Jorge A. Amaral Esta semana, en comparecencia ante el Congreso de su país, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos (disculpe la redundancia, pero eso de “la Unión Americana” siempre será mi último recurso), tuvo que admitir lo que su gobierno supone: que en México hay territorios controlados por el narco. Claro que esas afirmaciones no le cayeron nada bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque obviamente nunca ningún gobernante mexicano admitirá lo que es una realidad en muchos lugares desde que este milenio empezó. “No hay lugar en el territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad; le puedo decir al señor Blinken que sabe que estamos destruyendo constantemente laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados”, dijo el presidente en su mañanera del viernes. Veamos. A inicios de febrero de este año, en Guerrero, estado gobernado por Félix Salgado Macedonio a través de su hija, empresarios denunciaron que en el puerto de Acapulco el 100 por ciento de los negocios deben pagar el cobro de piso a los grupos de la delincuencia organizada. El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez, denunció que “la delincuencia no respeta a nadie”, y no es viable ni recomendable “agarrar el teléfono y denunciar que aquí están, porque corres el riesgo de que te maten y lo que se hace es bajita la mano”; es decir, negociar o de plano acatar las exigencias de los delincuentes. Así en Acapulco, pero también en Zihuatanejo, desde el señor que vende aguas frescas, el locatario del mercado, el dueño de una gasolinera, un hotel o un restaurante; la tortillería de la cuadra, cualquier tienda de conveniencia, transportistas… todos son víctimas de extorsión: la cuota va desde 100 pesos diarios a comerciantes en el mercado y 2 mil hasta 3 mil pesos diarios a algunos giros comerciales, y hay empresas que deben pagar hasta 100 mil pesos cada mes. Ahora vayamos más al norte, a Zacatecas. Producto de su trabajo como cantante, el vocalista de la Banda Jerez, Marco Flores, hace 10 años abrió su hotel La Cabrona en el Pueblo Mágico de Jerez de García Salinas. Esta semana tuvo que cerrar el establecimiento debido a las constantes amenazas del CJNG, denunció el también diputado federal morenista. “No hay quién opere el hotel o quiera trabajar allí por las amenazas”, lamentó al ser entrevistado por Javier Alatorre, y señaló que es preocupante la violencia que vive el estado, lo que, dijo, provoca que los turistas ya no quieran ir a esa entidad. “De nada sirve negar la realidad. No vayan a Zacatecas, es sólo para que te secuestren o maten”, advirtió. Ahora bajemos un poco en el mapa, no sé, algo aquí cerca, algo no morenista para que no digan que la violencia está sólo en los estados guindas. Guanajuato, tierra que desde hace años se disputan el CJNG y lo que aún queda del de Santa Rosa de Lima en alianza con otros grupos, primero con una facción de Sinaloa y ahora, según reportes, con el Cártel del Golfo, más precisamente su brazo armado Los Escorpiones, autores que varias masacres en el norte del país y ahora señalados como responsables del séxtuple feminicidio de hace días. El pasado 7 de marzo, Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19 años; Yoselín Daniela Zamorano Macías, de 20; Sandra Daniela Paredes González, de 24; Paulina Berenice Reséndiz Martínez, de 25 años; Rosa María Ramírez Ayala, de 42, y Gabriela Barbosa Ruiz, de 48 años, desaparecieron cuando iban a trabajar en un banquete en Celaya, Guanajuato. Ya el viernes 17 de marzo, Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal de Justicia de Guanajuato, confirmó el hallazgo de restos óseos que corresponden a cinco de las seis mujeres desaparecidas. Los cuerpos fueron hallados en el municipio de Juventino Rosas, pero los responsables los calcinaron para evitar su identificación. Aun así, el fiscal informó que se detuvo a seis personas al parecer involucradas: “Todas oriundas del estado de Tamaulipas y un hondureño. (…) Esta célula criminal fueron quienes trasladaron a las jóvenes a Juventino Rosas y a la postre las privaron de la vida”, dijo el fiscal. A manera de contexto, es de señalar que la zona donde se encontraron los cuerpos de las víctimas de feminicidio está en territorio donde el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) aún tiene presencia. Desde