Ciudad de México.- El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, ganó un amparo contra la vinculación a proceso que se le emitió en agosto de 2016 por ejercicio indebido de funciones públicas. En consecuencia, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León ordenó que el Juez de Control de la entidad cite a las partes a una audiencia en la que deberá separar los delitos que se le imputan y las pruebas que fueron ofrecidas por la fiscalía anticorrupción para cada uno de ellos, como son el de peculado contra el patrimonio del Estado y ejercicio indebido de funciones públicas. Durante la audiencia de agosto de 2016 el Juez de Control no lo vinculó a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio del Estado al considerar que no había datos de prueba suficientes. Sin embargo, el Juez de Amparo resolvió que debió relacionar cada hecho con el delito del que se le acusó para corroborar si hay o no elementos suficientes de prueba para cada conducta delictiva. “Ponderó los datos de prueba de forma individual y luego en conjunto, para concluir con la justificación de todas las conductas imputadas”, señaló el Juez de Distrito. En consecuencia, indicó, se dejó en estado de indefensión al ex mandatario al no conocer claramente cuál o cuáles conductas fueron las que configuraron la comisión del delito por las que se le vinculó a proceso y las pruebas que se relacionan a las mismas. “La exigencia de precisar las circunstancias del hecho delictivo va más allá de una conducta estrictamente formalista, sino que tiene que ver con el derecho de contradicción del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que el quejoso sepa con precisión cuál es el hecho que se le imputa y los datos de prueba que lo sostienen, de tal suerte que esté en aptitud de reunir los elementos necesarios para su defensa”, indicó el juez. Esto no impide que el Juez de Control le vincule nuevamente a proceso, sin embargo, tendrá que hacerlo separando cada delito y cada prueba con lo que Medina de la Cruz podrá ofrecer pruebas de descargo. La fiscalía estatal anticorrupción le reclama 3 mil 567 millones 967 mil 469 pesos por peculado, daño contra el patrimonio del Estado y ejercicio indebido de funciones por supuestamente haber otorgado estímulos indebidos a la armadora automotriz KIA motors.
La Voz de Michoacán
