Rafael Alfaro Izarraraz El primer día de 1976 entra en vigor el acuerdo firmado por el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, mediante el cual el Estado venezolano se reservaba el derecho sobre explotación, transformación y comercialización de los productos generados por la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Se llevó a cabo la celebración en el pozo Zumpaque I, campo Mene Grande, mediante el cual en 1914 se logró el descubrimiento de las riquezas petroleras de la Nación. Lo anterior, fue precedido un año atrás por la aprobación de la Ley, en el Congreso, en donde Acción Democrática (AD) y la Cruzada Cívica Nacional (CCN), aprobaron la histórica reforma, colocándose en un lugar que México había realizado, sin matices, durante el gobierno de general Cárdenas y que era una experiencia que siempre había estado presente en el imaginario petrolero de Venezuela. Los matices se deben a que la reforma dejó abierta la opción de las empresas mixtas, como veremos más adelante. En ese sentido, aprovechando que entre 1983-1984 (80 por ciento de ellos) y 1996-1997 terminaban los contratos que se habían concesionado a petroleras de otras naciones, en un contexto en que la hegemonía estadounidense iniciaba su fase de debilitamiento a nivel mundial (la revolución china, cubana, los movimientos nacionalistas en África, el extraordinario movimiento estudiantil del 68, la crisis y derrota de EU en Vietnam, el movimiento de las minorías en todo el mundo, pero sobre todo la importancia del uso del petróleo y la creciente importancia de las naciones árabes en la economía planetaria, entre otros) se nacionaliza la industria petrolera. Aquella imagen que había quedado grabada como una fotografía en la mente de la sociedad: en un suceso impactante, el pozo Barroso 2 había estado expulsando, en 1922, sin control, cien mil barriles diarios de petróleo como un anuncio de la riqueza que se encontraba en el subsuelo y que había quedado en eso: una imagen. Ahora el gobierno daba un paso decisivo para convertir la riqueza petrolera en realidad. Desde la colonia en que se había establecido el derecho de la Corona Española con respecto al disfrute de las minas, bitúmenes o “jugos” provenientes de la tierra que conquistaban, y luego, en el siglo XVIII y XIX, concesionados a empresas extranjeras debido a que la riqueza petrolera sorprendió a los políticos y pueblos porque carecían de la tecnología para su aprovechamiento, con la nacionalización se creó la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), un poco parecida a lo que ahora es Pemex, en México. Esa empresa sería la encargada de la administración de los hidrocarburos en el hermano país del sur del continente. Increíblemente, Pdvsa, que se había mantenido como una empresa con criterios empresariales, aunque del Estado, fue una de las principales promotoras de la reprivatización petrolera ¡y proclive a dejar de pertenecer a la OPEP! El triunfo de Chávez, detuvo ese proceso, como en México el de López Obrador lo hizo con respecto de PEMEX (y CFE) y las leyes aprobadas por Peña en 2014 que se dirigían a la entrega del petróleo a empresas privadas nacionales y extranjeras. Chávez, para fortalecer la ley nacionalizadora emitida en 1976, emitió dos leyes: Ley de Hidrocarburos Gaseosos (1999) y en 2001 la Ley de Hidrocarburos Líquidos. Estas nuevas regulaciones revirtieron la tendencia que existía al interior de Pdvsa de disminuir las regalías que se les había impuesto a las empresas extranjeras y que estaba a punto de eliminar de manera completa para beneplácito de las empresas. Con el tiempo se deformó el rol de la empresa estatal al punto que querían sus administradores elaborar las leyes que orientaban su conducta. La nueva normatividad retomó reafirmación de Pdvsa, como empresa que opera y produce, dependiente del Ministerio del gobierno; la prevalencia del Estado como principal coparticipe en labores que impliquen algún tipo de asociación con firmas petroleras; incrementó el pago de regalías hasta un 20 y 30 por ciento para los hidrocarburos gaseosos como el gas natural, debido a que la evolución de la tecnología implica ahorros en la extracción del petróleo así como su procesamiento y comercialización. Como se sabe el gas se extrae del mismo petróleo y por ejemplo, en México, se quemaba en la atmósfera. El perfil de la industria petrolera se ha reconsiderado en su relación con el Estado, agregando el factor presente en la narrativa gubernamental pero olvidado: el interés de la nación que, en materia petrolera, tiende a confundirse con el interés empresarial petrolero del exterior, de acuerdo a los textos que hemos consultado. (Continuará). Mommer, Bernard. (2002). Venezuela: un nuevo marco legal e institucional petrolero, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, núm. 8. Silva Calderón, Álvaro. (206). Trayectoria de la nacionalización petrolera. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Lander, Luis E. (2006). A treinta años de la nacionalización el debate continúa. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 12(1), 103-107. González, M. (2003). El petróleo como instrumento de política exterior en el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, núm. 21.
La Voz de Michoacán
