Leo Zuckermann Hoy comienza el debate en la Suprema Corte de Justicia en torno al proyecto del ministro González Alcántara para declarar la invalidez parcial de la reforma judicial. Como todo lo relacionado con este asunto, debido a las fallas jurídicas que el Legislativo cometió al aprobar esta reforma constitucional, no queda claro si se requiere una votación de ocho o seis ministros para que la propuesta de González Alcántara se convierta en sentencia que el Ejecutivo y Legislativo tendrían que acatar. Vamos a suponer que se requieren los ocho votos. De los once ministros que todavía conforman el pleno, tres van a votar en contra: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En sus decisiones, este trío se ha caracterizado más por su militancia a favor de la 4T (no quiero dejar pasar que Esquivel es una ladrona que plagió sus tesis de licenciatura y, por tanto, ni siquiera debería estar ahí). Ellas están de acuerdo con la reforma judicial y ya anunciaron que se presentarán a la elección del 2025 para continuar en su puesto. Quedan, entonces, ocho ministros. Siete ya presentaron su renuncia y van para afuera el año que entra. Son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña. El ministro Luis María Aguilar termina su periodo en noviembre. Ellos ya no tienen nada que ganar en la decisión de mañana más que dar una última pelea a favor del régimen de división de poderes. De votar a favor del proyecto de González Alcántara estarían reafirmando que el Judicial sí tiene algo que decir en torno a la reforma que reestructura este poder desde su base. Y pondrían en un aprieto al Ejecutivo y Legislativo de acatar o no esta resolución. De no acatarse, el precedente tendría un alto costo de imagen para el nuevo gobierno al que le urge mandar señales de certidumbre jurídica a los inversionistas privados. Para no llegar a esta situación, el lopezobradorismo tiene una solución: conseguir el voto en contra de un ministro, de tal suerte que no haya la mayoría requerida de ocho. Esto desarmaría la bomba de la crisis constitucional. Necesitan un voto y, en política, esto se consigue con incentivos positivos o negativos. Ya lo vimos en el Senado. Morena se quedó a tres senadores de lograr la mayoría calificada de dos terceras partes para reformar la Constitución. No es cierto que el pueblo les dio ese mandato. Tienen los votos gracias a que, primero, se llevaron a Morena a dos senadores del PRD que se quedaron huérfanos porque este partido desapareció. Les faltaban uno y, oh sorpresa, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez chaqueteó. Por un lado, le quitaron todas las órdenes de aprehensión a él y su familia y, por el otro, le dieron un par de comisiones en el Senado. Buen negocio para un bucanero como es este personaje; mejor para Morena que aseguró la mayoría calificada. Para tener un mayor margen de acción, ya también lograron que la senadora priista Cynthia López Castro se pasara con ellos. Quién sabe qué le ofrecieron a cambio. El hecho es que, teniendo el poder, el gobierno puede ofertar muchas zanahorias y también aplicar garrotazos. De repente pueden salir o reactivarse carpetas de investigación para meter a la cárcel a los rejegos o a alguien de sus familias. Supongo que el gobierno está aplicando zanahorias y palos a algunos de los ochos ministros de la Corte para voltear a por lo menos uno. El que se deje, será el Yunes del Poder Judicial. Lo menos que le dijeron al senador veracruzano que chaqueteó es que era un traidor. Alguien que hizo campaña en contra de las reformas que proponía Morena y acabó votándolas a favor porque, de repente, se iluminó. ¿Habrá un ministro o varios dispuestos a chaquetear? En la política, si uno chaquetea tiene que hacerlo de manera completa. No hay medio chaqueteos. Yunes sigue en el Senado y para efectos prácticos ya es de Morena. En el caso de un posible ministro Yunes, la cosa es diferente. Los ocho ya se van de la Suprema Corte. Tienen un prestigio profesional que cuidar. Sería terrible terminar sus carreras como unos traidores que, a la hora más importante de defender al Poder Judicial, recularon. Por dinero, no se tendrían que preocupar. Recibirán sus pensiones y, en su papel de exministros, siempre podrán encontrar un buen trabajo en el sector privado. La amenaza de meterlos a la cárcel por un delito real o inventado no resulta creíble. No veo al gobierno encarcelando a un ministro de la Suprema Corte por haber votado de una manera. La imagen sería todavía peor que la del desacato a la resolución del más alto tribunal del país. Pero uno nunca sabe. X: @leozuckermann
La Voz de Michoacán
