Etelberto Cruz Loeza El que esté libre de pecado que tire al primera piedra. Juan 8:2-11 El que vive en casa de cristal no debe lanzar piedras a los vecinos. Axioma popular. En nuestra sociedad todo es cuestión de ser el primero. No nos importa quién sale herido. No importa a quién destruyes. No nos importa si es verdad o no. Sólo dilo, véndelo. Denzel Washington Llamó mi atención que se formó un ciclón político por el asunto del Fiscal General de la República y el llamado pase automático del fiscal carnal en la figura del ahora ex procurador general de la República, Raúl Cervantes, quien el pasado 15 del informó al presidente de la República que presentaría ante el Senado su renuncia con carácter de irrevocable; ciclón que se devaluó a una simple brisa con su renuncia; precisó: algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitirán mejorar las condiciones y herramientas en las que se procura justicia en nuestro querido México…y a efecto de que no sigan deteniéndose las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al presidente de la República y al senado mi renuncia irrevocable a la procuraduría a partir de este momento... Alberto Elías Beltrán, ex procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, interinamente asumió las funciones de Procurador General de la República; con él serían 4 los Procuradores Generales de la República en menos de 5 años: Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y con éste, Alberto Elías Beltrán, cuatro. Posiblemente varios políticos y ciudadanos creerán a pie juntillas que con el cambio de titular en la Procuraduría General de la República se terminará lo oscuro de varias actuaciones que la pintan con una imagen protectora, corruptora y generadora de impunidad y, a en algunos casos, brazo armado del poder. No. El cambio no provocará eso en un instante. Pero sí debe aprovecharse para continuar con los trabajos de diseño de una nueva institución - la Fiscalía General de la República – que permita construir un nuevo modelo de procuración de justicia que articule las diversas instituciones jurídico-policiacas, como fiscalías, tribunales y prisiones, etc., la adecuada articulación entre policías y ministerios públicos y, muy importante, definir la distribución de competencias y funciones entre federación y estados, etc., y, sobre todo, contar con dinero=presupuesto para esa edificación del nuevo edificio de la Fiscalía General de la República. De no ser así, sería lo mismo y a los mismo. Sobre este asunto y la decisión del Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, de cesar al ya ex fiscal general, al frente de la FEPADE – Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales -, Santiago Nieto Castillo – por ofrecer al diario REFORMA información sobre el contenido de una carta del exdirector general de la paraestatal PEMEX, Emilio Lozoya Austin, en la que, según palabras del ex fiscal, le sugería declarara su inocencia en el caso del soborno por 10 millones de dólares (supuestamente canalizados a la campaña presidencial del actual presidente Enrique Peña Nieto) de la empresa brasileña, de la cual se generó una ámpula en el H. poder Legislativo que lo mantiene en tensión. Palabras del Alberto Elías Beltrán: “Hice la remoción con base en consideraciones de orden técnico y no político para evitar que se siga violando el principio de debido proceso y evitar que personas responsables de la comisión de delitos pudieran quedar en impunidad. En la Procuraduría General de la República no podemos permitir que servidores públicos atenten contra los principios de presunción de inocencia y de debido proceso. Esto se hace cuidando la investigación para evitar que se favorezca la impunidad. La fiscalía es más que un fiscal; la fiscalía tiene directores generales, ministerios públicos debidamente capacitados en temas electorales que siguen actuando con plena autonomía y tiene todas las condiciones para seguir realizando las investigaciones. El cese no tiene la intención de ocultar la investigación de Odebrecht. Al respecto señalo lo siguiente: 1° Todo el borlote se armó, no por el supuesto o cierto soborno, como acto de corrupción, sino por el supuesto –aceptado como irrefutable verdad – de que ese dinero se usó en la campaña presidencia del ahora presidente. El hecho de corrupción es lo que menos les importa a estos moralistas. 2° Si los legisladores de la oposición que participan en este vodevil y la están haciendo de pedo, creen que madrugaron a los dirigentes de la política nacional, muestran que no saben que no saben nada de rumores-chisme-reality shows – aunque esté ahí Manuel Bartlett – ; todos estos hechos forman parte de los escenarios que están considerados y solo sirven para comprobar la precisión de los modelos de laboratorio sociopolítico. Todas las acciones y reacciones están previstos y se cumplen siguiendo el libreto. 3° Si como parece ser el ahora ex fiscal no dijo lo que dijo, ni como lo dijo, ¿qué pasará? ¿Y REFORMA? De acuerdo con el artículo 7° constitucional, el diario puede hacer lo que hizo, pero ¿y su ética? ¿Y su credibilidad? 4° ¿Por qué el ahora ex fiscal no utilizó su derecho de réplica? 5° ¿Por qué hasta ahora, a casi 10 días de la entrevista y publicación de la noticia, al ahora ex fiscal le urge aclarar paradas y demostrar que no dijo lo que dijo ni la carta contiene lo que “dicen” que contiene, ni dedujo lo que dicen que declaró-dijo ? 6° Al ahora ex fiscal, ex asesor del PRD nacional, se le olvidó la recomendación de Francisco Hernández Juárez, eterno líder del sindicato de trabajadores de TELMEX: Si vas a decir algo importante ¡no lo digas por teléfono! Igualmente, se le olvidó la experiencia de Luis Téllez: dijo a un(a) periodista secretos de su trabajo y por estar de galán y frívolo abrió la boca… ¡Y Ching Su Ma!”#$%&/()=?¡*+]>: debió renunciar. 7° Le salió el tiro por la culata. Nuestro país y su sociedad tienen demasiados problemas. Requiere de serios y eficaces profesionales de la política y de la administración para resolverlos, no frívolos que se deslumbren con las luces, alfombras y candilejas. Sin demeritar los problemas económico-laborales, la corrupción, la impunidad y la procuración de la justicia son mano. Para nadie es un secreto todo lo anterior. Se dice en todos los medios de comunicación que México vive la peor crisis de violencia e inseguridad de su historia. El pasado miércoles, se dieron a conocer los resultados sobre la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, trabajada por el Centro de Investigación y Docencia Económica – CIDE -, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la UNAM, a petición, tanto de la PGR como de las 2 H. Cámaras del Congreso de la Unión. Algunas de sus afirmaciones confirman lo que se sabía: la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente factores que alimentan la desconfianza. Existen importantes problemas en la conducción de las instituciones para la transición plena hacia el modelo acusatorio y se perciben problemas en la organización de las instituciones y en los métodos de trabajo que emplea. Los problemas no se pueden corregir en el corto plazo. Tampoco bastan los cambios en aspectos muy puntuales para corregir el rumbo. Y los representantes populares enfrascados en un reality show, haciéndola de jamón! ¡Por Dios!