Horacio Erik Avilés Martínez La discusión acerca del presupuesto educativo se ha acelerado conforme se acerca el plazo para su aprobación. Si bien, pareciera que ya hay decisiones tomadas y que prácticamente permanecerá inamovible lo planteado en el Paquete Económico 2023 enviado al congreso federal, también por esa misma razón es cuando más es necesario analizar y levantar la voz para exigir un trato digno, garantista y arropador para la niñez y juventud en México. Inauditamente, la deuda alcanza el doble del presupuesto educativo nacional. Imaginemos la situación que viviríamos en nuestras familias si debiéramos el equivalente a nuestro gasto anual en educación. Eso es lo que está viviendo nuestro país. Pero, en contraparte, no se ve que el gasto educativo sea más efectivo, transparente, organizado, progresivo o eficiente. La pregunta entonces es, si no será en 2023, entonces, ¿la educación cuándo? El gasto público en materia educativa debe de poseer ciertas características para considerarlo favorable para los derechos de la infancia y la juventud en México. Primeramente, debe ser eficaz garantizando el derecho a aprender, lo cual se debe demostrar mediante evaluaciones diagnósticas que posibiliten la mejora continua; también, debe de ser progresivo en su cobertura y en su profundidad, es decir, debe de buscar beneficiar incrementalmente cada vez a más personas, en aras de alcanzar la universalidad y la inclusión estipuladas en el Artículo Tercero constitucional, así como cubrir cada vez mejor las necesidades que motivan el gasto; aunado a lo anterior, debe de ser eficiente desde su diseño, en su distribución y en su ejercicio, para hacer que rinda más el erario; y, finalmente, debe de ser transparente en toda su gestión, brindando mecanismos de trazabilidad para que la ciudadanía pueda conocer en todo momento cómo es que se administra el presupuesto educativo. La situación en materia educativa no ha mejorado en los últimos años. Problemas anacrónicos como los rezagos en infraestructura y equipamiento, materiales y consumibles, así como la incompleta dotación de personal conforme a lo estipulado para las escuelas del país se aunaron circunstancias como la necesidad de cubrir con mayor énfasis el aspecto socioemocional para los estudiantes, así como la urgencia de lograr un retorno unánime de las niñas, niños y jóvenes hacia sus aulas. A pesar de la situación, se ha incrementado el gasto en servicios personales durante los últimos años, pasando del 80 por ciento en 2014 al 82.1 para 2023, desapareciéndose en contrapunto programas socioeducativos como el apoyo a estudiantes embarazadas, a hijos de jornaleros, estudiantes indígenas, a telesecundarias, a asesores pedagógicos y a tecnologías educativas, entre otros temas. Si bien, aunque el gasto educativo es mucho, pero insuficiente, empeora la situación cuando se ejerce el gasto de forma poco transparente, porque no se dan a conocer las bases de datos de los beneficiados en las escuelas del país, no se conoce exactamente cómo se ejercen los recursos del programa La Escuela Es Nuestra, tampoco hay información precisa de cómo se administran los recursos procedentes de las economías, subejercicios y los recortes presupuestales; menos aún se ha transparentado el gasto realizado a través de partidas poco transparentes, como la U-080, pero que representan montos extraordinarios para las entidades federativas que tienen el privilegio de recibirlos, como es el caso de Michoacán, en donde la indignación por los impagos y la resistencia ante la federalización de la nómina educativa se han convertido en silencio de las cúpulas gremiales, quienes son los principales beneficiarios de que se pague de forma poco trazable, sin control de gestión ni tampoco permitiendo que el sistema bancario realice el proceso. Con todo lo anterior, resulta fácil de comprender las razones por las cuales ni siquiera se ha esforzado la autoridad educativa en difundir ante la ciudadanía las necesidades explícitas de cada comunidad escolar. Por ello, preocupa que, a pesar de lo expuesto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 no se contemplen montos específicos destinados para la recuperación socioemocional, reforzamiento o nivelación de aprendizajes, ni tampoco para la búsqueda y reincorporación de estudiantes que se encuentran ausentes de las aulas. En contrapunto, las becas absorben el 47.1 por ciento del total del presupuesto destinado a los programas educativos del país. El derecho a conocer el nivel de aprendizaje también se ha limitado presupuestalmente, ya que solamente se etiquetan 140 millones de pesos para tales efectos, cuando en 2009 eran mil 015. Al no ser censales las evaluaciones y solo optativas, las posibilidades de imbricar la evaluación diagnóstica del aprendizaje con acciones de mejora. Aunado a lo anterior, la revalorización docente permanece incumplida en los hechos, siendo solamente una pieza retórica sin basamento en la realidad, toda vez que la formación continua se encuentra en el mínimo histórico de los últimos años, ya que para 2023 apenas se está asignando un monto de 85 pesos por maestro para tan importante rubro, casi la vigésima parte de los mil 644 pesos que se presupuestaron para el ejercicio 2016. De sostenerse así la inercia, el magisterio nacional queda abandonado a sus propias posibilidades para resolver sus necesidades de formación continua. Pero no hay incrementos sustantivos para el aprendizaje de los estudiantes. Por el contrario, se