Jorge A. Amaral Es muy frecuente que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga una cosa y la realidad sea otra, que en una mañanera o en algún evento asegure ciertas verdades que frente a las cifras y los hechos se derrumban como mentiras. En abril de este año, la organización Signos Vitales presentó su informe “El valor de la verdad. A un tercio del sexenio. Ese estudio revelo que el presidente de México miente en promedio 80 veces en cada conferencia mañanera. Esto implica que el actual gobierno se caracteriza por, según la organización, “la pérdida del valor de la verdad, el uso frecuente y sin recato de mentiras, medias verdades y datos no verificables”. Algo que no se puede minimizar, sobre todo si consideramos que los organismos de transparencia en esta administración han sido duramente atacados por el régimen, que los acusa de obedecer a intereses del Masiosare del actual gobierno: los conservadores. Así, según la ONG, en dos años de gobierno, el presidente está a punto de duplicar las 23 mil mentiras que The Washington Post le detectó a Donald Trump durante todo su mandato, de 4 años. Esto viene a cuento porque esta semana, al acudir a Guerrero para anunciar un esquema de programas sociales, el presidente festejó (ojo con esto) lo que el gobernador Astudillo le informó: que durante el proceso electoral 2021 ningún candidato había sido asesinado y que los comicios del pasado 6 de junio se habían llevado a cabo en santa paz y ciudadana armonía. Incluso, el mandatario catalogó de inédito lo informado por el gobierno de Guerrero: “Esto, podríamos decir, es un hecho inédito, el que no se haya padecido de violencia en el estado de Guerrero, a pesar de la confrontación política”, dijo durante la presentación de Programas para el Bienestar en el municipio Florencio Villareal. Pero, aclaró el presidente, aunque hubo irregularidades en el proceso electoral en Guerrero, son casos excepcionales, pero lo importante, a decir del mandatario, es que “afortunadamente no perdió la vida ningún candidato, ningún participante, en las elecciones locales ni en la elección federal”. El anuncio no deja de tener un cariz político, porque recordemos la polémica desatada a nivel nacional por la defensa a ultranza que el mandatario y su partido emprendieron en contra de un multidenunciado por abuso sexual y acoso Félix Salgado Macedonio, lo que llevó a que incluso López Obrador y el partido oficial emprendieran una guerra mediática y jurídica contra las resoluciones del INE. Y a ello hay que agregar que la elección a la gubernatura la ganó la hija del senador con licencia, Evelyn Salgado. En el encuentro de esta semana, eso quedó patente cuando el gobernador que está por entregar el cargo, Héctor Astudillo, habló de la transición política que vivirá el estado, tras la victoria de Evelyn Salgado, por lo que pidió a todos los actores políticos a “pensar en Guerrero”, pues a nadie le conviene “un estado confrontado”. “Que todo camine por las rutas legales, por la armonía y la paz social. Soy el más interesado en que camine por la ruta de la armonía y la paz social”. A esas buenas intenciones se sumó López Obrador, al decir que también desea la “conciliación para resolver las controversias por la vía legal y pacífica”. Pero volviendo al tema de la violencia durante el proceso electivo 2020-2021, pese a lo que el mandatario señale, como casi siempre hay otros datos. Veamos. En primer lugar, debido al clima de violencia que impera en prácticamente todo el estado de Guerrero, por lo menos 26 candidatos solicitaron protección del gobierno al verse amenazados por grupos de la delincuencia organizada, según datos de partidos políticos y del propio gobierno de ese estado. Pero las amenazas se concretan, y más las que provienen de grupos delictivos. Ya iniciado el proceso electoral, que arrancó en septiembre del año pasado, específicamente el 25 de noviembre, el precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Chilapa, Antonio Hernández Godínez, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en su negocio de venta de materiales para la construcción, ubicado en la cabecera municipal de Chilapa. Ya el 26 de mayo de este año, José Alberto Alonso Gutiérrez, quien fuera candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, sufrió un atentado a balazos mientras viajaba a bordo de su camioneta en compañía de su escolta. De acuerdo con los reportes de los medios locales, la agresión se registró después de las 08:00 horas, previo a que el candidato iniciara una gira de trabajo que llevaría a cabo por el municipio como parte de su campaña política. Tras el ataque, Alonso Gutiérrez fue trasladado a un hospital y su estado de salud fue reportado como estable. En ese mismo municipio, que años antes fuera prácticamente entregado a la delincuencia organizada por el entonces alcalde Félix