sin embargo, justamente los que serían exhibidos, perjudicados y, seguramente vinculados a algún proceso administrativo o incluso penal, son los mayores opositores a la medida federalizadora. Son ellos quienes, desde el privilegio que brinda poseer capacidad de movilización, incondicionalidad, obediencia y poder coercitivo hacia las bases magisteriales y personal con funciones directivas, planifican e instrumentan el bloqueo a la entrega de nóminas, al llenado de formatos, de hojas de incidencias, a las auditorías in situ, a los pases de lista en los centros de trabajo, entre otras medidas de rigor que permitirían conformar plantillas de personal con el mismo rigor que lo realiza el gobierno federal. Visto así, hay intereses muy fuertes que impulsan continúe el cobro de salarios mediante cheques impresos y transferibles, que adquieren suficiencia presupuestal mediante una partida como la U-080, que llega de manera extraordinaria y con criterios mucho más laxos que los recursos arribados vía el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE). Empero, la rectoría del sistema educativo y sus recursos la tiene la autoridad educativa estatal, por lo cual deberá de hacer valer sus atribuciones para posibilitar el cierre de esta opaca y larga etapa en el manejo de las finanzas educativas estatales, que solo ha traído saqueo, colonización, captura y pésimos resultados educativos, producto de la violación sistemática de los derechos a estar, a participar, a convivir y a aprender de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán. Empero, si bien la joya de la corona de la disputa por los recursos educativos es el control de los recursos humanos, es importante tomar en cuenta que hay muchas atribuciones, un marco normativo, respaldo social y un equipo de trabajo a favor de que se puedan implementar gradualmente medidas de política pública que posibiliten transformar el ejercicio del gasto en nómina educativa a favor de la transparencia, de la eficiencia, del respeto a los derechos de los actores clave del sistema educativo y de la rendición de cuentas. Es importante que para cada uno de los procesos se cuente con normas y convocatorias claras, personal incorruptible y una ventanilla, tanto virtual como presencial en donde se puedan resolver las necesidades de los aspirantes a ingresar a trabajar en el sistema educativo estatal, a permanecer en él, al basificarse y sindicalizarse, como ejemplos; a concursar meritocráticamente para obtener una promoción ya sea vertical u horizontal, con base en el perfil académico, la experiencia profesional, los conocimientos y resultados demostrables y su integridad demostrada como profesional de la educación; a quienes busquen conformar un cambio de adscripción hacia los planteles que pudieran convenir mejor a sus intereses; a obtener permisos justificados y con apego a derecho, así como becas-comisión, pensiones y jubilaciones, entre otros. Así, se dejará de alimentar a las redes de corrupción y se podrá realizar un verdadero saneamiento de las prácticas en materia de recursos humanos en la Secretaría de Educación en el Estado y organismos sectorizados. Bajo la aspiración de inducir a un enfoque de mejora continua en recursos humanos al sector educativo estatal, pero comprendiendo la lógica del sistema de actores intervinientes, con intereses creados sumamente definidos, con la existencia de un marco normativo laxo e imperfecto, así como con funcionarios que cuentan con escasas condiciones para la toma de decisiones inmediatas, por las propias presiones recibidas, se puede explicar y comprender la inaceptable condición de falta de maestros en determinados planteles escolares, que pareciera ser un problema completamente imputable a la carencia de recursos, pero que bajo la lupa exhibe las inmensas dificultades que enfrentan los funcionarios para poder enviar a los trabajadores de la educación a las escuelas que más necesitan de sus servicios, lo cual ha llevado a la ciudadanía, a los padres de familia y a los trabajadores de la educación a emprender medidas incluso más radicales al respecto, llegándose al extremo de cerrar las puertas de las escuelas, de tomar clases en las calles y de emprender una campaña mediática para informar de la situación a la sociedad y para exigir la inmediata intervención de las autoridades educativas estatales, tanto para resolver las cuestiones de violencia e inseguridad, como para sobreponer el interés superior de la niñez y la juventud sobre las ambiciones de quienes buscan manipular la nómina educativa y sus respectivas ambiciones a conveniencia propia. Las escuelas necesitan tener maestros en tiempo y forma, sin importar a qué fracción sindical se le trastocan sus intereses extralegales. El avance con el e-gobierno y el empleo de tecnología debe de continuar en paralelo. Es positivo que se esté por fin conformando una plataforma digital para el concurso y eventual asignación de adscripciones para los trabajadores de la educación. En absoluto será una tarea fácil de realizar, pero mucho abonará que exista y se perfeccione para lograr que se les brinde cauce a las aspiraciones de los trabajadores de la educación conforme a derecho y se permita que quienes ya reúnen los requisitos respectivos, de manera verificable por cualquier ciudadano, se le asigne la adscripción que se merece. En contraste, un área de oportunidad estriba en permitir que se realicen fácilmente denuncias y se sigan oficiosamente hasta su cabal esclarecimiento, en relación con posibles irregularidades en el manejo de la nómina educativa. Las aclaraciones y explicaciones las debe de realizar la autoridad educativa estatal vengan de quien vengan las quejas, mientras los procedimientos no sean anónimos, accesibles y trazables para la ciudadanía. En ello estribará la legitimidad y aceptación que se pueda obtener de esta clase de cuestionamientos. La cuestión de fondo es que las plazas de personal de asistencia y apoyo a la educación, el personal eventual y el de confianza no ingresan mediante criterio meritocrático alguno. Son decisiones emanadas de la dinámica existente entre la alta dirección y los gremios magisteriales, quienes juntamente han decidido proporciones y, en muchas ocasiones, también la repartición de beneficios económicos producto de la venta de plazas y espacios en el sector educativo. Por ello es fácilmente explicable cómo existe una pléyade dorada de exfuncionarios educativos quienes han resuelto sus necesidades económicas tan solo por haber ocupado temporalmente algún encargo público. Por ejemplo, qué tan ético y jurídicamente válido resulta que alguien que se encuentra en un área de influencia dentro del gabinete legal estatal vea favorecerse a un familiar en el sector educativo, por encima de quienes ya tienen muchos años esperando un beneficio. Para tales efectos, el servicio civil de carrera y una verdadera carrera para las maestras y maestros serían grandes pilares de la solución a las circunstancias. El concurso de oposición abierto para cualquier plaza laboral en el sistema educativo también resolvería en buena medida las circunstancias prevalecientes, que solo generan mayores inconformidades conforme salen los detalles a la luz. Es tiempo de reordenar, de gestionar y de transparentar la nómina educativa estatal. En altísima proporción estribará la posibilidad de éxito de la actual administración estatal y la magnitud del eventual legado que dejen a la generación en formación. El derecho a aprender merece finanzas sanas, trazables y garantistas en Michoacán. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
