Reinventar la educación superior. Reinventar la UMSNH

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

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Teresa Da CunhaLopes

Las universidades tienen la capacidad (e historia) de experimentación; en verdad, en muchos sentidos, esa es su razón de ser. No existe ninguna razón para que no sean los polos del cambio del paradigma educativo.

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Nuestra Máxima Casa de Estudios ocupa un lugar central, contando con el mayor número de lazos con instituciones I + D y centros tecnológicos. Reconocida por diversos rankings nacionales e internacionales, en particular por el THE que le atribuye el 7o. lugar de las universidades mexicanas presentes en el ranking de América Latina.

Pero, eso no es suficiente. Necesitamos crear un "ecosistema" de innovación. La innovación y la valorización económica del conocimiento, en forma de alianzas con empresas, asociaciones de municipios y agencias gubernamentales, a promoción de una cultura de espíritu emprendedor y de Start-Ups (Spin-offs), deberían ser las marcas distintivas de la UMSNH e inscribirse en la reforma de su Ley Orgánica.

Hasta el momento hemos estado "navegando" sin mapa. Sin tener el estatuto de una universidad de investigación, se ha aumentado su producción científica, publicando anualmente varios miles de artículos en revistas científicas, artículos y otras contribuciones en conferencias y congresos científicos, libros y capítulos de libros, y otro tipo publicaciones. Es altura de integrar esta característica a su Ley Orgánica. Cambiar los términos, no es solamente un cambio de "palabras”, también es el reconocimiento de una transformación del paradigma vigente, el reconocimiento expreso de la existencia de un nuevo concepto del que hacer universitario y de los nuevos ambientes de aprendizaje al interior de la cuarta globalización y de sus nuevas estructuras de producción. Tan solo, el aparentemente inocuo cambio de designación de las facultades que pasarían a llamarse "Unidades de Investigación " comprendería una "revolución coperniciana" de enorme significado, permitiendo, además, en la práctica la creación interna y articulada de Centros de Investigación con una mayor autonomía de gestión, misma que tendría que ser reconocida en la nueva Ley Orgánica.

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Si bien, a lo largo de los años, nos hemos venido posicionando de forma estratégica para la captación de inversión externa en proyectos de I + D, en las más diversas áreas científicas y en un amplio espectro de tipologías, tanto como promotor y como socio, y que se traduce en un diverso cartero de proyectos, lo hemos hecho solamente en el cuadro de convocatorias de programas y financiamientos gubernamentales (federales o regionales/internacionales). Raramente con el sector privado a través de alianzas a corto, mediano o largo plazo. Una de las razones consiste en los frenos legales, en la falta de autonomía interna de los Centros de Investigación y, en la articulación de la IES en Facultades.

La nueva Ley Orgánica debería contemplar como eje prioritario los proyectos de I + D de sus unidades orgánicas de investigación, a las cuales debería otorgar la posibilidad de los administrar (trabajar) internamente en dos vertientes distintas: a) en el proceso de candidaturas, apoyado por un nuevo departamento (que podría ser una transformación de la coordinación de Investigación Científica ) el DAP - Departamento de Apoyo a Proyectos, b) en la gestión técnico-financiera, conducida en articulación con la estructura institucional de Gestión de Proyectos.

El paradigma bajo el cual deberíamos trabajar estaría, entonces, contemplando a las ayudas técnicas y/o en productos de apoyo como factor de autonomía. Autonomía en la generación de productos de investigación y autonomía de gestión y administración de los recursos financieros para la operación de la Universidad, para allá de los que serían otorgados para otras funciones sustantivas, como programas licenciatura y posgrado, producción cultural, difusión, formación continua, etc.

Sólo entonces, podríamos hablar de que la sostenibilidad seguirá siendo asumida como un pilar estratégico de una política institucional capaz de garantizar la construcción del futuro, pero también como contribución al proyecto educativo de la Universidad.