Agencias / La Voz de Michoacán Ciudad De México, 18 de julio.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, por 421 votos a favor, 18 en contra y nueve abstenciones, las modificaciones a la Constitución para regular el endeudamiento de estados y municipios, en una sesión en la que se vivió un apagón en el recinto legislativo de San Lázaro, donde los gobiernos estatales fueron blanco de críticas. “Que ningún estado vuelva a pasar por lo que han pasado nuestros estados y nuestros ciudadanos de Coahuila, Tabasco, Nuevo León o Quintana Roo. De manera clara lo decimos, los diputados del PAN le enviamos un mensaje claro a México: le vamos a apretar el cinturón a aquellos gobernantes irresponsables y vamos a fortalecer a quien hace buen uso de su gobierno. El diputado panista rechazó que el sobreendeudamiento estatal y municipal tenga su origen en la escasez de recursos, sino en la irresponsabilidad, dijo, en la ambición desmedida y en la falta de una regulación. El perredista Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo, en tanto, que esta reforma constitucional mantiene congruencia con el pacto federal y respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales. “Desafortunadamente, algunos gobiernos locales y municipales han hecho uso poco responsable de los instrumentos de la deuda al cabo de los proyectos que reportan grandes dividendos políticos, mas su costo es trasladado a administraciones subsecuentes”, subrayó a su vez la priista Gloria Núñez Sánchez. Antes, Ricardo García Berdeja, de Movimiento Ciudadano, comentó que ese sobreendeudamiento ha generado la ausencia de obra pública, nuevos impuestos y pérdida de oportunidades para algunas generaciones, y subrayó que esta iniciativa no surgió de “la pactocracia”, sino de diputados de todos los partidos representados en San Lázaro. Luego de estas críticas, una falla eléctrica provocó que sin ser “en lo oscurito”, pero sí a media luz, se realizara la votación de los artículos no reservados. Entre lo aprobado. En el dictamen, aprobado en este periodo extraordinario y que se remite al Senado de la República para su ratificación, se modifican diversas disposiciones de la Constitución para establecer principios, controles y lineamientos que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento para las entidades federativas y evitar el uso incorrecto de los recursos obtenidos vía deuda pública. Se plantea obligar, mediante un artículo octavo transitorio, a que en la ley reglamentaria se establezca que la deuda de estados y municipios deberá contratarse mediante licitación pública, para asegurar las mejores condiciones de mercado y el fortalecimiento de la transparencia. En un noveno artículo transitorio se incluye establecer un Programa Anual de Garantías por el Ejecutivo federal, a fin de que el Congreso apruebe los recursos que se requieran para las obras al siguiente año de la solicitud y antes de que se apliquen los recursos. Instaura, además, la responsabilidad de los servidores públicos de los estados y municipios sobre el manejo indebido de los recursos y la deuda pública, misma que deberá reflejarse en las constituciones locales. Se aprobó que estados y municipios tengan la posibilidad de contraer empréstitos cuyos recursos se destinen a refinanciamiento o reestructura de deudas, y no sólo a inversiones públicas productivas, así como contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso. No obstante, el texto del dictamen señala que en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente, y tendrán la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus préstamos y obligaciones de pago en un registro público único. –Con información de agencias
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