demostró que se ha adelgazado el gasto educativo destinado al aprendizaje, para dedicarlo a las becas, las cuales no están ligadas directamente con el cumplimiento pleno del derecho a aprender. Como prueba de ello, se exhibe que a 12.9 millones de estudiantes les quitaron clases adicionales, comida caliente, asesorías, acompañamiento y tutorías, inglés, apoyo para crianza y reforzamiento de los aprendizajes, entre otros programas que desaparecieron o se adelgazaron durante los últimos años. Es decir, el costo de las becas lo está pagando el derecho a aprender. Para dimensionar la situación basta conocer que el programa de becas “Benito Juárez” ha costado 143 mil 040 millones de pesos, mientras que el total de recursos eliminados o redireccionados asciende a 103 mil 777 millones de pesos, ambas cifras correspondientes al periodo comprendido entre 2020 y 2023, en caso de aprobarse sin cambios la iniciativa enviada por el ejecutivo federal al congreso. Como resultado del análisis comentado, Mexicanos Primero ha elevado cinco exigencias a las autoridades educativas, especialmente a la Secretaría de Educación Pública, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a los diputados federales, a saber: 1. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 aseguren desayunos y comidas calientes, a la vez que nutritivas para todas las escuelas de tiempo completo que ya contaban con comedor. 2. Que extiendan el programa de becas para que 6.8 millones de niñas y niños no permanezcan desamparados. 3. Que se ajusten a los CENDI a procesos de regularización, de acuerdo con la estructura ocupacional de la SEP. 4. Que se comprometan a atender el bienestar socioemocional y la recuperación de los aprendizajes a través de los programas educativos ya existentes, para revertir los efectos perniciosos que la pandemia nos legó y que, lamentablemente, a la fecha persisten. 5. Que se publiquen los padrones de beneficiarios de los programas educativos, identificando a las escuelas que participan en ellos. Por ello, es justo el momento de hacer llegar estas exigencias a los diputados federales, de generar diálogo y demanda ciudadana para que se realicen las respectivas modificaciones a que haya lugar para construir mejores condiciones para el desarrollo educativo de la niñez y juventud en México. A escala local, la situación se torna aún más dramática, toda vez que dependemos, tanto del Presupuesto de Egresos de la Federación como de las asignaciones extraordinarias que se reflejarán sobre la marcha para satisfacer las necesidades de la nómina educativa. Sin embargo, justo en este periodo de análisis y discusión presupuestarias es que advienen una serie de escándalos y denuncias públicas respecto a la asignación de plazas al interior de la Secretaría de Educación en el Estado, cuya laxitud normativa ocasiona la posibilidad constante de contratar incondicionales, familiares, recomendados políticos, socios o clientes por encima de los requisitos establecidos, los cuales son maleables e insuficientes para contener las intenciones de abusar del presupuesto educativo estatal, máxime que tradicionalmente se ponen de acuerdo funcionarios, líderes gremiales y los trabajadores adscritos a los planteles en donde se pretende radicar a los beneficiarios de la obtención de una plaza en el sector educativo. Recordemos que, hace una década, la asignación de plazas de tiempo completo a favor de familiares prácticamente le costó el cargo a la titular de la SEE. Después de que se exhibió públicamente la situación ya no hubo forma de recuperar credibilidad, respeto e interlocución con los actores clave del sistema educativo estatal, por lo que sobrevino un relevo institucional. En educación, ya han generado esas costumbres demasiados efectos perniciosos. El promedio de duración de un titular de la SEE es de apenas 1.4 años, lo cual implica que, el 40 por ciento de su tiempo de gestión corresponde al de la curva de aprendizaje, lo cual coincide con los efectos nocivos que genera la elevada rotación de personal. Lo que menos se desea en circunstancias como la actual es que haya cambios sin sentido en el gabinete educativo, sino que, por el contrario, se corrija lo que requiera rectificación y se aceleren las posibilidades de brindar resultados a lo comprometido en la campaña electoral por el gobernador y a lo plasmado en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2021-2027. En suma, por el manejo eficaz de los recursos, por alcanzar las metas institucionales y por evitar la nefasta rotación de personal innecesaria debe de haber continuidad, pero también se debe demostrar, cotidianamente, que no existen circunstancias construidas desde el interés y la corrupción. Si hay denuncias públicas, deben esclarecerse, más allá de la fuente de la cual procedan. Cuando las inconformidades y cuestionamientos se resuelvan con rapidez y suficiencia, se evitarán las bolas de nieve de desinformación y los vacíos institucionales que posibilitan el abuso del poder. Es el momento de garantizar desde lo local un mejor ejercicio del gasto para 2023. Sin denuncias públicas irresueltas será más fácil se asignen recursos para modificar el estado que guarda el sistema educativo estatal. En suma, para lograr un mejor presupuesto federal es necesario hacer gestiones efectivas y tener la casa en orden. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Erik Avilés es doctor en ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
La Voz de Michoacán