hace años la violencia en Guanajuato se deriva de las pugnas entre el CSRL con el CJNG. Tras la detención de su líder, El Marro, y otros liderazgos del grupo de Santa Rosa, la violencia se ha recrudecido en la entidad. A últimas fechas, para hacer frente a los de Jalisco, los de Santa Rosa de Lima hicieron una alianza con el Cártel del Golfo (CDG), que tiene su feudo histórico en Tamaulipas. En 2022, a través de un video, sicarios del Cártel del Golfo anunciaron su presencia en Guanajuato, en alianza con el CSRL para enfrentar juntos al CJNG. Evidencias de esta alianza se hicieron ver el 7 de febrero, un mes antes de la desaparición de las seis mujeres en Celaya, cuando el cuerpo de una mujer fue colgado en un puente del municipio de Tarimoro. En el cuerpo de la víctima los asesinos escribieron “Fuerzas Especiales al servicio del Sr. Marro con el apoyo del Cártel del Golfo”. En esos tres estados la violencia ha sido la constante, un día sí y otro también, como en zonas de Jalisco, Michoacán, Sonora o Baja California. A tal grado llega la violencia, que la organización Causa en Común publicó un informe donde reporta que en enero y febrero se registraron 80 masacres, 344 casos de tortura a mujeres con crueldad extrema y 110 casos de mutilación. En el reporte “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto, enero-febrero 2023”, se analizan hechos violentos a partir de publicaciones en medios. Se analizaron 939 notas periodísticas, donde se encontraron mil 106 atrocidades a mil 651 víctimas, en el entendido de que el término “atrocidad” engloba actos donde se use la fuerza física con toda intención de causar la muerte, laceración o maltrato extremo en una o más personas. En ese tenor, Causa en Común considera atrocidades: masacres, fosas clandestinas, mutilación, calcinamiento, asesinato de niños, adolescentes, periodistas y mujeres. Según datos de Causa en Común, los estados más violentos en el primer bimestre de 2023 fueron Chihuahua, con 88; Guanajuato, con 86; Baja California, con 72; Morelos, con 66, y Guerrero, con 65. También destacan Oaxaca, con al menos 62 atrocidades: 20 casos de tortura, 14 asesinatos de mujeres de crueldad extrema y 4 masacres. Veracruz sumó 42 atrocidades: 9 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 7 casos de tortura y 5 masacres. Puebla, con 40 atrocidades: 6 intentos de linchamiento, 15 casos de tortura y 4 casos de calcinamiento, entre otros. Ahora, en el caso de Michoacán, tenemos a delincuentes en Tierra Caliente destrozando carreteras para evitar el avance de sus rivales; en Uruapan, Zamora y Jacona a diario hay hombres, mujeres y niños asesinados a balazos; en Morelia pueden asesinar personas a diestra y siniestra o incendiar bares y, cuando mucho, el secretario de Gobierno dirá que es inquietante. Y es que en todos los hechos descritos arriba, en todos los estados mencionados, incluido Michoacán, la constante es la impunidad con la que los delincuentes operan. Nunca nadie vio nada, nunca hay detenidos (a menos que la presión mediática sea lo suficientemente fuerte como para despertar al gobierno). En un país donde el Estado está presente, donde la ciudadanía no está sola frente a los delincuentes; en un país donde el Estado tiene el control, donde no mandan los criminales, donde ellos no son dueños de la vida y la muerte, no sucede este tipo de cosas, y si pasa algo así, los esfuerzos se avocan a dar con los responsables y castigarlos conforme a derecho. En un país donde el Estado está presente, nadie puede matar a sacerdotes jesuitas y andar libre hasta que alguien más lo mata en otro estado, sino que el malhechor es capturado y procesado. Así que, a lo mejor es feo que lo diga, pero Antony Blinken tiene razón: el narco tiene el control y dominio de grandes porciones de México y el Estado brilla por su ausencia, porque esa ausencia no significa que no haya un solo soldado o policía, sino que desde el momento en que esos soldados o policías actúan más como halcones y brazo de algún cártel, desde el momento en que el presidente municipal ha entregado las riendas de su demarcación a un jefe de plaza (ya sea por dinero o por miedo), el Estado está ausente. Por más aparato de gobierno que haya ahí, por más soldados y policías que se desplieguen, hay mucha autoridad, pero poco Estado. Es cuánto.
La Voz de Michoacán
