Horacio Erik Avilés Martínez* La educación en México está consagrada como un derecho humano fundamental en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del Estado de garantizar una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Este mandato constitucional se reforzó con la reforma educativa de 2019, que enfatiza la importancia de la excelencia, la equidad y el interés superior de niñas, niños y adolescentes en la educación. Michoacán, con su rica historia educativa que incluye la primera Escuela Normal Rural de América Latina y la prestigiosa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, enfrenta hoy desafíos educativos que requieren atención urgente. Los indicadores educativos del estado consistentemente se han ubicado por debajo de la media nacional: la tasa de abandono escolar supera el promedio del país, los resultados en pruebas de aprendizaje cuándo se han podido aplicar han mostrado rezagos significativos, y la cobertura educativa en nivel medio superior y superior presenta brechas importantes. Los antecedentes históricos de estas problemáticas se remontan a décadas de subinversión en infraestructura educativa, cambios demográficos no atendidos adecuadamente, y desafíos socioeconómicos que han impactado el desarrollo educativo del estado, así como la corrupción, la simulación, la delincuencia y el abandono histórico del sistema educativo. La dispersión poblacional característica de Michoacán, con 8 mil 643 localidades, muchas de ellas rurales y de difícil acceso, ha complicado la provisión de servicios educativos dignos y completos. La importancia de atender estas problemáticas radica en múltiples factores. Primero, la educación es el principal motor de movilidad social y desarrollo económico. Las deficiencias educativas actuales perpetúan ciclos de pobreza y marginación que afectan especialmente a las comunidades más vulnerables. Segundo, en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico, el rezago educativo compromete la competitividad y el futuro desarrollo del estado. Tercero, la educación es fundamental para fortalecer el tejido social y prevenir problemáticas como la violencia y la delincuencia que afectan a la entidad. El marco jurídico actual, que incluye la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado de Michoacán, proporciona las bases legales para implementar soluciones integrales. Estas leyes establecen no solo derechos y obligaciones, sino también mecanismos de participación social y corresponsabilidad en la educación. Para este 2025 es muy importante que se atiendan las problemáticas que se presentan a continuación. Ya es tiempo que se resuelvan integralmente los desafíos educativos de Michoacán. Su implementación requiere un esfuerzo coordinado entre autoridades, sociedad civil, sector privado y comunidades educativas. El momento de actuar es ahora, pues cada día que pasa sin atender estas problemáticas representa oportunidades perdidas para miles de estudiantes michoacanos. 1. Infraestructura Educativa Deficiente. Las escuelas en zonas rurales y urbanas marginadas de Michoacán presentan graves carencias en infraestructura básica. Muchas carecen de servicios elementales como agua potable, sanitarios funcionales, electricidad confiable y espacios adecuados para el aprendizaje. Los espacios existentes frecuentemente se encuentran en mal estado, representando riesgos para la comunidad escolar y limitando las posibilidades de implementar metodologías educativas modernas. Para resolver lo anterior es importante implementar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa partiendo de un diagnóstico participativo por región que involucre a la comunidad escolar para identificar necesidades prioritarias, que se cree un fideicomiso específico para infraestructura educativa con participación público-privada y supervisión ciudadana, hay casos como el de Jalisco que es digno de análisis y posible réplica, así como el desarrollo de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo con participación de los ayuntamientos y las comunidades escolares. Este programa debe priorizar las zonas más marginadas y establecer estándares mínimos de infraestructura que toda escuela debe cumplir. 2. Abandono escolar. Michoacán enfrenta altas tasas de abandono escolar, particularmente en el nivel medio superior. Los factores principales incluyen la falta de condiciones socioeconómicas e incluso alimentarias para acudir a las escuelas, la necesidad de trabajar para apoyar a la familia, embarazo adolescente, falta de interés en los estudios debido a metodologías obsoletas, la presencia de delincuencia y la percepción de que la educación no garantiza mejores oportunidades laborales, entre muchas otras circunstancias. Para atender lo anterior es importante establecer un programa multidimensional de retención escolar que incluya becas condicionadas a la permanencia escolar, un sistema de alerta temprana para identificar estudiantes en riesgo de abandono, programas de mentoría entre pares, orientación vocacional desde secundaria, educación sexual integral, y vinculación con el sector productivo para mostrar oportunidades laborales reales, lo cual se debe complementar con programas de educación flexible que permitan combinar estudio y trabajo. 3. Formación Continua y Actualización Docente Existe un rezago significativo en la actualización de métodos pedagógicos y en la formación continua del profesorado. Muchos docentes mantienen prácticas tradicionalistas que no responden a las necesidades actuales de aprendizaje ni aprovechan las nuevas tecnologías educativas, como consecuencia de la escasa inversión pública y muy poca atención a tan importantes rubros. Una ruta de solución por explorar sería crear un Instituto Estatal de Formación Docente que coordine programas de actualización pedagógica basados en evidencia, intercambios docentes con estados y países que muestren mejores resultados educativos, certificaciones en competencias digitales y nuevas metodologías, incentivos para la innovación educativa y comunidades de aprendizaje entre docentes. A la vez que paralelamente permita establecer investigaciones, diagnósticos y evaluaciones formativas regulares que retroalimenten la práctica docente. 