Raúl Castellano Desde hace mucho tiempo se ha venido insistiendo en que la procuración de justicia debe estar en manos de una autoridad independiente del Ejecutivo, de tal suerte, que no tenga subordinación ni compromisos políticos, ni de ninguna otra naturaleza, y pueda consignar a proceso a cualesquier persona o personas que hubieran incurrido en una conducta criminal. Este cambio es algo que se ha discutido en muchos foros, especialmente jurídicos, como es natural, y todos han coincidido en que ayudaría enormemente a la impartición de justicia. El eje en que descansa el propuesto Sistema Nacional Anticorrupción, es la designación de un Fiscal General de la Nación, que substituiría al Procurador General de la República, y que tiene como característica fundamental o principal, el que goce de autonomía, que tenga total independencia. La idea ha sido retomada por el Presidente de la República, pero en condiciones especiales; la principal, que consiste en que el actual Procurador General de la República pase, de manera automática a ser el primer Fiscal de la República. No se habla de hacer una selección, o formular una terna o algún otro modo. El otro inconveniente es que el Procurador Raúl Cervantes y el Presidente son grandes amigos, lo cual cortaría de tajo la independencia requerida. Por último, el Fiscal permanecería un término muy superior al que Peña Nieto permanecerá como Presidente, pues se propone que dure nueve años en su encargo. Se trata, como es fácil de ver, de una idea cínica, que tiene como objeto “blindarse” contra cualquier posibilidad de ser acusado por algún delito que hubiera cometido y protegerse y proteger a otros, por casos como los de Odebrecht, el socavón de Morelos, OHL, o a individuos como Humberto Moreira, Javier Duarte, Roberto Borge, Ruiz Esparza, Lozoya, Romero Deschamps y varios más del más alto rango. Se trata de tender un manto de impunidad igual al que ha protegido a muchos delincuentes dentro del Gabinete Presidencial, senadores, diputados y un buen número de gobernadores que han desfalcado a sus estados. Peña Nieto se ha propuesto abrir una puerta de salida segura, que le permita enfrentar los muchos escándalos que han marcado a su gobierno. El Presidente del PAN Ricardo Anaya, ha sido un firme opositor a la designación de Raúl Cervantes para que, en automático, pase a ocupar el cargo de Fiscal de la Nación. Esto le ha traído una campaña de desprestigio en la prensa, concretamente en el periódico El Universal, señalando que se ha enriquecido, pero al parecer, se refieren, no al propio Anaya, sino a su suegro, lo que hace pensar de que es un asunto calumnioso. No obstante esto, Peña Nieto es capaz de utilizar a sus diputados y a los del Partido Verde, cómplice en todas las trapacerías priistas, para salirse con la suya. Dicho esto, hay que pensar que el tema se puede convertir en el mayor escándalo de los que lleva en su cuenta. Raúl Cervantes es una persona que está descalificada para ocupar la Fiscalía, por muchas razones. La primera, ya mencionada, es el hecho de todos conocido, de ser muy amigo del Presidente, además, es un colaborador cercano, a quien le debe el cargo que hoy ocupa, es miembro prominente del partido en el poder, ha sido su asesor, fue responsable jurídico de la campaña presidencial de Peña, y Cervantes fue Senador de la República en la actual legislatura y tuvo que haberse registrado para figurar como candidato, con lo cual no se cumpliría la limitación de cuatro años de haber dejado el cargo de elección popular. El asunto es de tanta importancia para Peña Nieto, que el Presidente del PRI, Enrique Ochoa, ha estado reunido con los Senadores, para avalar el pase automático del Procurador a Fiscal de la Nación. Por supuesto que no se refirió a los muchos impedimentos legales que tiene para ocupar el cargo. Otro de los inconvenientes en contra de Cervantes, es que siendo abogado, no es un jurista, que es otra característica que debiera tener el nuevo Fiscal. En paralelo, líderes empresariales, defensores de derechos humanos, ONGS, banqueros y otros, han reunido esfuerzos para exigir a la Cámara de Senadores que se cree una Fiscalía General con independencia y que se prohíba el pase automático a este cargo, a quien ahora ocupa la titularidad de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes. Por otro lado, se han formado dos colectivos con “haschtag”, denominados #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva. Un importante grupo de representantes de estos activistas sociales se manifestaron en días pasados en la Columna de la Independencia, para manifestar su oposición al pase automático y que elaborarán una propuesta a partir de las 9 iniciativas congeladas en la Cámara de Diputados, para reformar el artículo 102 constitucional que contiene lo referente a la Fiscalía. El primer planteamiento que hacen, es la necesidad de que Cervantes compruebe su independencia al no haber sido registrado como candidato a un cargo de elección popular, ni haber desempañado un cargo de la misma especie, cuatro años antes a su designación como Procurador. Este impedimento en realidad consta en el INE y en la propia Cámara de Senadores y es un hecho público. Ricardo Anaya asegura que ninguno de los 38 Senadores del PAN votará por Cervantes, aun cuando parece haber ocurrido un sismo en ese partido y se ha dividido un grupo de Senadores calderonistas, encabezado por Ernesto Cordero. De igual manera, las bancadas del PRD y Morena votarán en contra. Resulta de un cinismo inconcebible, que Peña pretenda dejar a un #Fiscal Carnal, para pasar de la impunidad a la inmunidad por nueve largos años. Tiene miedo, sin duda, de que por fin sus muchos escándalos y abusos puedan tener consecuencias. Por otro lado, no podíamos esperar algo diferente en un Sistema Nacional Anticorrupción, hecho por corruptos. Simplemente Kafka vuelve a aparecer.