Salgado Macedonio, la candidata a la Presidencia Municipal por Morena denunció que a sus promotores del voto los habían amenazado a punta de pistola para que dejaran de realizar sus actividades de operación política. Pero esa problemática no fue privativa de Acapulco, sino que se vivió en otros municipios. El 2 de junio, a 4 días de las elecciones, un grupo armado secuestró a Marilú Martínez Núñez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia Municipal de Cutzamala de Pinzón. La familia de la candidata también fue privada de la libertad, como informó en su momento el partido naranja a través de su cuenta oficial de Twitter: “Nuestra candidata Marilú Martínez y su familia fueron privados de su libertad por un comando armado en Cutzamala de Pinzón, Guerrero”. Pero esos no fueron los únicos candidatos y políticos que fueron víctimas de ataques en el proceso electoral 2020-2021. Por ejemplo, Roberto Zapoteco Castro, exalcalde priista de Zitlala, fue agredido a tiros el 22 de diciembre. También Efrén Valois, fundador de Morena y quien buscaba la candidatura a la alcaldía de Pilcaya, fue asesinado a balazos el 23 de diciembre de 2020. Ese mismo mes, el 26 de diciembre, el morenista y aspirantes a la Presidencia Municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, también fue blanco de un atentado a tiros. Ya en este año, Pedro Pablo Urióstegui, quien fuera exalcalde de Teloloapan, fue localizado sin vida en el poblado de Pachivia, municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, el 19 de febrero de 2021. Pero previo al arranque del periodo electoral, Herón Sarabia, quien fue candidato de Morena a la alcaldía de Arcelia, fue asesinado en Tlapehuala, en la región de Tierra Caliente de Guerrero, en agosto de 2020. Ante esa situación y las constantes amenazas por parte de los criminales, el partido Movimiento Ciudadano informó que había desistido de registrar candidaturas en 15 municipios guerrerenses debido a las amenazas y hostigamiento contra sus cuadros políticos. Lo mismo ocurrió con el candidato de Morena al municipio de Coyuca de Catalán, Rey Hilario Serrano, quien se retiró de la contienda, pues dijo haber recibido amenazas. Y es que Guerrero no sólo es uno de los estados más conflictivos en materia política, también está a merced del crimen organizado, que en cada proceso pone y quita candidatos a su antojo. Esa interferencia del narco en la política se debe a que las organizaciones criminales no sólo disputan las plazas para la venta de droga, también quieren el control de dos cargos estratégicos para sus actividades: las policías municipales y las direcciones de obras públicas. Las primeras, porque, como en gran cantidad de municipios mexicanos, las corporaciones municipales son un brazo armado de los cárteles, para quienes realizan labores de halconeo, así como detención de narcomenudistas de otros grupos rivales, personas que no acceden a las extorsiones y gente que por alguna u otra razón levanta sospechas de pertenecer a otras células, para luego ser entregadas al cártel al que obedecen o de plano ellos mismos, los policías, desaparecer a todas esas personas. En cuanto a las áreas encargadas de la obra pública, porque son las instancias municipales que mueven más dinero y mediante las cuales se pueden desviar recursos a través de empresas fantasma o fachada de grupos delictivos, que por esa vía sangran las arcas municipales. Esta situación hace que el estado de Guerrero sea la tercera entidad del país más letal para los candidatos, según Etellekt, que es un despacho consultor de comunicación y riesgos que ha dado seguimiento al tema de la violencia política en el país. Según el despacho, durante el proceso electoral 2020-2021 fueron asesinados en aquella entidad 7 políticos, de los cuales 4 buscaban cargos de elección popular. Según autoridades locales y federales, en Guerrero operan al menos 16 cárteles, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Los Viagras, Los Ardillos, Los Rojos, Guerreros Unidos y Gente Nueva. Pero seamos personas de buena fe y confiemos en que el presidente no miente deliberadamente. Esas faltas a la veracidad pueden deberse a otra cosa: hay funcionarios del gobierno federal cuidando con uñas y dientes su puesto, y eso hace que incluso engañen al presidente por temor a que rueden cabezas por los escritorios de distintas dependencias. De verdad quiero pensar eso. “Todo México está en paz, usted lo está logrando, señor presidente, su estrategia es la adecuada”, seguramente le dicen, sabiendo que la complacencia del mandatario y su camarilla cercana les garantiza concluir el sexenio y hasta aspirar a algo más. No quiero pensar que el presidente viva en una fantasía utópica al grado de confundirla con la realidad. El presidente y millones de fieles no pueden estar equivocados… ¿o sí? Es cuánto.
La Voz de Michoacán