4. Brecha Digital La pandemia evidenció la profunda desigualdad en el acceso a tecnologías digitales. Muchos estudiantes, especialmente en zonas rurales, carecen de dispositivos electrónicos y conectividad a internet, limitando sus oportunidades de aprendizaje en un mundo cada vez más digitalizado. Es imperativo implementar un programa de conectividad educativa en Michoacán que contemple la dotación de dispositivos electrónicos a estudiantes de bajos recursos, establecimiento de centros comunitarios digitales en zonas estratégicas, convenios con proveedores de Internet para tarifas preferenciales educativas, formación en competencias digitales para toda la comunidad escolar y desarrollo de contenidos educativos digitales adaptados al contexto local, entre otros rubros. 5. Violencia y Seguridad Escolar. Las escuelas michoacanas enfrentan diversos tipos de violencia, como el acoso escolar, la violencia de género, la presencia del crimen organizado en zonas escolares y conflictos derivados de tensiones sociales y políticas que afectan el ambiente educativo. Es importante desarrollar protocolos claros de prevención y actuación ante situaciones de violencia, formación en resolución pacífica de conflictos, establecimiento de comités de seguridad escolar con participación de autoridades y comunidad, programa de escuelas como zonas de paz, y atención psicosocial para estudiantes afectados por la violencia, así como un blindaje de las actividades delincuenciales en las comunidades escolares y sus entornos. 6. Inequidad Educativa. Persisten graves desigualdades en el acceso y niveles de atención educativa entre zonas urbanas y rurales, entre escuelas públicas y privadas y en la atención a estudiantes con necesidades especiales o de comunidades indígenas. Es factible implementar un sistema estatal de equidad educativa que contemple la redistribución de recursos priorizando a las comunidades escolares ubicadas en zonas marginadas, un programa de educación intercultural bilingüe fortalecido, centros de recursos para la inclusión educativa, sistema de apoyo itinerante para escuelas rurales y mecanismos de compensación educativa para estudiantes que enfrentan barreras para el acceso y la participación escolares. 7. Vinculación con el Sector Productivo. Existe una desconexión entre la formación que reciben los estudiantes y las necesidades del mercado laboral local, resultando en subempleo y migración de talento. Al respecto sería muy valioso conformar un consejo estatal de vinculación educativa que coordine los programas de formación dual, prácticas profesionales pasantías empresariales desde el nivel medio superior, actualización de planes de estudio con participación propositiva del sector productivo, incubadoras y aceleradoras de empresas en instituciones educativas, así como programas de certificación de competencias laborales alineados con las necesidades productivas y sociales regionales, entre otros rubros. 8. Gestión y Transparencia. La administración educativa estatal muestra deficiencias en transparencia, eficiencia en el uso de recursos y procesos administrativos que obstaculizan la mejora educativa. Este año podría implementarse un sistema de gestión educativa estatal transparente que incluya una plataforma digital de transparencia y rendición de cuentas, con indicadores educativos públicos actualizados y las estadísticas del Formato 911, simplificación de procesos administrativos, mecanismos de participación ciudadana en la propuesta para la toma de decisiones educativas y los resultados de la realización de auditorías independientes regulares. 9. Alimentación y Salud Escolar. Muchos estudiantes enfrentan problemas de nutrición y salud que afectan su rendimiento académico. Los programas existentes de alimentación escolar son insuficientes o no llegan a todas las zonas necesitadas. Es importante robustecer programas de bienestar escolar que asegure la existencia de comedores escolares en zonas prioritarias, de huertos escolares educativos, convenios con el sector salud para la atención preventiva regular de los integrantes de las comunidades educativas y sus familias, capacitación en nutrición y prevención de adicciones para comunidades escolares, así como un sistema de seguimiento del estado nutricional de los estudiantes. 10. Participación Comunitaria Escasa. La participación de académicos, sociedad civil organizada, padres de familia y comunidad en los procesos educativos es limitada, desaprovechando recursos y conocimientos locales que podrían enriquecer la educación. Es importante desarrollar modelos de gobernanza en la educación que posibilite su participación social, que exista una escuela para padres con enfoque en acompañamiento educativo, proyectos educativos comunitarios, recuperación de saberes locales en el currículum y mecanismos de participación comunitaria en la gestión escolar. La realidad educativa en Michoacán demanda acciones inmediatas y contundentes. Las diez problemáticas expuestas no son acontecimientos aislados, sino manifestaciones de un sistema educativo que requiere una transformación integral y urgente. Cada día que posterguemos estas soluciones representa oportunidades perdidas para miles de niñas, niños y jóvenes michoacanos que merecen una educación a la altura de sus sueños y aspiraciones. Es importante que las autoridades educativas tomen en cuenta este decálogo y construyan una ruta crítica para el cambio. La transformación educativa no puede esperar: se requiere un compromiso presupuestal firme, voluntad política inquebrantable y una visión que trascienda los periodos administrativos. La educación es la inversión más rentable para el desarrollo social y económico de nuestro estado. El momento de actuar es ahora. Las soluciones están sobre la mesa; lo que necesitamos es el compromiso decidido para implementarlas, partiendo del funcionariado obligado a tales efectos. El futuro de Michoacán depende de las acciones que se ejecuten hoy en materia educativa. La educación es un derecho humano fundamental de las niñas, niños y jóvenes, el cual el estado mexicano está obligado a garantizar y constituye una responsabilidad compartida para todos. No podemos permitir que las carencias actuales hipotequen el futuro de nuestras próximas generaciones. El costo de la inacción es demasiado alto. ¡Luchemos juntos este 2025 por una educación de excelencia en Michoacán!
La Voz de Michoacán
