La casa del jabonero

Atinadamente, la Fiscalía General del Estado no quiso hacer el ridículo de inmediato y mejor esperó hasta el jueves para liberarlos.

Que dizque eran de Jalisco

Jorge A. Amaral

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Esta semana la clase política michoacana y un sector de la sociedad sufrieron una fuerte sacudida con el asesinato del diputado local Erik Juárez Blanquet. El homicidio se cometió arteramente a plena luz del día, en una de las avenidas más importantes y transitadas de la ciudad, a unas cuadras del Centro de Morelia y con total impunidad. Las alarmas de inmediato se encendieron y tanto la Policía de Morelia como la estatal rápido se movilizaron, por lo que la búsqueda frenética de los asesinos llegó a las calles de la colonia Industrial, aledaña a la zona donde ocurrió el ataque.

En esa colonia, los policías interceptaban todo lo que se moviera y rápido dieron con dos jóvenes que acababan de salir de una casa rumbo a la tienda. Rápido las autoridades dieron a conocer que ya habían atrapado a los presuntos asesinos y que eran de Jalisco. Pero fue una pifia, porque los supuestos homicidas ni eran de Jalisco ni eran los asesinos, eran dos jóvenes recién egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, ambos en vías de titulación y, además, uno es originario del estado de Oaxaca y el otro es oriundo de la población calentana de Nueva Italia. Esto se supo ese mismo día por la noche, cuando sus propios compañeros de facultad denunciaron la arbitrariedad.

Atinadamente, la Fiscalía General del Estado no quiso hacer el ridículo de inmediato y mejor esperó hasta el jueves para liberarlos. Efectivamente, los dos jóvenes habían salido a una tienda a comprar víveres cuando los abordó la Policía Municipal, pues cerca de donde ellos estaban fue encontrada una motocicleta, dos cascos y un arma, al parecer de los asesinos.

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Cuando los agentes municipales los entregaron a los estatales comenzó el calvario, porque los policías los amedrentaron y presionaron física y mentalmente para que se declararan culpables del asesinato. A la Secretaría de Seguridad Pública le urgía tener detenidos para no quedar en ridículo. Ahora, ya libres, incluso temen represalias pues los agentes de la SSP les quitaron sus carteras con identificaciones y sus teléfonos celulares, y ninguna de esas cosas les fue devuelta.

La lectura ciudadana fue contundente al saberse de los dos detenidos, pues al tratarse de un personaje importante en la vida política del estado, era obvio que se quisieran dar resultados de inmediato; ahora la lectura es otra: urgían detenidos, aunque fueran chivos expiatorios. Al final, las autoridades terminaron haciendo el ridículo, claro que pudo ser peor, pudieron haber pasado meses o años en la cárcel para al final soltarlos con un “usted disculpe”, y a lo mejor ni eso.

Pero otro detalle que llama la atención es que la autoridad informó que se trataba de dos sujetos originarios de Jalisco, para ya desde ahí dar el sesgo y hacer creer a la opinión pública que si dos sujetos de Jalisco mataron al diputado, era porque el fallecido en algo andaría, pues al mencionar al estado vecino, lo más fácil es relacionarlo con el cártel de aquel estado. Y es que, además, esa misma tarde se dio a conocer a la prensa el historial de amenazas hacia el diputado y su familia, y cómo un hermano de él supuestamente estaba siendo presionado por una enorme deuda y hasta problemas que el consanguíneo había tenido por posesión de drogas. Si todo eso es cierto, quiere decir que alguien tiene mucha información pero solamente la hace pública y la utiliza para hacer contención de daños, porque las autoridades de inmediato quisieron sembrar en la sociedad la sospecha, para que en los comedores de las casas, en las oficinas y donde quiera que la gente platique, el consenso general sea “en algo andaría metido”, y de esta manera las autoridades se curan en salud y no se les exige justicia, porque al fin y al cabo las víctimas de homicidio suelen ser gente que está relacionada con actividades ilícitas, o al menos ese ha sido el discurso oficial ante la ola de asesinatos que ha azotado a Michoacán y a la capital del estado desde el año pasado.

Sin embargo, pese a los intentos fallidos de las autoridades y con todo y la pifia de los detenidos ya liberados, el caso está como si el diputado acabara de ser asesinado: nadie sabe, nadie supo, y los asesinos andan libres.

Pero más allá del magnicidio, al ver cómo se perpetró y al revisar, por ejemplo, los videos de “angelitos” que suele difundir Guillermo Valencia, no queda más que pensar la facilidad con la que los crímenes se cometen en esta ciudad, desde un robo hasta un asesinato, y precisamente por esa facilidad con la que los delincuentes operan es que uno, que no es diputado, se siente mucho más vulnerable.

