Jaime Darío Oseguera Méndez No se pierde la capacidad de asombro. Siguen las ocurrencias como necesidad existencial de una parte del Poder Legislativo federal, particularmente la Cámara de Senadores. Es inaudito que no tengan el interés de razonar sobre sus iniciativas y el daño que éstas puedan causar a la población. Esta semana el Senado de la República aprobó con una mayoría muy apretada de 54 contra 49 la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Habrá que preguntar a los diez Senadores que se abstuvieron, cuál es el razonamiento de tal indecisión. Son los momentos y los temas donde tienen que exhibir lo que piensan y lo que son, no hay lugar para medias tintas. El Padrón, si es que se aprueba en la Cámara de los Diputados, nos obligaría a todos los usuarios de teléfono celular, prácticamente a toda la población. En el 2009 había poco más de 42 millones de usuarios de celulares en el país. En 2016 pasó los 80 millones y hay informes que para el 2019 hayan sido más de 86 millones y medio de usuarios. La iniciativa dice que hay 122 millones a la fecha. De ese tamaño el negocio. En caso de aprobarse, sería obligatorio identificarse y registrarse en un padrón gigantesco y difícil de manejar. Nadie puede garantizar que una base de datos de esta naturaleza no se vuelva objeto de comercio, un producto mercantil. ¿A quién no le hablan los bancos, las tiendas comerciales, los partidos políticos? y un largo etcétera a su número celular para promocionar todo tipo de mercancías. Más allá de que es profundamente molesto, invasivo de la privacidad, es preocupante que nuestros números e identidades, se encuentren en manos de mercaderes diversos que en la absoluta impunidad, sin que nadie del gobierno los restrinja, llaman abiertamente a cualquier hora y tienen nuestra información; la comercian como cualquier otra mercancía. Se tendrían que registrar los datos biométricos: tono de voz, iris de los ojos, facciones de rostro, huella digital, firma, además del domicilio y el nombre completo del registrado, su fecha de nacimiento, Clave de Población, Registro Federal de Contribuyentes, todo. Esos datos personales, se tendrán que proporcionar al comprar una tarjeta SIM o un teléfono de prepago. El argumento es que al registrar esos datos se va a evitar el uso criminal de los teléfonos celulares, particularmente por los secuestradores y extorsionadores cuyas ganancias están calculadas en algo así como 12 mil millones de pesos anuales. Resulta ingenuo, miope, y en el fondo profundamente estúpido, pensar que los delincuentes usarán un teléfono con su registro que incluye todos sus datos físicos, personales y profesionales, su domicilio y sus referencias, para extorsionar, secuestrar matar o violar. ¿En qué mundo viven los legisladores? ¿Cómo entender e interpretar esa pobre capacidad analítica y esa absurda ausencia del sentido común? Si quisieran trascender y agradar a la población, los legisladores deberían retomar el único asunto importante que he escuchado de esta legislatura, referente a la disminución de las comisiones que cobran impunemente los bancos y las instituciones financieras. Es un abuso total. Una extorsión permitida, legalizada a través de la tolerancia de las autoridades que realizan muchos bancos. Cobran las comisiones que quieren, enganchan a la gente con productos financieros como seguros de vida o de ahorro, sin su autorización; usan las bases de datos para estar llamando permanentemente a los usuarios y, cuando se trata de cumplir con su obligación de entregar dinero de la gente o cancelar productos que no quiere el ciudadano, resulta una verdadera tortura, un acto casi heroico, imposible de realizar y no hay quien los frene. Si quieren reducir la impunidad que genera el secuestro y la extorsión deberían poner más atención en la profesionalización, capacitación y apoyo logístico, de pensiones y salarios para los cuerpos policiacos que muchas veces terminan siendo cómplices o el semillero de la delincuencia organizada. Se puede poner el riesgo la garantía de presunción de inocencia cuando a través de un celular robado se cometa un delito y el dueño no lo haya denunciado. Si se delinque con el celular que recién le robaron a alguien y que no ha tenido la fortuna de que las muy eficientes instituciones de procuración de justicia le tomen su declaración, entonces todo el peso de la ley irá sobre un usuario de teléfonos presumiblemente inocente. A la vuelta de los años nadie se va a hacer responsable de que ese Padrón ande circulando mercantilmente. Hay varios agravantes adicionales. En el tránsito entre la tienda que toma los datos personales y la base de datos nacional hay muchas manos que estarán accediendo a esa información y nadie garantiza que lo hagan de una manera transparente y cuidadosa de la privacidad individual. El costo de elaborar un padrón de esta naturaleza, rebasa las capacidades de la tan llevada y traída austeridad republicana, así que tampoco esperamos que lo absorban las empresas telefónicas. ¿Quién terminará pagando por todo este gran amasijo de contradicciones? Nosotros los usuarios quienes seguimos indefensos frente a las grandes telefónicas porque no existe nadie ni nada que las restrinja. Son los dueños de la pelota. Para el delincuente común será atractivo el robo de celulares, cuyo mercado negro incrementará notablemente si aprueban esta absurda reforma. Será un gran incentivo para quienes delinquen y un peligro para quienes resulten hurtados. En el fondo los mezquinos, los conspiradores, los maniqueos y seguidores de Fouché, sueñan con tener esta base de datos para controlar todo. Saber exactamente quién es quién y donde está; cuales son sus gustos y preferencias; cómo se visten y se desvisten los ciudadanos, tratando de asaltar la intimidad como en los estados totalitarios. Es la permanente propensión de los perversos al control total.
La Voz de Michoacán
