Jueces

JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ

La división de poderes es la piedra angular del Estado moderno. Repartir el ejercicio de los asuntos públicos en tres órganos de gobierno, diversos entre sí, resolvió el problema de la excesiva concentración de poder que caracterizó tanto a las monarquías como a los estados unitarios, las dictaduras y los feudos patrimonialistas.

La idea de división de poderes es antigua. Los romanos y los griegos ya la planteaban como parte del ejercicio del poder para que haya una verdadera democracia.

Aristóteles en “La política” plantea que “en todo estado existen, necesariamente tres poderes que un legislador sabio debe procurar armonizar entre sí y con la especie de gobierno. De la acertada combinación de estos poderes depende la menor o mayor bondad de los gobiernos y aún puede decirse que los estados no difieren sino en esta organización. Estos poderes son el deliberante (legislativo), el ejecutivo y el judicial”

En nuestra Constitución el artículo 49 establece “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse en Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión.”

En la democracia el ejercicio del poder debe ser acotado. Es lo que se ha denominado como el sistema de pesos y contra pesos, justamente para que no haya excesos y se surtan las competencias de manera que cada uno haga lo que le corresponde.

El problema no es teórico. Hasta ahí más o menos todo funciona de manera jurídicamente organizada. La dificultad se presenta cuando se demuestra que los integrantes de un poder que debería ser autónomo, se someten explícitamente a otro, cuando se vuelven sus cortesanos.

La renuncia de Arturo Zaldivar a sus tres lustros en la Suprema Corte, de la mano con su apresurado acercamiento público con la candidata de Morena, deja un mal sabor de boca respecto del Poder Judicial. Los jueces deben ganar bien, tener estabilidad y prestaciones, justamente para que no caigan rendidos ante las mieles del poder político o económico. No deberían ser susceptibles de venta al mejor postor.

Arturo Zaldivar tiene el derecho de reunirse con quien quiera, son embargo la ley prohíbe que durante los dos años siguientes al termino de su mandato como Ministro de la Corte, pueda aceptar cargos públicos sea en el legislativo o en el ejecutivo.

Al manifestar su partidismo, exhibe que su tránsito por la Corte estuvo marcado de las filias y fobias que debería evitar el juzgador; de las que se suponen blindados. Habrá que revisar entonces los votos particulares de Zaldivar, tanto en su vida como Ministro y más en su función de Presidente para saber si no existe algún delito por conflicto de intereses.

El otro asunto relevante para el Poder Judicial es el pleito por dilucidar si la Ministra Esquivel plagió mucho o poco sus tesis de Licenciatura y Maestría. Es una vergüenza para quienes estamos en el ámbito académico, asesoramos tesis y estamos al pendiente de la eficiencia terminal de los programas de Maestría, saber que exista al menos la duda sobre lo que hizo la Ministra. Debería haber renunciado al momento.

De la misma manera hay que seguir los votos particulares de la Ministra cuestionada y exhibida por plagio de ideas, para saber a qué intereses les sirven jueces sometidos, sojuzgados y rendidos a intereses que no son los del Poder Judicial.

Estos dos hechos abonan a una descomposición de la Corte, del Poder Judicial en su conjunto y generan un desprestigio que se suma a las dudas sobre la conducción de Jueces y Magistrados locales y federales en asuntos que se vuelven mediáticos, tradicionalmente en materia penal.

El conocimiento profundo que tiene un juzgador sobre la ley que aplica, le permite tener una banda de oportunidad y mover sus criterios hacia un lado u otro. Justamente por eso, en ocasiones apelando al excesivo formalismo, se deja en libertad a delincuentes o se penaliza a inocentes; se resuelven asuntos jugosamente onerosos en favor de los millonarios y se relega la justicia en el caso de quienes no tienen el acceso.

Por supuesto que hay una infinidad de jueces honestos, preparados y valientes. El desprestigio es de unos cuantos.

Son casos individuales, pero no abonan a la credibilidad que requiere la Judicatura para combatir la desaparición de los fideicomisos que eliminó el Poder Legislativo a petición del Presidente López Obrador.

A lo largo de los años, el dinero destinado en el presupuesto de la federación y que no fue ejercido por el Poder Judicial, se fue acumulando en grandes bolsas que se convirtieron en beneficios para sus integrantes. Hoy el Presidente en su afán de conseguir ahorros y de exhibir al Poder Judicial con quien mantiene diferencias públicamente marcadas, elimina esos fideicomisos y nos pone en la disyuntiva de la confrontación entre dos poderes.

El contrapeso entre los mismos no consiste en su pleito. La naturaleza de sus funciones diferentes los obliga a ser complementarios y que cada uno actúe en el marco de sus competencias. No es mejor un sistema político en el que los poderes choquen a  otro en el que existan equilibrios.

Se anunció esta misma semana que el Poder Judicial, determinó que no es legal la eliminación de los fondos destinados al Poder Judicial: a ellos mismos. Hace muchos años que no se planteaba la necesidad de un Supremo Poder Constitucional, es decir una Sala de la Corte que intervenga justamente en asuntos relativos a controversias que producen la inestabilidad del sistema por el choque entre poderes.

Un país es poderoso y estable en la medida que lo son sus instituciones. No hay democracia moderna ni un sentido de justicia posible donde los jueces sean corruptos, mentirosos, zalameros o se encuentren acorralados por actores de poder, ya sean públicos o privados.

La tarea es fortalecerlos, para que no se vendan al mejor postor.