LUIS SIGFRIDO GÓMEZ CAMPOS Suele decirse que la desaparición de 43 chicos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, fue el Waterloo del presidente Enrique Peña Nieto, en virtud de que ese fue el inicio de la gran debacle, la pérdida de la credibilidad absoluta y la confianza en un gobierno que no supo resolver ese conflicto. A los ojos del mundo, no es posible que, en la actualidad, con los adelantos tecnológicos con que se cuentan, simplemente puedan desaparecer de la faz de la tierra 43 cuerpos, y que todas las instituciones públicas encargadas de investigar los delitos y procurar justicia, junto con las instituciones garantes de la soberanía nacional, que supuestamente realizan también actividades de “inteligencia” y vigilancia interna, no hayan podido realizar, en su momento, las acciones pertinentes para dilucidar este asunto de una manera clara y contundente. La única explicación posible por la cual no se pudo esclarecer el asunto de Ayotzinapa es el involucramiento de ciertos funcionarios (no sabemos todavía con claridad hasta qué nivel), que actuaron en colusión junto con los grupos criminales para ocultar la verdad. La inconformidad y los reclamos de los familiares de los desaparecidos al propio presidente de la república, hicieron que éste ordenara de manera enérgica a los más altos niveles castrenses que aportaran elementos de la investigación que permanecían ocultos. Es así como salieron a la luz pública algunas escenas video grabadas donde se observa a personal de la Secretaría de Marina realizar algunas acciones en el basurero de Cocula, “supuesta escena del crimen”, antes del arribo del equipo de investigación que tenía competencia para realizar los peritajes y rastreo de indicios respecto de la desaparición de los 43 estudiantes. Es decir, este grupo llegó de manera anticipada y subrepticia a contaminar la escena del “supuesto crimen”. Sí, seguramente hubo, después de los hechos, cuando el incidente ya se había convertido en aterradora noticia internacional, una orden del más alto nivel, del propio presidente Peña Nieto, para que se conociera la verdad y se detuviera a los responsables. Sin embargo, como en estos casos suele pasar, ya se habían dejado pasar los momentos más importantes para la realización de una investigación exitosa; luego entonces, los funcionarios, empantanados, a los que se les exige resultados, ante la confusión de un asunto enmarañado donde todo mundo mete mano y oculta información, optaron por la salida fácil: agarrar unos cuantos chivos expiatorios e inventar una verdad histórica para satisfacer la exigencia del patrón y apacentar a la opinión pública. El caso Ayotzinapa suele estar contaminado con grandes prejuicios ideológicos; es decir, existe un grupo social al que le resulta incómodo reconocer que se trata de un asunto bochornoso para una sociedad que aspira a ser considerada como respetuosa de los derechos humanos, democrática y donde priva el Estado de Derecho. He escuchado de decir sin que provoque ningún rubor: ¡Ya chole con Ayotzinapa!, cuando saben de algún movimiento social organizado por los padres de los desaparecidos. No saben del dolor que sienten estas personas por tener un hijo desaparecido. Así como no existe ninguna empatía de algunos sectores de la sociedad con las madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, del mismo modo, el presidente Peña Nieto no tuvo la sensibilidad para encender todas las alarmas y entender que se trataba de un asunto de la mayor prioridad para el Estado mexicano y su gobierno; que él como primer comandante de las fuerzas armadas y jefe máximo de todas las instituciones federales tenía todo el poder para exigir, desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos, se realizaran todas las indagaciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, cayera quien cayera. Pero lamentablemente en nuestro país todavía existe quien pretende escamotear la verdad a quien tiene la gran responsabilidad de dirigir los destinos de la patria y, consecuentemente, enfrentar la responsabilidad frente a la historia. En este caso de Ayotzinapa, el presidente de la república tuvo que escuchar los airados reclamos de una de las madres de los desaparecidos diciéndole que él daba sus instrucciones a las fuerzas armadas para que ayudaran al esclarecimiento de la verdad, pero que los jefes castrenses no le hacían caso. Fue ante este reclamo que el presidente López Obrador exigió la coadyuvancia de los más altos niveles militares para facilitar a los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el acceso a los archivos clasificados. Es así como sale a la luz pública el video de los elementos de La Marina alterando y contaminando una de las posibles escenas de uno de los crímenes más horrendos de los últimos años. Ha faltado voluntad política para el esclarecimiento de la verdad en el caso de Ayotzinapa, pero ahora, ¿podemos estar seguros que llegaremos al pleno conocimiento de la verdad en este asunto tan delicado? Con todo respeto para quienes creen lo contrario, yo pienso que no. Que después de tantos años de ocultamientos e investigaciones erráticas no llegaremos al conocimiento pleno de la verdad. Me refiero a la verdad verdadera, no a la verdad histórica, esa ya la conocemos. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
