Ciudad de México.- Con la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, que dejó una huella en la historia de México, se puso de manifiesto que en el país hay abuso de poder, corrupción e infiltración del crimen organizado en algunas instituciones, dijo el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres. Durante un mensaje a medios, el funcionario de la PGR indicó que de acuerdo con la investigación, el grupo criminal Guerreros Unidos tejió una red en los municipios de la zona norte de Guerrero que alcanzó hasta los servidores públicos para poder operar. “Reitero frente a las víctimas, sus familias y a la sociedad entera, hemos dado seguimiento a la investigación a fin de conocer lo que sucedió; tales acontecimientos en el que fueron agredidos y privados ilegalmente de su libertad 43 jóvenes estudiantes, conmocionaron a México y al mundo dejando una huella en la historia del país que nos impacta y nos indigna”, señaló. Betanzos Torres enfatizó que “ese evento nos alertó sobre fallas, abusos de poder, corrupción y la infiltración de organizaciones criminales en algunas corporaciones policiales en la zona norte de Guerrero”. En ese sentido, indicó que el reclamo ciudadano ha sido contundente, que los culpables sean llevados ante la justicia, se les siga un proceso conforme a derecho y se reparen los daños; en ese contexto, el informe del caso Iguala describe las principales actuaciones que el Ministerio Público de la Federación ha llevado a cabo, dijo. “El grupo Guerrero Unidos tejió una red de complicidades en Iguala, Cocula y municipios aledaños, y se infiltró en los cuerpos de seguridad pública municipal, alcanzó a diversos servidores públicos que recibían dinero para el control de la policía municipal”. Explicó que hasta el momento la PGR ha consignado a 168 personas por delincuencia organizada, detuvo a 130 policías municipales de Iguala y Cocula y realizó mil 651 actuaciones periciales y 850 acciones de búsqueda. Eber Betanzos refirió que una realidad ineludible es la amenaza que representa la delincuencia organizada, que se tiene que mejorar la seguridad pública, pues es una de las principales demandas de los ciudadanos y que los hechos ocurridos en Iguala ocurrieron en un contexto de inseguridad y delincuencia organizada.
La Voz de Michoacán
