Jorge A. Amaral A 12 años de la tragedia en el municipio de Allende, Coahuila, la justicia real no llega para las víctimas, mientras el gobierno federal pichicatea la compensación a las familias sobrevivientes de la peor masacre producto de la narcoviolencia en México. La historia empieza en 2008, cuando Héctor Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuéllar y José Luis Garza Gaytán, empezaron a operar para Los Zetas en la zona fronteriza, donde el Rancho Los Garza era su centro de operaciones. A través de las carreteras, estos tres sujetos realizaban el trasiego internacional de droga hacia Estados Unidos, pero también recopilaban toda la información que pudieran sobre los líderes del cártel. Todo iba bien hasta 2011, cuando Héctor Moreno filtró información a la DEA sobre los manejos de la plaza, lo que desató la furia de los sanguinarios Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales, el Z-40 y Z-42, respectivamente. Para salvar sus vidas, Moreno Villanueva, Mario Alfonso Cuéllar y Garza Gaytán huyeron a Estados Unidos con una cantidad de entre 5 y 10 millones de dólares propiedad del cártel, así como con los números contables de la organización delictiva. En un testimonio en una corte de Estados Unidos, Héctor Moreno reveló que cuando ellos se fueron de Coahuila, empezó el fuego abierto, y que las autoridades tenían la orden de no presentar ninguna denuncia ni alertar a los pobladores que se fueran. El cártel ordenó a Garza Gaytán y Moreno Villanueva devolver el dinero o matarían a sus familias y amigos, pero no lo hicieron y más bien se acogieron al Programa de Testigos Protegidos. La reacción de su antiguo jefe no se hizo esperar y fue así como el 18 de marzo de 2011 un convoy llegó al poblado de Allende, en la región de Los Cinco Manantiales, de donde esos individuos son originarios. Los hombres armados entraron a las casas de todos aquellos que llevaran los apellidos Garza, Gaytán, Moreno y Villanueva, aunque no tuvieran parentesco con ellos. Sacaron a los moradores, trabajadores y amigos entre hombres, mujeres y niños, y se los llevaron al Rancho Los Garza. Ahí fueron asesinados, unos enterrados y otros más incinerados. Las casas, por otro lado, fueron destruidas con maquinaria pesada. Después de eso Allende quedó convertido en un pueblo fantasma pues mucha gente salió huyendo a Estados Unidos o a otros puntos del país. Eso fue entre marzo y abril de 2011 y apenas en enero de 2014 iniciaron las investigaciones para detener a los implicados en el asesinato de alrededor de 300 personas. Apenas el 13 de noviembre de 2017 se notificó la sentencia de Germán Zaragoza Sánchez, alias El Canelo, y Fernando Hernández Reyes, alias El Panone, por el delito de secuestro calificado, quienes ya habían sido sentenciados el 1 de noviembre de 2016 a una pena de 80 años de cárcel contra de Germán Zaragoza Sánchez y de 75 años a Fernando Hernández Reyes, a los dos por el delito de secuestro calificado. Cabe señalar que ellos ya tenían órdenes de aprehensión desde 2014 y 2015. Hasta ahora, la Fiscalía General de Coahuila ha informado que sobre el caso por lo menos 8 personas han sido sentenciadas a condenas diversas, la menor de ellas, a 50 años por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Este año, María Guadalupe “N”, alias La Lupe, recibió 174 años de prisión por transportar en patrullas de la Policía local a personas para que fueran asesinadas y desaparecidas en el Rancho Los Garza. Esta expolicía tuvo esta condena debido a que, si bien ella sólo participó en los levantones, esas víctimas acabaron asesinadas y desaparecidas. Pero con eso no se salda la deuda, porque el gobierno no detuvo a todos los involucrados, como tampoco se han identificado los restos encontrados en el Rancho Los Garza. Según la CNDH, de enero a abril de 2014, la Fiscalía Especializada recolectó 24 tambos de 200 litros, donde había 794 fragmentos de huesos, pero por el grado de carbonización y calcinación no fueron susceptibles de análisis de reconocimiento de ADN. El gobierno tampoco ha hecho un censo preciso de desplazados por la violencia en la zona, con todo y que fue una petición expresa de la CNDH en su recomendación 10VG/2018, en la que pidió que el gobierno estatal y las comisiones de víctimas