El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y la adición del Artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. Esta propuesta que presentó al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto tiene como objetivos abatir la pobreza, cerrar la brecha entre las regiones norte y sur-sureste del país, crear oportunidades de desarrollo económico y social e incentivar la inversión principalmente en los estados sureños de la República Mexicana. En lo general fue avalado por 366 votos a favor, uno en contra y 54 abstenciones, en tanto que durante la discusión en lo particular se presentaron cuatro reservas. De ellas se aceptaron las modificaciones que propusieron tres diputados de Morena y rechazaron la que planteó el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los legisladores Juan Romero Tenorio, Vidal LLerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, propusieron incluir al sector social en estos planes de desarrollo económico regional, el contenido nacional a la iniciativa y privilegiar la contratación, las cuales fueron aceptadas unánimemente por 430 votos. Al presentar el dictamen, que se remitió al Senado de la República para su análisis y ratificación, el priista Jorge Enrique Dávila Flores destacó que se realizaron aproximadamente 30 cambios al proyecto original que envió el Ejecutivo federal. Afirmó que este documento es resultado del consenso entre las diferentes propuestas de los grupos legislativos y se consultó a expertos, organizaciones civiles y empresariales, así como a gobiernos estatales y dependencias del gobierno federal. El presidente de la Comisión de Economía sostuvo que el desarrollo del sur-sureste del país se ha convertido en uno de los desafíos más importantes que México enfrenta y abatirlo es precisamente la finalidad que persigue esta iniciativa. La creación de las zonas especiales tendrá efectos positivos en el desarrollo de actividades económicas de alta productividad, atracción de inversiones encadenamiento productivo e integración a las cadenas de valor globales. También en el aumento de la demanda por servicios locales, la generación de empleos de calidad y en general un incremento de condiciones de bienestar de la población de cada región, en especial de los pueblos indígenas. Entre las modificaciones propuestas están precisar, dentro de los criterios territoriales de elegibilidad, que las zonas deberán instaurarse en uno o más municipios cuya población conjunta, a la fecha de la emisión del dictamen, sea entre 50 mil y 500 mil habitantes. Como elemento del convenio de coordinación se prevé la realización de acciones de mejora regulatoria; se establece una ventanilla única para todos los trámites y que se deberá contar con la autorización del Congreso estatal correspondiente para establecer la zona. Se propone sustituir al consejo consultivo por un consejo técnico, como una instancia intermedia entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Administrador Integral, precisando su forma de integración en la ley y no en una disposición reglamentaria. Se especifica la integración y las funciones del consejo técnico, contar con la opinión de los sectores social y privado en la elaboración del Programa de Desarrollo, asegurar que exista congruencia entre el Programa de Desarrollo y los programas maestros de desarrollo portuario. También se incorpora a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en los procedimientos de consulta, en coordinación con la secretarías de Gobernación (Segob) y de Hacienda. El texto aprobado añade que los permisos para construir, desarrollar, administrar y mantener una zona podrán otorgarse por un periodo de hasta 40 años. De igual manera sugiere incorporar como atribución de la Secretaría de Hacienda la facultad de imponer sanciones derivadas de las infracciones a la ley y dotar a la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales de más atribuciones sobre planeación de área. Precisa que el Ejecutivo federal enviará al Congreso, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe sobre la operación de cada región y sus resultados, a más tardar el 15 de mayo de cada año.
La Voz de Michoacán
