Jorge A. Amaral Este viernes, en la Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, se dio un fuerte enfrentamiento entre alumnos de esa escuela y policías de la Secretaría de Seguridad Pública. El sabor que ese enfrentamiento deja es amargo, porque entre policías lesionados y golpeados, también dos normalistas resultaron con lesiones graves al momento en que un autobús de la Unidad de Restablecimiento del Orden Pivilca embistió a algunos de los estudiantes. La versión oficial es que el conductor, un policía que se supone está entrenado y sabe los protocolos a seguir en estos casos, comenzó a forcejear con dos jóvenes que, según la autoridad, pretendían despojarlo del camión. Las reacciones en redes sociales fueron, en su mayoría, de alegría y regocijo al ver el video del camión arrollando a los jóvenes. Eso no es de extrañar, cada vez que algo les pasa mucha gente se alegra. Desde esta columna no se aplauden las acciones violentas de los normalistas, quien esto escribe siempre ha sido muy crítico ante su forma de actuar, ante sus métodos y la defensa de privilegios, tanto de los normalistas como de una fracción del magisterio, pero de ahí a alegrarse por estos hechos, hay un mundo de diferencia, como tampoco es de alegrarse al ver a policías golpeados, sangrando, cuando sólo hacían su trabajo, que es seguir órdenes. Lamentablemente, en México está muy arraigado el maniqueísmo, ver siempre buenos y malos, y eso es algo que tenemos bien incrustado en la idiosincrasia y en nuestra cultura: españoles malos, indígenas buenos; españoles malos, insurgentes buenos; conservadores malos, liberales buenos; Porfirio Díaz malo, Francisco I. Madero malo; así en una larga sucesión de buenos y malos hasta nuestros días. Y eso, acentuado con la visión personalista, abona a que actos como el del viernes sean bien vistos y celebrados. Porque como los normalistas nos hicieron desviar el trayecto y perdimos mucho tiempo, a nosotros, que pagamos impuestos, los vemos como los malos de la película, y por eso los policías son héroes. Banderas aparte, podemos no estar de acuerdo con sus demandas, podemos criticar sus métodos de protesta, la beligerancia de algunas de sus acciones y hasta el anacronismo de su discurso sesentayochero, pero, en verdad, y lo digo con toda franqueza: hay que ser muy cretino para alegrarse, porque dos normalistas están graves debido a que un camión les pasó por encima. Si vemos un acto represivo por parte de las autoridades hacia un grupo de manifestantes y nos alegramos por ello, estimado lector, significa que no hemos aprendido absolutamente nada de la jodida historia no sólo de México, sino de América Latina en los últimos 100 años. Y es que mucha gente se queja de que, por una marcha, por una plantón o manifestación de cualquier grupo, se vio violentado su “derecho al libre tránsito”. Pero, y cualquiera que conozca la Constitución no me dejará mentir, ese derecho se ha malinterpretado en función de la propia conveniencia, porque la Carta Magna dice a la letra, en el artículo 11: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República”. Y eso significa que libre tránsito no es pasar por donde se nos dé la gana y que le avienten la aplanadora a quien se ponga enfrente. Y es que el problema con los normalistas y el magisterio disidente no nace en la actual generación de estudiantes, el problema viene de más arriba, de las cúpulas, que por intereses económicos y políticos dejaron que grupos radicales se enquistaran en el sistema, al grado de que muchas de sus demandas no son de carácter social; es más, ni siquiera gremial, sino que son exigencias para mantener privilegios y poder político. Recordemos que hasta hace algunos años el magisterio era uno de los sectores priistas, y por eso, al amparo del Estado, muchos líderes obtuvieron grandes privilegios usando como carne de cañón al maestro de a pie, y por ende, al muchacho normalista que aspira a ejercer la docencia en el sistema público. De ahí que las Normales suelen ser no sólo centros formadores de maestros, sino lugares de adoctrinamiento ideológico, de la ideología que al magisterio conviene, aunque en varios aspectos sea anacrónica (ya hablaremos de eso en otra entrega). El gobierno permitió que en las Normales oficiales se instauraran auténticos autogobiernos, encarnados en los comités estudiantiles, que pelean con uñas y dientes el privilegio de imponer director, maestros, currículo de materias, uniformes, métodos de ingreso y, posteriormente, el acceso a una plaza de trabajo. Sí, los normalistas son beligerantes en sus métodos, y la tendencia se dejó crecer al grado de que ahora es incontenible por el Estado. Son sectores a los que se les dejó empoderar y hoy el gobierno no puede con ellos, y por eso los policías golpeados, por eso los 43 de Ayotzinapa, por eso los dos muchachos embestidos por un camión de la SSP, por eso el normalista presumiendo en redes sociales que se robó granadas de humo y una gorra de policía, por eso la violencia de los enfrentamientos. Pero de ahí a alegrarnos porque el hijo, el esposo, el germano, el amigo, el papá del alguien, sea normalista o policía, está en el hospital o terminó sangrando… de ahí a alegrarnos por el dolor ajeno, repito, hay que ser muy cretino. Es cuánto. No más “juanitas” Ha arrancado el proceso electoral a nivel nacional, y con ello empezarán a sonar con más fuerza los nombres de quienes desde hace tiempo acarician la posibilidad de contender por alguno de los jugosos puestos gubernamentales en disputa. Desde ya, los partidos políticos comienzan a trazar sus estrategias para la selección de candidatos, sus métodos de designación y cabildeos al interior y con otras fuerzas políticas. Con ello, tanto los órganos directivos de los partidos, como el árbitro electoral, deberán estar vigilantes de que la cuota de género de respete y acate a la hora de las postulaciones, ya que se puede incurrir en la práctica, lamentablemente tan común, de las “juanitas”; es decir, estas mujeres que son postuladas por los partidos en atención a la paridad de género pero que, una vez pasada la elección y habiendo tomado posesión del cargo, son presionadas para dejar el puesto que ganaron y que en su lugar quede un suplente varón. Ya este martes se pronunció al respecto la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora recalcó que “la violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público”. Para combatir este fenómeno, además de las reformas que en lo local se han estado haciendo para combatir la violencia política en razón de género, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconoce, además del principio de igualdad, el derecho de todos los ciudadanos, hombres y mujeres que estén en pleno goce de sus derecho políticos, de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad del electorado, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Así que el principio de paridad de género no debe ser tomado como una concesión hacia el sector femenino (dicho sea en el sentido más amplio de la palabra) de la población, no es una dádiva, es un derecho de las mujeres. Pero los partidos políticos deberán cuidar que en la designación de una candidatura se debe postular a personas de probidad moral, que sus antecedentes les permitan representar a su partido con dignidad y mirando de frente, pero sin cinismo, al ciudadano. Recordemos que los vicios de la mala política no son exclusivos de los varones. Al tiempo.
La Voz de Michoacán