colaboraran para identificar a las familias desplazadas. Sin embargo, la impunidad no termina ahí, ya que este Día de Muertos, como un recuerdo involuntario de las víctimas, la periodista y especialista en archivos clasificados Laura Sánchez Ley dio a conocer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal se niega a reparar el daño a las víctimas, pese a la promesa ofrecida por el gobierno federal durante esta administración, cuando, en junio de 2019, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la dependencia federal, ofrecieron disculpas a los sobrevivientes de la masacre de Allende, pero también les prometieron una compensación económica que nomás no sale debido a que la CEAV está peleando en tribunales para no hacerlo, de acuerdo con un documento publicado por la periodista. Y es que, desde el 7 de septiembre de este año, ante un tribunal, la CEAV alega que los hechos de Allende ocurrieron por culpa de autoridades del fuero común, no federales, lo que exime a la instancia federal de compensar a las víctimas. Lo que sí es que, a 12 años de la masacre, por la falta de censos precisos se desconoce el número de personas desaparecidas, pues los más optimistas hablan de 27, pero la versión más sostenida se refiere a 300 víctimas. En 2016, el gobierno estatal dijo que eran 27 víctimas de desaparición, mientras que el colectivo Alas de Esperanza afirma tener constancia de 45. Sin embargo, en 2018, la CNDH documentó que se trataba de 38. La cifra de muertos y desaparecidos es incierta, ya que la violencia, como sucedió en todo México, fue más allá de los límites de ese pequeño municipio de la frontera con Texas. Lo que sí es seguro es que Allende es una de las muchas heridas de este país agujereado por la violencia. El sorprendente Torres Piña Pues ya esta semana el experredista Carlos Torres Piña acabó con la incertidumbre que nos mantenía en vilo: sí se apuntará para el Senado de la República (¿no es fantástico?). Y es que inicialmente el exsecretario de Gobierno estatal sólo había mostrado su interés en fortalecer la labor que la coordinadora de los comités de todo eso que dicen en Morena para no llamarle “candidata”, Claudia Sheinbaum, ha estado realizando ahora que tiene el bastón de mando del movimiento lopezobradorista. Es lógico, si quiere que la figura a la que se le llama de cualquier cosa con tal de no decirle “candidata” gane, pues hay que apoyarla en las estructuras locales, recorriendo municipios. Pero seguramente alguien le dijo “Carlos, tienes que registrarte a una candidatura porque, si no lo haces, la gente que consigas no va a votar por la doctora Sheinbaum”, y él no quería, dijo “yo sólo quiero que Claudia triunfe, no me interesan los cargos, sólo quiero aportar a la transformación de México y de Michoacán”, pero no le quedó de otra y tuvo que registrarse. Él quería para jefe de manzana, pero como no se elegirán esas autoridades, no le quedó de otra que apuntarse a una humilde senaduría. ¿Cuántos más, López?, ¿a cuántos morenistas más obligarás a registrarse a candidaturas para dejarlos fortalecer tu movimiento? ‘Sólo estamos por los niños’ El Frente Amplio, al menos en Michoacán, parece más bien un matrimonio al borde del colapso. Panistas apoyando a Morena en el Congreso, Memo Valencia reclamando como marido celoso, Octavio Ocampo, desde la pila de escombros a la que le llama “partido”, criticando el proceder de los azules. Entonces viene Xóchitl Gálvez y empiezan con que “yo voy, pero si van ellos no me presento”, “que venga, pero a un evento de nosotros, porque ya con ellos, ni a la esquina”, “espera noticias de mi abogado”, “¿así me pagas?”, “sin mí no eres nada”, etcétera, etcétera. Al final esa alianza corre el riesgo de caerse o de plano fracasar, porque tanto el PRI como el PAN tienen voto duro, que es el que se puede dividir, y si no están de acuerdo, se irán a donde los lleve algún liderazgo fuerte. Por otro lado, al PRD le conviene permanecer quieto, sin pelearse, porque no está en posición de rechazar a nadie si es que quieren mantenerse en el presupuesto del IEM. Deben ser muy cuidadosos en los tres partidos, porque esos berrinches y desacuerdos pueden costarles una elección que ya de por sí se antoja difícil para ellos. Es cuánto.
La Voz de Michoacán
