Con un total de 50 firmas, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, activistas, artistas y defensores de Derechos Humanos, se reunieron en el Poder Judicial de la Federación, para presentar un amparo en contra de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico de los artículos 189 y 190 fracciones I, II y III, por considerar que violan los derechos humanos, la privacidad y la seguridad. Los artículos establecen la geolocalización en tiempo real de equipos móviles, vigilancia masiva de las comunicaciones sin rendición de cuentas, acceso a datos a un sinfín de autoridades ajenas a la persecución de delitos, entre otros casos. Luis Fernando García abogado en defensa de los derechos digitales, señaló que dichos artículos brindan a las autoridades poderes altos, sin ningún tipo de rendición de cuentas por lo que “para un agente de la procuraduría, el Centro de Investigación y Seguridad Social CISEN, la Secretaría de Gobernación, o para algún órgano de Gobierno de un Estado, es muy sencillo acceder a este tipo de datos, sin que nadie se entere, es decir, ni un juez y ni él afectado en determinado momento.” Además de que la Ley de Telecomunicaciones hace más vulnerable a los periodistas “en este país que son constantemente amenazados.” El amparo surgió a raíz de que instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), que debieron presentar la acción de inconstitucionalidad en contra de esta legislación, no lo hicieron. Por tal razón estamos ejerciendo el derecho de acceso a la justicia y acudiendo al Poder Judicial de la Federación, en espera de que éste sea el que escuche y resuelva conforme a la Constitución y de acuerdo a los estándares de Derechos Humanos y el Derecho Internacional”, dijo Luis Fernando García, abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. En caso de no haber respuesta alguna, recurrirán a diversas instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, independientemente del amparo, invitan a la ciudadanía a exigir a representantes y a las instituciones, a que respeten el derecho a la privacidad y hacer todo lo que se posible en cuanto a medidas de autodefensa tecnológicas se refiere. Nosotros no estamos diciendo que no exista la posibilidad de utilizar la tecnología o de intervenir comunicaciones, en algunos casos, pero que este tiene que llevarse a cabo bajo una serie de controles como el judicial, de transparencia y la rendición de cuentas, que el gobierno y muchos otros actores se han negado a incorporar sin ningún tipo de razón, concluyó.