Jaime Darío Oseguera Méndez El Estado moderno que surge de la Revolución Francesa, producto de la Ilustración y la separación de la Iglesia de las tareas de gobierno, tiene como fundamento la eliminación del poder absoluto. Los monarcas como eje del aparato político y gubernamental tenían el control total de las decisiones en materia económica, legal, política y social. La rebelión de la burguesía contra esta forma cerrada de ejercer la dominación, dio lugar a un sistema de gobierno donde las decisiones se distribuyen en varios cuerpos políticos, diferentes entre sí, cada uno con tareas específicas, para que no fuera una sola voluntad, la que tomara las decisiones. Surge así la división de poderes como un mecanismo que garantiza contrapesos entre quienes dominan el aparato político. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial nacen con una finalidad: distribuir el poder y vigilarse entre sí para extirpar los excesos de la demagogia y el absolutismo. La idea de división de poderes no es tan moderna como parece. Ya Aristóteles en su maravilloso libro de “La Política” advierte la necesidad de que sean diferentes cuerpos, colegiados o unipersonales, pero diversos, quienes al ejercer tareas distintas controlen los excesos del poder. Mucho después, el contractualismo desarrolla la idea de la soberanía, como la expresión de que debe ser el pueblo quien expresando su voluntad decida quienes gobiernen. Así es como se concibe el legislativo, donde los participantes sean representantes de la voluntad general. Es en el Poder Legislativo se representa el mosaico de las diferentes visiones, opiniones, expresiones que ideológicamente existen en las sociedades modernas, que se caracterizan por la pluralidad de opiniones. Las leyes entonces se revisten de un contenido plural, al menos teóricamente esa es la función de la asamblea popular. El todo compuesto de diversas partes, tiene la facultad de crear leyes, pero también de fiscalizar al ejecutivo, que en nuestro sistema es unipersonal. El ejecutivo no podrá excederse en el ejercicio de su poder porque la asamblea colegiada lo vigila y ejerce un contrapeso. Con los jueces es diferente. Es un cuerpo colegiado pero especializado. No cualquiera puede interpretar y aplicar la ley. El Poder Judicial cuida del estatuto, el contrato, la ley, la constitución, sin la cual no es posible el funcionamiento del colectivo. Es en cierto sentido el cemento de la sociedad. Donde no hay garantías de respeto a la ley, todo lo demás es anarquía. El Poder Judicial es el cuerpo de control por excelencia. En el fondo su función primigenia es cuidar la constitución. Por eso tiene que ser un organismo profesionalizado, especializado, para que quienes participan en él, sean la garantía de que nadie, por mucho poder, popularidad o carisma que tenga, pueda ejercer la autoridad arbitrariamente. Para que eso suceda, el Poder Judicial debe integrarse por individuos doctos en el conocimiento de la ley. No se ven, se sienten. No son populares ni atractivos, son eruditos; al menos deberían serlo. Su autonomía garantiza la buena aplicación de la ley como un acto de justicia. Deciden lo bueno y lo malo. Por eso requieren autonomía para ser imparciales. En nuestro sistema la integración del Poder Judicial federal ha ido cambiando. Hace algunos años, en el régimen hegemónico, el ejecutivo los nombraba y era su jefe. Dependían del Presidente y le respondían. Actuaban en consecuencia de sus peticiones. Una distorsión al sentido de división de poderes. Con la pluralidad y alternancia, la integración del Poder Judicial fue cambiando. Hoy tenemos un sistema mixto en el cual el ejecutivo propone a los ministros de la Suprema Corte y el Legislativo los elige. Es un proceso complejo donde se garantiza que las designaciones recaigan en especialistas, conocedores de la ley. Los jueces no tienen que ser populares ni amigables o carismáticos; requiere ser doctos en la ley y actuar imparcialmente. La propuesta de someter su nombramiento a una elección popular va en contra de la naturaleza de su función. Por lo menos en un país donde aún tenemos serias dudas sobre la imparcialidad con la que se realizan las elecciones. Someter a una elección abierta, de voto universal la elección de los jueces, es vender la justicia al mercado electoral. Grave. Habrá muchos grupos de poder interesados en hacer elegir a sus propios alfiles. Empresarios, comerciantes, mercaderes, delincuentes, políticos, sin duda alguna estarán activamente haciendo campaña para que resulten electos sus allegados, quienes estarán obligados a responderles. Sería un atentado contra la imparcialidad y la autonomía de los jueces. La elección de jueces por voto abierto, como se elige al presidente, gobernadores, senadores, diputados, lo único que va a provocar es que lleguen políticos a la Suprema Corte y lo que necesitamos son juristas no políticos. Apóstoles de la ley no candidatos en campaña. Hay grandes regiones de este país donde la influencia de la delincuencia organizada determina el sentido del voto popular. Suena grotesco, pero es real. Nos lastima la verdad. Someter a elección abierta la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un contexto de gran abstencionismo y viciado por la influencia de grupos de presión que van a invertir dinero para influir en la decisión es un grave riesgo para la democracia. Nada garantiza que lleguen los mejores. Llegarán los más populares, sonrientes; los que mejor retraten, que no necesariamente son los que estén mejor formados. No veo a los grandes juristas del país exhibirse en campañas electorales. Nadie garantiza que quienes resulten electos tengan los conocimientos necesarios para interpretar las leyes y ejercer el control de la Constitución. Será un error si el Poder Legislativo cambia la Constitución en este sentido. No es un asunto de mayorías, sino de razón jurídica. Nada más, pero nada menos.
La Voz de Michoacán
