El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, demandó al Estado cumplir con las observaciones específicas hechas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en favor de las casi 400 mil personas afromexicanas que hay en el país, tema sobre el cual dio a conocer un plan de acción. Al participar en el panel "A 50 años de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial: Retos y Perspectivas", dentro del Foro Internacional "Discriminación Racial y Afrodescendientes en México", realizado en Boca del Río, Veracruz, el ombudsman señaló que sólo los estados de Oaxaca y Guerrero han incluido en sus constituciones locales a las personas afromexicanas, lo que significa su reconocimiento como persona jurídica titular de derechos específicos. González Pérez, detalló que el plan de acción tendente a fortalecer el trabajo en favor del reconocimiento constitucional, la justicia y el desarrollo de la población mencionada en México contempla, entre otras acciones a realizar, la sensibilización mediante capacitación a funcionarios públicos involucrados en la planeación y programación de política pública. Además de una campaña para evitar la difusión de ideas de superioridad o inferioridad, que traten de justificar la violencia, odio o discriminación contra esas personas, así como difundir folletos para la divulgación, conocimiento y sensibilización del tema. Se pretende incidir para que participen en la concepción y planificación de programas y proyectos de salud; generar información sobre la situación económica y social de esa población; generar indicadores de impacto de las políticas públicas y programas sociales, y promover, mediante las nuevas tecnologías, la tolerancia y el respeto a la dignidad humana, así como a la igualdad y no discriminación. Destacó que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos no incluye un reconocimiento de la personalidad jurídica colectiva de los pueblos afrodescendientes y el principio de autoidentificación de sus integrantes, a pesar de que se amplió el rango de cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, favoreciendo el principio pro homine. En un comunicado, la CNDH resaltó que entre las observaciones específicas relacionadas directamente con las personas en cuestión, hechas al Estado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, están: "Determinar métodos de medición de resultados de la implementación de políticas públicas que permitan evaluar el alcance de su institucionalidad y la toma de medidas, inclusive de indicadores de derechos humanos; se proporcione información sobre integrantes del sector referido, su participación política y medidas especiales o de acción afirmativa. Con ello, considerar el reconocimiento étnico de dicha población, como sujeto de derecho individual y colectivo; derecho a la identidad cultural propia; derecho a tener, mantener y fomentar sus propias formas de organización, modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas. Se contempla que usen sus propios idiomas, participen libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural, así como en el diseño, aplicación y desarrollo de sistemas y programas de educación. González Pérez insistió en que entre los retos en materia de derechos humanos de las personas afrodescendientes, está el de ser visibilizadas y reconocidas, ya que no hacerlo es una forma de exclusión y ésta es una violación a los derechos fundamentales. Mencionó que ese grupo posee particularidades y es titular de los derechos reconocidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales por lo cual México, como parte de dicho convenio, está obligado a reconocer la personalidad jurídica de los pueblos afrodescendientes, en los mismos términos en que se reconoce la de los indígenas en la propia Constitución. El ombudsman nacional manifestó que las instituciones nacionales de derechos humanos deben ser un aliado más en favor de las poblaciones afrodescendientes e indígenas, mismas que, como práctica generalizada, han sido discriminadas, en la mayoría de los casos, por omisión y desconocimiento de los usos y costumbres. Por ello expresó que la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) articulará los esfuerzos que dichas instituciones realicen a nivel continental.
La Voz de Michoacán
