El nuevo Fiscal General Luis Sigfrido Gómez Campos El Congreso de Michoacán tuvo a bien realizar cambios a la Constitución del Estado para incorporar las reformas necesarias a fin de cambiar el nombre de Procuraduría General de Justicia del Estado, por el de Fiscal General. La persecución de los delitos corresponde a la institución del Ministerio Público, quien sigue teniendo la responsabilidad del ejercicio de la acción penal ante los tribunales, nada más que ahora, con las reformas, estará bajo el mando y responsabilidad de un Fiscal General. Dicho de esta manera, pareciera que las reformas legales exclusivamente proponen un cambio de nombre para limpiar la imagen de la institución encargada de la persecución de los delitos; pero no, las modificaciones a la ley van más a fondo. Se pretende, entre otras cosas, la total autonomía del funcionamiento de este órgano y una reestructuración que permita que la ciudadanía vuelva a confiar en el Ministerio Público, sus policías y sus funcionarios. La responsabilidad para el cumplimiento de esta difícil, pero noble labor, es enorme y lo saben quienes aspiran a desempeñar este importante cargo público. Para garantizar la autonomía y la independencia del nuevo fiscal la ley ha determinado un mecanismo en el que no sea sólo un órgano el que lo elija. Se han inscrito 35 aspirantes, todos ellos profesionistas respetables y algunos de ellos amigos personales. Después de comparecer y analizar perfiles profesionales, el Congreso del Estado elegirá una lista diez profesionistas, la cual remitirá al Gobernador del Estado, quien seleccionará una terna. De esa terna, elaborada por el ejecutivo del Estado, tendrá que elegirse al próximo Fiscal General del Estado de Michoacana, quien tendrá la altísima responsabilidad de recomponer el estado actual del órgano más importante para combatir la criminalidad, respetando escrupulosamente los derechos humanos del pueblo y de los indiciados, así como realizar las carpetas de investigación y consignación apoyado en peritajes científicos que permitan que los verdaderos criminales no evadan la acción de la justicia. Eso es lo que espera el pueblo de Michoacán. Un grupo de diputados manifestó recientemente su rechazo a que el actual Procurador de Justicia contendiera para el cargo, considero, con todo respeto, que nuestros diputados no deberían manifestar sus opiniones personales porque, ya que ellos son el órgano que calificará la designación, ponen en riesgo la imparcialidad de su actuación. El actual Procurador puede participar en el proceso, no tiene impedimento legal alguno, pero considero que debería abstenerse para dar lugar a que otro aspirante con ideas nuevas llegue a realizar los cambios de fondo que la institución y la sociedad demandan. Si él se queda, pareciera ser que nada cambia, sólo el nombre. El mismo principio aplica para quienes ya tuvieron esa misma responsabilidad, todos ellos mis amigos. Quienes ya fueron procuradores seguro que su conciencia les dice que ellos fueron los mejores; pero lo que la sociedad quiere es un cambio, una reestructuración a fondo que devuelva a los ciudadanos la confianza de acudir a las instituciones como si fueran suyas. Si nuestros representantes eligen a quién ya fue parecería una regresión, que sólo queremos cambiarle el nombre a la institución, pero que regresamos al pasado. Indudablemente que el fiel de la balanza es el Gobernador del Estado, la ley le asigna la responsabilidad de elegir una terna para que de ahí elija el Congreso. Y vaya que sí es una gran responsabilidad. Tanto en la designación del Fiscal Federal, como en la del Estado de Michoacán, se ha manifestado un rechazo a la designación de un “Fiscal carnal”; es decir, un fiscal elegido por el titular del Poder Ejecutivo para que proteja sus intereses o le cuide las espaldas. El Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, no requeriría entrar en esa dinámica de proponer a una terna de amigos para designar a un Fiscal que defendiera sus intereses; si bien recientemente ha sido víctima de una campaña mediática que intenta desprestigiarlo, él se ha conducido en los márgenes de lo que la ley le permite, por lo que mal haría en designar una terna de puros amigos. Además, el Gobernador ha declarado que no le interesa tener un fiscal a modo. Yo le creo. El diputado con licencia Adrián López Solís es muy amigo del Gobernador del Estado, nunca lo han ocultado. Solicitó permiso al Congreso del Estado para contender para Fiscal General. Se trata de un profesionista con un perfil profesional intachable, el único pero que se le podría poner es que es muy cercano al titular del Poder Ejecutivo. Es el caso típico de lo que los críticos llamarían “el Fiscal carnal”. Ser tan amigo del Gobernador, en este caso, en lugar de ayudarle, le perjudica. Como dijimos, la lista de aspirantes es abundante, todos, absolutamente todos los de la lista tienen, subjetivamente, el derecho a aspirar, la dificultad estriba en encontrar el profesionista idóneo para el cargo. La responsabilidad histórica para el Congreso del Estado y el Gobernador de Michoacán es grande. Seguro estoy que sabrán estar a la altura de tan importante decisión. luissigfrido@hotmail.com