La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal estará lista en el próximo periodo ordinario de sesiones, pese a la complejidad y el desafío que implica asegurar la gobernabilidad en centros penitenciarios y salvaguardar los derechos humanos de internos, informó la senadora Cristina Díaz Salazar. La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República expuso que hay grandes avances “y estamos seguros que iniciando el siguiente periodo estaremos casi listos para llevarlo al pleno de las comisiones y presentarlo al pleno del Senado”. En un comunicado, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que a unos días de que concluyera el último periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta, los senadores de las Comisiones Unidas estuvieron a punto de llegar a las conclusiones finales del dictamen. Sin embargo, precisó, la misma complejidad de los temas los obligó a detenerse, a volver a observar con cuidado todos los señalamientos al respecto, a fin de revisar la reforma de una manera integral, y no incurrir en apresuramientos u omisiones que dieran por resultado una normatividad incompleta o hecha al vapor. Díaz Salazar resaltó que el tema del presupuesto para la modernización del sistema penitenciario también ha sido de gran relevancia en los trabajos legislativos. “Lo que estamos observando es que es muy importante que en el siguiente periodo, en la Legislatura 63, tendremos que ir de la mano con nuestros compañeros de la Cámara de Diputados”. “Pues no tendría caso si no buscamos las condiciones de un presupuesto que haga viable esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que formará parte de un andamiaje jurídico necesario para el nuevo sistema penal”, dijo. En el Congreso llevan más de dos años trabajando en el proyecto y dada su complejidad se buscan los puntos de equilibrio para garantizar el pleno funcionamiento del sistema penitenciario e implicaciones en materia de seguridad versus protección de derechos humanos de internos. Adelantó que esta nueva ley tendrá como objetivo primero instaurar un sistema homologado de mecanismos de ejecución de sanciones penales que permitan la gobernabilidad de estos centros de privación de la libertad, pero siempre buscando garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de personas recluidas.
La Voz de Michoacán
