Jaime Rivera Velázquez La reforma electoral de 2014 que permitió postular candidatos sin partido a cargos de elección popular, significó una saludable ampliación de derechos políticos y la oportunidad de oxigenar la competencia democrática en México. No se trata con ello de excluir o sustituir a los partidos políticos, ya que está probado que no puede haber democracia (en el sentido moderno de la palabra) sin una pluralidad de partidos que compitan entre sí. Los partidos representan ideas que ordenan la acción dirigida a la sociedad y al gobierno, agregan intereses económicos y sociales, y organizan a ciudadanos que desean ganar posiciones de poder público. Sin ellos, la democracia carecería de motores de participación política permanente o sería presa fácil de liderazgos sin contrapesos que terminarían por ahogarla. Sin embargo, los partidos pueden convertirse también en obstáculos al libre juego de la participación ciudadana con toda la diversidad que caracteriza a las sociedades de nuestro tiempo. Como organizaciones permanentes que persiguen el poder político, los partidos crean, inevitablemente, elites dirigentes, burocracia, intereses de grupo. Por medio de su acción parlamentaria y en la administración pública, pueden acaparar puestos y otorgarse ventajas sobre los ciudadanos sin partido. Los partidos políticos son indispensables para la democracia, pero no son suficientes. Por definición, ningún partido puede representar a toda la sociedad, y aun el conjunto de los partidos sólo puede expresar una parte y algunas formas de la participación de los ciudadanos en la política. La democracia requiere también prensa libre y plural, organizaciones civiles, agrupaciones sociales, acciones colectivas e individuales en la vida pública, y vehículos más flexibles que los partidos para competir por el poder. Ese reconocimiento motivó la reforma que ya permite la postulación de candidatos independientes. La figura de candidatura independiente o sin partido amplía los cauces de la competencia política y en esa medida puede enriquecer la vida democrática. Pero hay que entender a las candidaturas independientes como un complemento del sistema de partidos, no como su opuesto y menos aún como una vía para sustituirlo. Eso no es posible ni deseable. De hecho, para que un candidato o una candidata independiente tenga probabilidades de éxito en la competencia, tiene que formar una organización (con activistas, coordinadores, intelectuales, técnicos), formular propuestas políticas, y desplegar una amplia acción de propaganda, alianzas y contacto con grupos de ciudadanos. Es decir, tiene que comportarse como partido, aunque sólo sea temporalmente. Los candidatos independientes que no dimensionen esa necesidad de crear una organización política o no logren formarla, difícilmente serán competitivos en cualquier elección; inclusive, difícilmente podrán cumplir los requisitos legales para ser registrados como candidatos independientes. La primera experiencia de candidaturas independientes en 2015 confirmó que el éxito de ellas depende mucho del oficio político de los postulantes. De seis triunfadores en aquel año (uno a gobernador, tres a alcalde, uno a diputado federal y otro a diputado local), cuatro habían sido previamente políticos de partido y otro tenía experiencia en puestos de gobierno; sólo uno compensó la falta de trayectoria política con mucho ingenio para plantear ideas novedosas y comunicarlas ampliamente por medio de redes sociales. En el proceso electoral de 2018 se ha ampliado mucho el abanico de aspirantes a toda clase de cargos políticos. Por vez primera, hay aspirantes a candidatos presidenciales. En el proceso de recolección de respaldos ciudadanos sobresalen quienes contaban con redes de relaciones políticas y un nivel de organización suficiente para desplegar su acción con posibilidades de éxito; otros parecen enfrentarse a la dura realidad (verdad de Perogrullo) de que para competir en política hay que hacer política. Es probable que las dificultades que los aspirantes han hallado en su esfuerzo por reunir las firmas de respaldo ciudadano exigidas por la ley (cantidades nada despreciables para la mayoría de los cargos), haya motivado a algunos a buscar atajos de ilegalidad. Por medio de los procesos de revisión y validación de las firmas de respaldo ciudadano, el Instituto Nacional Electoral detectó recientemente, en los registros de 24 aspirantes a candidatos a diputados federales, diversas formas y grados de falsificación de datos de credenciales para votar y de las firmas correspondientes. Hay que aclararlo enfáticamente: no se trata de que posean credenciales de elector ajenas ni que pudieran utilizarlas para votar en algún momento; se trata de disposición ilegal de datos del padrón electoral de años anteriores, que les permitió simular firmas de respaldo que registraron por medio de la aplicación digital que el INE diseñó para colectar respaldos ciudadanos. Y precisamente gracias a esa modalidad digital de registro de firmas, para el INE ha sido más fácil detectar irregularidades en las mismas. Las irregularidades o falsificación de firmas de respaldo a aspirantes a candidatos independientes tendrán consecuencias legales, como debe ser. Los registros apócrifos no serán tomados en cuenta para el número de firmas requeridas; el INE está investigando la forma y posibles fuentes de falsificación de datos, y en su caso, decidirá la improcedencia del registro como candidatos; además, el INE ya dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a fin de que investigue y deslinde las probables responsabilidades penales. Las trampas que alguien haya cometido o cometa en la carrera por candidaturas independientes, no quedarán impunes. Hay que subrayar que las irregularidades detectadas hasta ahora sólo comprenden a aspirantes a diputados federales, cuyo período para obtener respaldo concluyó en diciembre pasado. El INE examinará las firmas de respaldo registradas para aspirantes al Senado y a la Presidencia de la República, y en su momento informará de los resultados. El INE no especulará sobre la autenticidad de los respaldos ciudadanos mientras no concluya su revisión, y no es justo que nadie atribuya faltas a cualquier aspirante sin tener pruebas de ello. No deben pagar justos por pecadores. Las candidaturas independientes son bienvenidas porque amplían la oferta de opciones en la competencia electoral. Pero, al igual que los candidatos de los partidos, tienen que sujetarse a la ley.
La Voz de Michoacán
