Leo Zuckermann Los lectores de esta columna saben que siempre he apoyado el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo. Y no es que yo esté a favor del aborto. Para nada. Creo que abortar es una de las decisiones más difíciles que puede tomar una mujer en su vida. Les corresponde a ellas, de acuerdo a sus circunstancias y convicciones, el tomar dicha decisión. El Estado no debe meterse en este asunto en las primeras semanas del embarazo. Este punto, de cuándo el producto de una gestación ya se considera como una vida a salvaguardar, es uno de los puntos torales del debate sobre el aborto. Pero, dejando fuera este tema de la temporalidad, si es o no a los tres meses del embarazo, la decisión la deben de tomar las mujeres en las primeras semanas. Muchas decidirán no hacerlo por sus convicciones religiosas y estarán en su derecho. El tema es que el Estado no debe prohibirlo de manera tajante, mucho menos castigarlo con cárcel. En alguna ocasión entrevisté a Margarita Zavala quien dijo estar en contra del derecho a abortar. Le pregunté, entonces, cómo debía aplicar el Estado dicha prohibición; si había que multar a las mujeres que lo hicieran o meterlas a la cárcel. Zavala se pronunció por no sancionarlas. Con franqueza no entiendo esta contradicción: cómo el Estado puede prohibir algo mas tolerar que ocurra. Eso es una simulación. Interpreto la postura de quienes piensan como Zavala como una actitud de compasión con las mujeres que abortan. Interrumpir un embarazo es una cosa muy dura. Inhumana si encima las castigan encarcelándolas. Es una cosa real porque en México hay legislaciones locales que sancionan el aborto con pena corporal de prisión. De acuerdo a datos de GIRE, alrededor de cien mujeres están hoy encarceladas en nuestro país por haber abortado. Por eso es muy importante el caso que resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los ministros, en una votación unánime de diez votos a cero (un juez se ausentó por motivos personales), “declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”. El Pleno de la Corte resolvió como inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria de un embarazo por vulnerar el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. Reconoció, eso sí, que, conforme pasa el tiempo, el producto de una gestación merece una protección diferente por parte del Estado. Como mencionaba antes, la pregunta no es si las mujeres deben tener el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, sino hasta cuándo lo pueden hacer conforme avanza dicho embarazo. A este asunto no le entró la Corte, como sí lo ha hecho su par estadounidense. Con la resolución de ayer, los ministros asumieron una postura liberal enviando un mensaje de que no se puede castigar en México a las mujeres por abortar ni impedir que el personal sanitario las asista en esta operación. Se trata de una sentencia que tendrá consecuencias sustanciales. De acuerdo a la SCJN, “al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”. Gran día, pues, para las mujeres y en particular para las feministas de viejo y nuevo cuño que llevan décadas peleando por este derecho. La lucha, sin embargo, continua. Lo siguiente es lograr la legalización plena en todos los estados como ocurre hoy en día en la Ciudad de México donde las mujeres pueden abortar sin problemas en los hospitales públicos y privados de la capital. El ministro presidente de la SCJN siempre ha dicho que a ellos los evalúen por sus resoluciones. En este caso, yo los aplaudo. Han dado un paso histórico para superar el conservadurismo que todavía existe en el país posicionándose como una institución liberal que protege los derechos constitucionales de las personas a decidir de acuerdo a sus convicciones. Twitter: @leozuckermann
La Voz de Michoacán