En fin, habrá que esperar qué nuevos “jaliscienses” se encuentra la SSP, esperando que ahora sí le atinen y no se violen los derechos humanos de personas inocentes. Al tiempo.

Mujeres siguen muriendo

Resulta vergonzoso que a casi 4 años de emitida la Alerta por Violencia de Género en Michoacán, las agresiones a mujeres se siguen dando, y más vergonzoso es que justo en algunos de los municipios donde en 2016 se declaró la AVGM, las mujeres siguen siendo atacadas sexualmente, golpeadas y asesinadas: Morelia, Zamora, Uruapan y Apatzingán, cuatro de los 14 municipios declarados en alerta.

Y es que en muchos de los municipios que recibieron la declaratoria por parte del gobierno federal los alcaldes han entendido mal, al pensar que ya por poner luminarias se está luchando contra la violencia de género. Claro, es importante tener entornos seguros y bien iluminados, que los espacios públicos sean seguros, pero iluminar una zona no es luchar contra la violencia de género, es dotar de un servicio público a la ciudadanía.

La lucha contra la violencia de género va más allá de poner un foco en cada poste, tiene que ver con educación, con castigar el acoso, con trazar políticas incluyentes y de respeto a los derechos de las mujeres y las niñas, que los agresores sean detenidos y juzgados de forma implacable por sus crímenes, que a una mujer que denuncia a su pareja por maltrato se le brinden las herramientas jurídicas el apoyo psicológico necesarios para salir de un entorno hostil y peligroso para ella e incluso para sus hijos, que a los niños desde ahorita se les eduque con base en el respeto a los demás, que entiendan que hay cosas que no se deben hacer y que si ven que alguien las hace, como el acoso, las agresiones u otras formas de violencia, actúen en contra de esas conductas, y que si lo hacen, haya alguien que los escuche, porque ha habido un sinfín de casos de niños y niñas que sufren abusos y ni sus padres les creen.

En fin, creo que, de todos los municipios contemplados en la alerta, en el único que se ha sabido trazar políticas apropiadas es Pátzcuaro, porque fuera de eso, hasta Morelia deja aún mucho que desear.

Postdata neutral, de comentario sin cola

El pasado domingo hubo manifestaciones de mujeres en todo el país, y como era de preverse, las pintas y destrozos no se hicieron esperar. Dicen quienes apoyan esas acciones que son reflejo del hartazgo y la rabia de las mujeres ante la violencia de género, sobre todo la feminicida y las agresiones sexuales, pero los detractores (y detractoras) dicen que no sirve de nada, que no es la forma. Claro, ahora hay que agregar que desde que en la Cuarta Transformación se dijo que esos grupos eran pagados por conservadores (la nueva némesis del presidente), sus focas y feligreses le han dado un matiz político al asunto, incluso partidizándolo.

Esa tendencia de los afines al presidente de desvirtuar un movimiento resulta de una bajeza impensada, y sólo refleja la actitud presidencial de repartir culpas a los actores del pasado sin asumir las responsabilidades actuales. Porque sí, los gobiernos del PRI y el PAN dejaron de hacer muchas cosas, pero al actual gobierno ya no le toca nada más señalarlas para repartir culpas, le toca hacer lo que no se ha hecho, lo que como gobierno están obligados a hacer: garantizar el desarrollo integral, la educación, la seguridad, la salud, el respeto a los derechos y el acceso a la justicia a todos los mexicanos, hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes, adultos mayores y adultos jóvenes, a todos los mexicanos, incluso a quienes no votaron por el actual gobierno.

Ahora bien, en lo personal yo no simpatizo con que se destruya la propiedad pública o privada, pero si rompiendo ventanas, rayando edificios, quemando inmuebles y derribando todo lo que está en pie se resuelve el problema de todas las violencias que se viven en México día con día, adelante, quémenlo todo. Pero si no es así, más que enfrascar a la sociedad, de por sí manipulable, en la polarización, en el odio entre géneros y posturas diferentes, hagamos cada quien lo que nos corresponde, asumiendo nuestra responsabilidad y actuando como agentes de cambio, no como cavernícolas que nos aventamos bolas de lodo entre nosotros mientras la violencia sigue y el gobierno continúa durmiendo el sueño de los justos y distraído en nimiedades para minimizar los grandes problemas de este país.

Una cosa si tengo bien clara: la violencia hacia la mujer y quienes la perpetran tienen en quien esto escribe un enemigo jurado, y no necesito proclamarlo en redes sociales como los “aliades”, prefiero los hechos. Es cuánto.