PUNTO NEURÁLGICO | La tesis plagiada

Luis Sigfrido Gómez Campos

El asunto de la tesis plagiada de que se acusa a la ministra Yasmín Esquivel no es cosa menor. Si bien se inscribe en ese tipo de pleitos recurrentes que los opositores al presidente López Obrador agarran como bandera para golpearlo, este problemilla tiene sus propios ingredientes que deberían ser tratados y resueltos por las autoridades correspondientes sin sacarle la vuelta.

Pero las diferentes instancias se andaban echando la bolita, lavándose las manos como Poncio Pilatos para no agarrar el toro por los cuernos y enfrentar el problema tal y como viene, con todas sus consecuencias; al parecer, le sacan al parche porque las consecuencias podrían ser “catastróficas”.

Me explico, no se trata de la invalidación del título y el consecuente cese del cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se tratara sólo de eso, al parecer las autoridades, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, como de la Secretaría de Educación Pública SEP, ya hubieran procedido nulificando el título y la cédula profesional de la hoy Ministra.

Tal parece que la decisión de dejar sin efectos el título de Yasmín Esquivel, podría acarrear, a juicio de algunos teóricos catastrofistas, una avalancha de problemas de gran envergadura, ya que esta acción provocaría la invalidez de todos los actos jurídicos en que ha intervenido la funcionaria; es decir, todo aquel que hubiere sido afectado por un acto de autoridad en el que actuó Yasmín Esquivel, podría impugnar su validez, toda vez que quien resolvió no contaba con los requisitos de ley para dictar una resolución en dichos asuntos.

De ese tamaño, dicen los catastrofistas, es el problema que tienen que enfrentar nuestras autoridades, por eso han evadido entrarle al toro, como es debido.

¿Se imaginan la cantidad de actos jurídicos que quedarían en la probabilidad de ser impugnados? Yasmín Esquivel, entre otros cargos fue, en 2009, nombrada magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y después elegida como presidenta de dicho tribunal para el periodo 2012-2015, cargo para el que fue reelecta con su nueva denominación como Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hasta 2019; de ahí se fue a la Corte de Justicia de la Nación donde ha ocupado diversas responsabilidades.

Para minimizar los daños, dice un amigo que cree saberlo todo, desde un principio las autoridades debieron ponerse de acuerdo y aceptar la declaración de los directivos de la UNAM de que “existe un alto porcentaje de coincidencias”, o la de que “sí hubo plagio”; luego entonces, se solicita discretamente a la ministra que renuncie, ésta se separa del cargo y todo queda como un asunto menor, una cuestión de falta de probidad ética, nada más.

Pero en este país en el que todos los jefes no se ponen de acuerdo, los de la UNAM, las de la SEP y los la Secretaría de Gobernación, no dialogan, se descalifican entre sí y declinan resolver los problemas mediante la concertación.

Luego entonces, se crean enredos que parecen no tener solución, berenjenales sin sentido a los que no se debería llegar porque la realidad nos ofrece veredas más accesibles para transitar y llegar a buen puerto sin tanta dificultad. Pa’ que tanto brinco estando el suelo tan parejo, dicen los manuales del populacho.

Recuerdo de manera imprecisa un caso en el que un amigo, muy agudo en sus ideas jurídicas, planteó un asunto en el que aseguraba que la Ley Orgánica, hoy vigente, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), no había entrado en vigencia por algún vicio de origen, por lo que consideraba que todos los títulos otorgados por la UMSNH por los rectores posteriores, eran nulos.

Su planteamiento, en estricto sentido jurídico, no estaba mal trazado, tenía su lógica, pero las catastróficas consecuencias de sus conclusiones no tenían, en mi concepto, un sentido jurídico realizable. El derecho es un instrumento de las organizaciones políticas y la sociedad para resolver problemas, no para generarlos. Se debe buscar, en el ámbito de las resoluciones jurisdiccionales el menor daño posible a la sociedad; si no es así, el derecho dejaría de tener sentido como instrumento para servir a los grupos sociales.

Pero más allá de mi razonamiento personal, un amigo abogado muy competente, Joel Caro Molina, me esclareció el asunto por el cual, tanto en el caso de los títulos de la Universidad Michoacana, como en el de los asuntos que hubiere resuelto la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel durante los diversos cargos públicos desempeñados, opera una razón de garantía de legalidad; la competencia de origen que se otorga mediante la designación legal en su encargo y, mientras todos los actos realizados durante su desempeño se hubieran realizado apegados a la ley, sus actos serán válidos, no obstante que hubiere vicios en su designación, eso dice el insigne maestro Ignacio Burgoa, citado por mi amigo.

Todo esto, desde el punto de vista jurídico en relación a los asuntos resueltos durante sus diversas responsabilidades jurisdiccionales. Pero, por otra parte, si se prueba que la ministra se fusiló la tesis de licenciatura, debe ser defenestrada. Eso no lo dijo Burgoa.

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