Jaime Darío Oseguera Méndez Frenar la violencia, retomar el crecimiento económico y hacer funcionar las instituciones, deben ser las prioridades del siguiente año para los tres niveles de gobierno. Siempre es difícil establecer jerarquías en las políticas públicas. Lo que para unos es urgente otros sólo lo perciben como importante; no hay duda que ambas cosas, lo urgente y lo importante, deben integrar la lista de decisiones asertivas desde el gobierno. En el exitoso libro escrito por los profesores Daron Acemoglú y James Robinson desarrollan su tesis sobre la importancia de las instituciones ¿Por qué fallan las naciones? Es el título del texto que causó revuelo en los ámbitos académico y político que contiene una lección muy sencilla: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza se encuentran en la fortaleza de las instituciones que cada país tiene. Instituciones entendidas como prácticas, cultura, formas de actuar, respeto por la ley; el buen funcionamiento de los tribunales, del sistema educativo, que generen incentivos para la producción, cumplimiento de los acuerdos contractuales en general y la seguridad de que cada quien será respetado en su persona y sus derechos. En su libro clásico sobre el tema, Douglas North (Instituciones, cambio institucional y desempeño económico), había definido las instituciones como “las reglas del juego en una sociedad o, mas formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico.” Donde no hay instituciones sólidas o no son respetadas, los acuerdos entre los actores en los procesos productivos tienden a ser más caros, menos respetados y por lo tanto no generan expectativas de su cumplimiento. La consecuencia es la corrupción y el subdesarrollo. Lo sepan o no, ese es en realidad el fondo de lo que plantea la cuarta transformación: cambiar ciertas formas de actuar. Ese es el reto del quinto año de gobierno que está por iniciar. Lo que se alcance a hacer este año será prácticamente el cierre del sexenio del Presidente López Obrador porque el 2024 será absolutamente electoral. No da tiempo para nada más que la disputa política. ¿Qué instituciones se necesitan para frenar la violencia? Este es el problema del momento porque tiene graves consecuencias económicas, políticas y sociales. La violencia ha impedido el crecimiento económico de regiones enteras en las que los productores tuvieron que abandonar sus cultivos ante el temor de ser secuestrados o extorsionados. Simplemente son desplazados porque en su gran mayoría no tienen a quien acudir. Institucionalmente el Poder Judicial debería estar discutiendo una reforma de fondo para atender estos problemas de acceso a la justicia. No es así, aunque subyace esa preocupación en sus pronunciamientos políticos. La reforma reciente al sistema de justicia para transitar al sistema oral, agilizó ciertas etapas de los procedimientos, pero no ha generado un sentido de mayor justicia. Gran parte de este problema está en la fase previa, en las fiscalías que siguen siendo un gran hoyo en el diseño institucional; son el obstáculo principal para que funcione el sistema de justicia. Si no hay una reforma a las Fiscalías en todos sus niveles, no habrá mejor impartición de justicia y la violencia seguirá crecimiento con base en la impunidad. Cuando no hay expectativas de sanción a quien delinque, habrá quienes corran el riesgo de hacerlo por delitos menores o como delincuencia organizada. Ya sea desde el gobierno o contra el gobierno como funcionarios públicos o policías de esquina o supervisores de obra y los miles de etcéteras que penosamente pueden ajustar en este escenario. Si la “regla del juego” es que los cuerpos policiacos “hacen como que no ven” en el nivel que les corresponde, entonces se produce el efecto panal, se van acumulando delitos, al principio menores, faltas administrativas que tarde o temprano terminan en consecuencias mayores de delincuencia organizada. La violencia es consecuencia de la falta de un diseño institucional de coordinación entre tantos mandos y la multiplicidad de los cuerpos de pollo institucional para el todos los gobiernos t¡cseño institucional de coordinacicia organizada. Desde el gobierno o contra el goicía es el principal desafío institucional para el todos los gobiernos. Es claro que se requiere que los policías ganen más y que tengan capacidades logísticas, tecnológicas y de información para competir con la delincuencia. Notablemente se requieren recursos para hacerlo, pero si no están bien articulados los esfuerzos financieros, no servirán de nada. Tiene que haber una reforma institucional sustantiva respecto de las policías municipales, quienes justamente por ser de primer contacto o proximidad, generan en el ciudadano el primer sentido de autoridad y de cumplimiento de la ley. Menor violencia, es el escenario para un mayor crecimiento económico. No es el único posibilidad de viajar en ciea imcosto de los seguros, la inposibilidad de viajar en ciartas horas o regiones, que impide a las e pero si es fundamental. Por ejemplo, hay regiones completas donde la delincuencia ha provocado un aumento significativo en el costo de transporte: los asaltos, el incremento en el costo de los seguros, la imposibilidad de viajar en ciertas horas o regiones, que no permite a las empresas ser mas eficientes y productivas. Lo mismo sucede con el consiguiente aumento en los costos de almacenamiento y la contratación de seguridad privada. La delincuencia avanza en todos los ámbitos. Institucionalmente los modelos de prevención no han funcionado y no se ha mostrado algún estudio donde se compruebe con seriedad que regalar dinero a quienes no estudian ni trabajan haya resultado en un esquema de menor delincuencia. Hay muchas evidencias, dudas y preocupaciones. Esperemos las respuestas.
La Voz de Michoacán
