Raúl Castellano No cabe la menor duda, para quienes habitan la península de la Baja California, el centro y parte del sur del país, que viven en zonas sísmicas; sin embargo, tal pareciera que lo ignoran, o por lo menos lo ignoran las autoridades. Los sismos del 7 y el 19 de este mes, nos dejaron muchas lecciones. La más importante fue la manifestación de solidaridad de la ciudadanía que se volcó a los sitios donde hubo daños y trabajaron con denuedo para rescatar personas, así como para remover escombros. Pero esto mismo nos dejó ver la falta de organización de Protección Civil que dio la impresión de que no estuvo presente en los edificios colapsados. Fueron miembros de la Marina Armada, el Ejército, la Policía Federal, los Topos y los Bomberos, quienes estuvieron a cargo de las tareas que en principio le corresponderían a Protección Civil. ¿Que no podían haber tenido cuarenta y tantos grupos para otros tantos lugares siniestrados? Y el equipo, ¿dónde lo tienen o no tienen nada? Era patético ver como la televisión hacía llamados a los televidentes, para que la gente ayudara, haciendo llegar, picos, palas, guantes, una escalera de 10 metros, marros, flexómetros, vendas y otros materiales de curación. Ridículo que esto suceda en una Ciudad de 7 millones de habitantes y no se tengan grupos profesionales, debidamente equipados, de Protección Civil. Robert Glasser, Representante Especial de la ONU para la Reducción de Riesgos del Desastre, nos ha dicho que los daños por los terremotos, los huracanes y otros, se producen por la interacción del hombre con dichos fenómenos, no por la naturaleza, asegura el mayor experto sobre el tema. Si una edificación ha sido hecha con las normas adecuadas para su construcción, al llegar el terremoto, el desastre no se producirá. “El desastre es la forma en que interactúa el ser humano con el peligro o fenómeno natural” dice Glasser. Esta observación de Glasser es congruente con lo ocurrido en la Ciudad de México. Casi la totalidad de los edificios colapsados tenían una antigüedad promedio de entre 40 y 60 años; por tanto, no fueron construidos con los códigos establecidos después del sismo del 85. Y cabría preguntar ¿por qué no fueron reforzados entonces? Esto tendría que haber sido una consecuencia necesaria. El derrumbe del edificio de Viaducto y Torreón tenía 60 años de haber sido construido. Ahí murieron 11 personas; el edificio de Puebla 282, en la Colonia Roma, tenía 50 años de construido, y murieron 14 personas. En el edificio de Álvaro Obregón 286 fueron rescatadas con vida 28 personas en los primeros días y han sacado 35 cuerpos de personas fallecidas, y debe haber unos 11 cuerpos más. Alrededor de 200 personas, fallecieron en edificios viejos y los que cayeron o tienen daños muy severos, se ha visto que fueron construidos de forma inadecuada y materiales de inferior calidad. En algunos, construidos recientemente, cuyos pisos debieron tener lozas de concreto reforzado con varilla de acero de primera, cada uno, en algunos de ellos se substituyeron por lozas con malla cuadriculada de alambre, sin varilla y de menor espesor de concreto. Por otra parte, si observamos las zonas donde estaban las construcciones colapsadas, nos daremos cuenta de que coincide con terrenos que alguna vez fueron un lago. ¿Por qué no se ha dado a conocer el mapeo señalando las zonas de riesgo, que se tiene desde que estaba Alejandro Encinas? mapeo en el que se señalen estas zonas que entrañan un mayor peligro? Las autoridades lo saben, sin embargo, nunca lo han dado a conocer. ¿No será que uno de los mayores “negocios” sucios de esa corrupción que nos devora, es el “uso del suelo”? Esto es algo imperdonable, criminal, el no prevenir a la gente. Otra lección más, que nos dejaron los sismos fue que la corrupción también mata. No olvidemos que la escuela privada, Rébsamen, donde murieron 19 niños y 7 adultos, operaba con un permiso de “uso de suelo” apócrifo, desde 1993. En 2014 se emitió un dictamen de seguridad estructural, librado por la Dirección de Manifestaciones y Licencias. En junio de 2017 se tramitó el aviso de Visto Bueno de seguridad y operación, respecto al cual, Juan Apolinar Torales Iniesta hizo constar: “Bajo mi responsabilidad, hago constar que el inmueble descrito con uso del suelo autorizado para escuela cumple con el Reglamento de Construcciones”. Hay que añadir que la dueña mandó construir dos departamentos, sobre los tres pisos autorizados, lo que seguramente provocó el colapso del edificio, que provocó la muerte de 26 personas. 11 menores fueron rescatados de entre los escombros. Otra pregunta: ¿las mismas normas de construcción que se utilizan para colonias como la Roma, Condesa, Hipódromo, serán iguales a las que rigen para las Lomas de Chapultepec? Me parece que las primeras deberían ser, en todo caso, más estrictas. En ese colegio, no contaban con las medidas de seguridad adecuadas, sino que, por el contrario, la dueña, en uno de los edificios, mandó construir un cuarto piso, que le servía como departamento. Obvio es decir que el cuarto piso se levantó sin licencia de construcción; además, según reportan los ingenieros, los materiales no eran los adecuados y se puso en riesgo la integridad de los estudiantes, que fue causa del desplome. La SEP acaba de retirarle la autorización para que funcione como escuela. Nos han informado que existen 40 expedientes de investigación en la Procuraduría del Distrito Federal, que corresponden a otros tantos edificios que colapsaron con el sismo. Es necesario que las investigaciones que se lleven a cabo, vayan hasta el fondo del asunto y se sancione a aquellos que hubieran incurrido en responsabilidad, que va desde homicidio culposo, hasta fraude en perjuicio de los propietarios. Toda vida humana es valiosa y constituye el más alto valor que debe proteger la sociedad y la autoridad misma; por esto, no podemos dejar sin resolver cada caso, con apego a las leyes y normas que nos rigen. La dimensión de los daños, a nivel nacional, ha sido cuantiosa en extremo. Casi 366 personas fallecidas en total, de las cuales 225 ocurrieron en la Ciudad de México. A la fecha, se estima que la reconstrucción de inmuebles dañados costará 39 mil millones de pesos, cifra que puede aumentar. A esto hay que agregar 13 mil millones de pesos para reparar más de 12 mil escuelas, que por otra parte, se deberían de construir con normas más estrictas. Todo esto ha sido una verdadera catástrofe, tomando en cuenta que, además de todo, hay miles de damnificados que, por lo pronto, viven en la calle.
La Voz de Michoacán
