¿Para qué sirve el estado de derecho?

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RUIZ

En fechas recientes hemos oído hablar con demasiada frecuencia del concepto que aparece como título del presente artículo; motivo por el cual se aborda con la única intención de hacer algunas reflexiones al respecto. El  jurista y filósofo del Derecho Ernst Wolfang Bockenforde afirma: “Para nuestra generación, vuelve a entrar ahora en el patrimonio seguro de la conciencia científica el hecho de que el concepto de estado no es un concepto universal, sino que sirve solamente para ordenar y describir una forma de ordenamiento político que se dio en Europa a partir del siglo XIII y hasta fines del siglo XVIII o hasta los inicios del XIX, sobre la base de presupuesto y motivos específicos de la historia europea, y que desde aquel momento en adelante se ha extendido –liberándose en cierta medida de sus condiciones originarias concretas de su nacimiento- al mundo civilizado todo.” Y dado que se alude al concepto de estado, se debe recordar que tal organismo está integrado por los siguientes elementos: el territorio, la población, el gobierno y un conjunto de normas o leyes. Todo esto le da lo que se entiende por soberanía, puesto que las decisiones competen única y exclusivamente a las personas que habitan en esa extensión territorial. Solo que en este caso resulta conveniente recordar la centralización de las decisiones señalada por Max Weber cuando habla del “monopolio de la fuerza legítima”. En nuestro país ese monopolio lo han compartido un conjunto de poderes fácticos como sindicatos, partidos políticos, asociaciones civiles en pro de los derechos humanos, las grandes empresas, los dueños de los medios de comunicación masiva, por mencionar solamente a los principales. Aquí surge una cuestión que debe servirnos de referente esencial para esclarecer las condiciones, factores y causas de la crisis en la cual se encuentra nuestro país por las desigualdades de todo tipo, si es que hacemos eco del clamor público, apoyado en gran medida por algunos periodistas o difusores de noticias en los principales diarios y medios electrónicos, además de las redes que inciden directamente para orientar o desorientar, según sea el caso o el criterio de evaluación, a la opinión pública.            El estado moderno, conforme a la ideología derivada de la Revolución Francesa, cuyos ideales liberales se concretaron en la garantía de las libertades individuales, las cuales han tenido reconocimiento y sustentación jurídicos en México quedaron en una constitución política que establece los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, pero respetando el modelo capitalista de producción, además del reparto de la riqueza. Esto trajo como consecuencia una sociedad divida en clases socioeconómicas perfectamente diferenciadas desde todos los puntos de vista, especialmente  en los niveles de bienestar y la satisfacción de las necesidades de las personas, pues la minoría privilegiada disfruta de comodidades superfluas, mientras muchos millones de mexicanos carecen de lo indispensable.

Al concluir la lucha armada de la Revolución Mexicana y, mediante la institucionalización de un partido político, se logró encauzar las inquietudes o aspiraciones políticas de los jefes militares y caciques en las diferentes regiones del país, dando fin a lo que históricamente se conoció como “el descabezadero”, esto es, el asesinato de los principales caudillos, entre otros, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Pancho Villa, el general Serrano y muchos otros más, a quienes fue necesario eliminar, ya que constituían un riesgo para quienes controlaban la situación política del país, hubo un periodo de paz social, durante el cual prevaleció el estado de derecho. El Gral. de Div. Lázaro Cárdenas del Río marcó la pauta de la institucionalidad en la presidencia de la República cuando, sin necesidad de utilizar la violencia, fue el primero en deshacerse de su principal obstáculo en el ejercicio del poder público: Plutarco Elías Calles, autonombrado Primer Jefe de la Revolución Mexicana, y factótum de toda la vida política de la nación. Cárdenas respetó la vida de sus enemigos políticos,  y los envió al exilio. Esa actitud de no mandar asesinar a nadie fue uno de sus grandes méritos.

La transición en la presidencia de la República se volvió un asunto resuelto, pues el único partido de Estado, detentando el poder, organizaba las elecciones de acuerdo con sus intereses y las cámaras de senadores y diputados eran organismos burocráticos sin ninguna representación popular; motivo por el que nunca podían oponerse a la voluntad del titular del Poder Ejecutivo Federal, quien decidía la candidatura de quien habría de sucederlo en la silla presidencial sin que hubiera ninguna inconformidad y cuando la hubo bastó con desconocer las candidaturas independientes, a las cuales nunca se les dio ninguna oportunidad de acceder al poder. Así ocurrió con  José Vasconcelos, Juan Andreu Almazán, Miguel Henríquez Guzmán, Ezequiel Padilla y algunos más. Solamente había cuatro partidos políticos reconocidos: PRI, PAN, PPS y PARM. Para complacer a los partidos opositores al Partido Revolucionario Institucional, el presidente Adolfo López Mateos mandó una iniciativa de ley para que se creara la figura de los diputados de partido. Fue una forma de equilibrar un poco las fuerzas políticas, pero seguía latente la necesidad de abrir las puertas a los grupos opositores al gobierno se determinó que se promoviera una reforma política, la cual fue inteligentemente planeada por el politólogo y maestro universitario Jesús Reyes Heroles. La nueva Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) permitió que se integraran otros partidos políticos, dando un paso muy importante en la democratización de la vida política del país. Con estas disposiciones jurídicas quienes buscaban por medio de la violencia cambiar el status quo encontraron un derrotero diferente para acceder al poder público. Los grupos radicales que militaban en la izquierda revolucionaria de una época se organizaron en partidos políticos y así fue posible abrir válvulas de escape a la inconformidad causada por el PRI durante varias décadas.

