Jonatan S. González En Twitter: @JonatanMex_ jonatansgonzalez@gmail.com Durante las últimas semanas las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación nos han dado cuenta de la intolerable violencia, el acoso y la inseguridad que padecen las mujeres en el día a día en las calles de nuestro país. Un perfecto reflejo de esta problemática social al que se enfrentan las mujeres en su vida diaria lo encontramos en el informe rendido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el día 17 de octubre del pasado año 2018, en el que señala que casi el 80 por ciento de las mujeres se sienten inseguras en la ciudad en la que residen. La consecuencia más lamentable de la violencia de género se manifiesta con la comisión del delito de feminicidio, mismo al que la Real Academia Española de la Lengua define como el asesinato de una mujer en manos de un hombre por razones de misoginia o machismo. Ante la grave situación que se vive en México, numerosos grupos de la sociedad civil han alzado la voz a fin de exigir sanciones ejemplares ante esta conducta criminal, logrando que el delito de feminicidio haya sido plenamente tipificado en los Códigos Penales de las diferentes entidades de la república, y mismo que alcanza penas que van de los 20 a los 70 años de prisión. El tipo penal del femincidio requiere que se cumplan determinadas condiciones, como son, entre otras, la existencia de algún tipo de relación social entre la víctima y el victimario, el ejercicio de violencia sexual en la víctima, que esta última haya sufrido alguna práctica degradante sobre su cuerpo, o que su cuerpo haya sido arrojado en un sitio público. Es decir, no todos los crímenes en que una mujer pierde la vida e manos de un hombre pueden ser investigados ni sancionados con las penas del citado delito. Según cifras de la Organización No Gubernamental Semáforo Delictivo, tan solo en el año 2018 en nuestro país se cometieron 834 feminicidios. El Estado de México es la entidad más peligrosa al reportar 106 crímenes (todos conocemos el emblemático caso del “monstruo de Ecatepec”), seguido de Veracruz con 87, Nuevo León con 64, Chihuahua con 51 y Sonora con 48. Los estados con menor incidencia fueron Baja California Sur, al no reportar ningún caso, seguido de Tlaxcala y Querétaro con 3, de Durango con 4 y de Campeche con 5, mientras que Michoacán reportó 19, ubicándose dentro de la media nacional. Frente a estas circunstancias, en nuestro país se creó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que consiste en la instauración de grupos de trabajo integrados por miembros de la sociedad civil elegidos mediante convocatoria pública, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto Nacional de las Mujeres, encargados de desempeñar labores de investigación tendientes a prevenir este delito en los territorios en los que se emita la Alerta. Todo esto, a solicitud de alguna asociación civil o algún organismo oficial defensor de derechos humanos. (En Michoacán, el protocolo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se ha activado únicamente en una ocasión, y fue el día 27 de junio de 2016 en 14 municipios.) En el caso concreto de nuestra entidad, la Procuraduría General de Justicia cuenta actualmente con tres subprocuradurías para la atención a mujeres que sufren algún tipo de violencia de género: Fiscalía para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género; la de Atención de Delitos Sexuales; la de Atención de Violencia Familiar; y una más especializada en la investigación de esta conducta criminal: la Fiscalía de Atención de Feminicidios. No obstante lo anterior, es necesario señalar que la violencia de género y la amarga realidad que hemos construido para las mujeres, no se ha cimentado exclusivamente a base de muertes y golpes, pues en el día a día todos colaboramos al fortalecimiento de esta problemática con el acoso callejero, con “piropos” que ellas jamás nos piden e incluso con la morbosidad habitual en el uso de las redes sociales. El problema de la violencia contra las mujeres es real y palpable. Los números no mienten. El mayor error en que pueden y no deben incurrir nuestras autoridades es considerar que se trata de “falsas alarmas” (como lo insinuó Silvano). La solución no es imponer un “toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10”, como lo sugirió la diputada de Morena, Ana Miriam Ferráez, del Congreso de Veracruz. La solución es prevenir, investigar y sancionar. La solución es no acosar, proteger y educar. La solución es no ser indiferentes y tomar conciencia ante la situación y colaborar todos con nuestro granito (o nuestra tonelada) de arena. Hagámoslo.
La Voz de Michoacán
