Jaime Darío Oseguera Méndez En este país, es imposible dejar de hablar de la corrupción. Dicho de otra manera mejor: la corrupción irrumpe permanentemente en el ámbito de nuestra vida diaria; pulula. Juega un papel importante la información que rápidamente permite difundir, desde lo estrictamente privado, a veces hasta íntimo, los hechos que pueden ser constitutivos de actos indebidos. Lo mismo la permanente disputa política que provoca acusaciones, presunciones, percepciones erróneas y aceptadas o meras especulaciones, sobre el desempeño de los gobiernos y quienes trabajan en él. Hay que distinguir la cultura de la corrupción en general, de lo que pasa en el sector público. A ésta última nos vamos a referir hoy. De la otra hay mucho que apuntar. Cuestionar la existencia de la corrupción es una especie de acto suicida. Ya hemos hablado muchas veces de lo mismo. Ahí está siempre, de manera intermitente. A veces no conocemos los ciudadanos sus formas específicas, pero existe. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Esta sospecha permanente provoca gran incertidumbre. No se trata de un tema electoral por el cambio de gobierno, sino una forma de actuar institucional y ahí justamente es donde el sistema no funciona. Leí con atención esta semana las declaraciones del Auditor Superior de Michoacán sobre las disputas políticas que hay en torno a los mecanismos anti corrupción en el Estado. El eventual Juicio Político en su contra y los señalamientos de que no hay políticos en la cárcel por estos temas. La sensación que de “no hay castigo a corrupción” tal como lo dijo el Auditor Superior, en la entrevista publicada aquí en La Voz de Michoacán, nos confirma la idea que es realmente profunda, generalizada y lastima el sistema democrático. Sigue diciendo el Auditor Superior “son 400 casos graves de funcionarios bajo investigación y es el Tribunal de Justicia Administrativa quien debería sancionar, hasta el momento ningún funcionario investigado ha pisado la cárcel.” Vamos a insistir en los señalamientos sobre algunas causales por las que no funciona el sistema anti corrupción. 1.- El actual no es un sistema, sino una serie de normas sueltas, muchas veces encontradas entre sí, contradictorias, que se fueron construyendo a lo largo del tiempo y que nadie impugnó porque es políticamente incorrecto. Hay un montón de disposiciones, leyes, reglamentos, decretos, disposiciones, federales, estatales y municipales que lo único que provocan es una gran burocracia e ineficiencia. Los criterios para el combate a este flagelo son diferentes entre poderes y en general es una legislación obscura, retorcida, obsoleta y como consecuencia proclive a que los involucrados encuentren vacíos y recovecos para evadir la acción de la justicia. Ni es un sistema ni funciona. 2.-La Auditoría Superior siempre ha sido un refugio para que los Diputados reciban el beneficio de chambas para sus allegados, de manera tal que muchas veces no se cumple con el perfil necesario de ingreso. La cantaleta de todas las legislaturas es “la reforma a la Auditoría Superior” pero no hay tal porque las disputas políticas y electorales, siempre se anteponen a estos proyectos. La agenda legislativa privilegia asuntos diferentes a éstos, que parecieran los más importantes. 3.- No se trata de reforma de leyes sino de creación de instituciones. La Auditoría Superior solamente es uno de los muchos elementos del sistema; no es el único y tal vez no sea el más importante. Hay que evaluar a las fiscalías anticorrupción, las contralorías municipales, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General y el Poder Judicial en general en su actuación contra los actos de corrupción. Crear instituciones significa provocar prácticas constantes que no se activan o desactivan dependiendo del ánimo de los funcionarios en turno. Que funcionen independientemente de quien se encuentre al frente para prevenir o sancionar lo estrictamente indebido. 4.- No existe un sistema preventivo ni de indicadores. No hay un desincentivo para involucrarse en el mecanismo de corrupción. Leí el libro de Anabel Hernández sobre los actos de corrupción ligados, por ejemplo, a la distribución de drogas y se da uno cuenta de que hay otro mundo informal, encima del legal, tan profundo y obscuro que no conocemos sus alcances. El fenómeno es tan amplio que tampoco se ha estudiado con detenimiento. 5.- Los encargados del sistema a menudo son nombraos por quienes estarán sujetos a su revisión. Por eso no hay resultados. No van a enjuiciar a quienes les deban el favor. El método de selección a través del legislativo no está regulado. Debería ser un mecanismo de puntajes con base en los atributos de los aspirantes: su preparación académica, experiencia profesional, publicaciones, evaluación temática, entrevistas y perfil psicológico, psicométrico. El que tenga más puntos deberá ser nombrado y no como resultado de reparto de posiciones. Tal vez esto suene ingenuo, pero mientras no suceda así, no va a funcionar el sistema. 6.- El principal combustible del Sistema Anticorrupción en general, es la disputa electoral, por lo que regularmente funciona como un medio de revancha política en lugar de tener mecanismos permanentes de transparencia, evaluación de calidad de los procesos administrativos, rastreo, sanción y control. La transparencia no es inicialmente un tema de leyes sino de cultura. Es necesaria en el gobierno, pero también en múltiples entidades como algunos sindicatos que manejan millonadas de recursos o los propios organismos autónomos y también entre los organismos privados. El maestro Fernando Escalante llamó “ciudadanos imaginarios” a quienes presumiendo ejercer una adultez en materia de ciudadanía, valores cívicos, honestidad, transparencia, en realidad alimentamos todas las prácticas contrarias. Ahí está uno de los botones principales, en la ficción del sistema, porque los políticos, diputados y gobernantes, no vienen de otro planeta. Son simplemente el reflejo de nosotros mismos.
La Voz de Michoacán