Aun cuando el Estado seguía organizando los comicios a través de la Comisión Federal Electoral que presidía el Secretario de Gobernación, las reglas de la política cambiaron de manera muy significativa, lo cual permitió que hubiera candidatos formales a la presidencia de la República, como fue el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien fue postulado por varios partidos y al que se le hizo un fraude, según se dijo en su oportunidad, orquestado por uno de los “izquierdistas” más renombrados, el Lic. Manuel Bartlett Díaz, quien ahora lo niega, pero nadie le cree. Después de esta acción, el ingeniero Cárdenas, ante los deseos de varios grupos que veían la lucha armada como el medio para lograr su cometido, prefirió organizar un partido político: el PRD, que aglutinó a mujeres y hombres de verdadera militancia socialista, miembros del Partido Comunista Mexicano, intelectuales con ideas avanzadas, etc. Desafortunadamente el PRD se convirtió también en “una franquicia” para llegar al poder. Así accedieron a importantes cargos públicos muchos individuos que militaban en el Partido Revolucionario Institucional.

Al iniciarse el presente siglo, México dio un giro de 180 grados con la alternancia en el poder. Se concluían muchos años de gobierno bajo el régimen emanado del PRI para comenzar lo que se pensó sería una nueva etapa de mayor consistencia, dejando en el pasado los vicios de las administraciones anteriores. Nada cambió, siguieron los mismos vicios, las prácticas del amiguismo, el compadrazgo, la falta de eficiencia, eficacia y efectividad marcaron a los dos gobiernos del PAN. Después de doce años, volvió el PRI a Los Pinos. El desempeño del presidente Enrique Peña Nieto dejó mucho qué desear y fue exhibido durante la toma de posesión del actual presidente, donde se le acusó de no haber cumplido con sus promesas y haber dejado pendientes las reformas estructurales, debido al modelo neoliberal, según se dijo.

Ahora se está viviendo un momento  de incertidumbre, pues no se sabe bien a bien hacia donde se orientará la nueva política económica de México y la solución de la inseguridad pública que ha dejado muchos muertos y desaparecidos en todas las entidades de la República. Sin embargo, como suele decirse, se le debe dar al presidente López Obrador el beneficio de la duda, pues no será hasta pasados algunos meses cuando se vean resultados más o menos claros. Sería absurdo atribuirle a disposiciones recientes todos  los problemas que han existido desde hace más de ochenta años.

Se ha insistido en que la solución de la delincuencia organizada requiere estrategias y reconstruir el tejido social para no caer en el círculo vicioso de no atacar el fenómeno directamente en las causas que lo originan. Es correcta esta apreciación, pero en la práctica se observa que no existe una verdadera prevención de los delitos. El aspecto humano sigue estando presente como factor determinante de la corrupción, el chantaje, la politiquería, la falta de rendición de cuentas, la casi ausente transparencia, etc. Al parecer el gobierno federal se abocará a resolver el problema de la corrupción y la impunidad, que son las dos caras de prácticas muy perjudiciales para la procuración y la impartición de justicia.

El Estado como detentador legítimo de la fuerza para utilizarla en caso necesario, debe hacer uso de este recurso cuando se altere la paz pública, la tranquilidad de los ciudadanos y el bienestar de la colectividad; no es válido hacerse de la vista gorda ante violaciones flagrantes a los códigos civil y penal que consagran los derechos humanos.

En el momento de tomar posesión de un cargo público se rinde una protesta, cuyo contenido, a grandes rasgos, dice: “Protesto guardar  y hacer guardar la Constitución General de la República y las particulares de esta entidad federativa (o municipio) y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de…” A partir de este hecho, el mandatario, que no es el que manda, sino el que obedece, debe cumplir con el compromiso contraído, pues por encima de sus interese personales están los que corresponden a la sociedad en su conjunto.

No se está diciendo que los ciudadanos no tengan el derecho de manifestarse, tampoco que los gobernantes deban violar los derechos humanos, sí se expresa en este escrito que, por encima de los intereses personales o de grupo, están los del pueblo.

México tiene una deuda muy grande con las grandes mayorías nacionales que aún viven en condiciones de pobreza extrema y carecen de servicios de salud, educación, agua, empleo bien remunerado, casa habitación, etc. Se deben incrementar los esfuerzos de todos los ciudadanos para crear las condiciones óptimas para el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes, quienes tienen todo el derecho de vivir una existencia digna, alejados de la drogadicción, el crimen, la explotación, la ignorancia y la miseria tanto económica como moral.

Hay múltiples indicadores de que se tiene la mejor disposición de ejercer rectamente las funciones públicas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo. No obstante, muchos gobernadores no están muy de acuerdo y  el poder judicial federal ha asumido una actitud un tanto negativa al querer defender a toda costa sus sueldos, los cuales alcanzan sumas muy elevadas para un país en condiciones económicas todavía  precarias. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen ante sí una grave responsabilidad, pues si aceptan los amparos y la inconstitucionalidad de las disposiciones del ejecutivo en materia económica corren el riesgo de exhibirse como individuos proclives al derroche de los recursos del pueblo, sin importarles las precarias condiciones de vida en que transcurre la existencia de la mayoría de los mexicanos. Pero ellos tienen la palabra, y su decisión dará lugar a que se hable muy mal de ellos.