Redacción / La Voz de Michoacán. Morelia, Michoacán. Desde que comenzaron las conferencias matutinas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, los periodistas las han utilizado para tantear el estado de la actual administración, más allá de ser una oportunidad para conseguir una versión verificada de lo que está ocurriendo en México. Por lo tanto, resultó sorprendente cuando Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), se paró en el escenario de la conferencia matutina del 7 de junio de 2022 y dio uno de los discursos más preocupantes sobre la principal agencia sanitaria de México. La Cofepris es la entidad encargada de aprobar la comercialización de sustancias químicas y de expedir permisos de importación. También participa en la vigilancia de precursores y preprecursores, y lleva un control de las personas con inventarios de estas sustancias. En otras palabras, la Cofepris es un actor esencial en el esfuerzo para regular el flujo de los precursores químicos en México. Svarch no pareció omitir o negar los hechos, como ha sido la típica postura de López Obrador y otros funcionarios cuando se enfrentan a problemas o preguntas críticas sobre su administración. Al contrario, con analogías a espacios oscuros y clandestinos, Svarch aseguró que, durante años, la Cofepris fue una agencia donde “la corrupción se daba de arriba para abajo”. “Detectamos que, en la superficie, la [Cofepris] parecía funcionar sin problemas, pero en el fondo… operaban redes de corrupción donde grupos de interés tenían secuestrada a la agencia sanitaria”, dijo. En meses posteriores, Svarch fue dando más detalles. En noviembre, por ejemplo, aseguró que algunos funcionarios de la Cofepris permitieron el ingreso de diversas sustancias químicas para fines ilícitos, a las que no se les dio trazabilidad. A esto añadió que algunos funcionarios de la dependencia autorizaron permisos y solicitudes de importación “al que pagaba”. En esencia, los funcionarios habían establecido un esquema de extorsión que podría ser la base sobre la que las redes de narcotráfico importaban grandes cantidades de drogas sintéticas ilegales como el fentanilo, así como precursores y preprecursores para sintetizar esas drogas, explicó Svarch. El sistema, añadió, se había "institucionalizado" hasta el punto de que había intermediarios –a los que Svarch denominó "coyotes"– que se encargaban de cobrar comisiones por facilitar el acceso y la rápida aprobación de las peticiones de importación. Svarch parecía referirse a un caso que se conoció en octubre de 2021, cuando el secretario de Salud, Jorge Alcocer, declaró a la prensa que el Cofepris tuvo que convocar a la Marina para que ayudara en una investigación sobre la importación ilegal de fentanilo. En total, 32 empleados de Cofepris fueron despedidos. Y en marzo de 2023, el presidente López Obrador confirmó durante otra conferencia matutina que algunos de ellos habían estado vinculados al tráfico de fentanilo y que otorgaron permisos de importación a empresas fantasma. Este es un ejemplo de la corrupción institucional que por años ha existido en México y que obstruye la implementación de marcos regulatorios que, en papel, son adecuados. De hecho, en el caso de la regulación de precursores químicos, México tiene un marco legal casi impecable según los estándares internacionales. Pero en una investigación de Insight Crime se encontró que este y otros flagelos hacen que, en la práctica, no sea efectivo. Un sistema regulatorio robusto en México México tiene varios acuerdos de cooperación internacional en materia de narcotráfico y es firmante de todas las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el tema. Además, ha colaborado de manera estrecha con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para homologar el control de precursores químicos que recomienda esta organización. De hecho, México tiene unas de las listas más completas en el mundo en cuanto a sustancias químicas sujetas a vigilancia, regulación y fiscalización, que se sincronizan casi en su totalidad con las de Estados Unidos. Estas son las listas de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de la Ley General de Salud de México (equivalente a las sustancias fiscalizadas por la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos) y la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos y Productos Químicos Esenciales (equivalente a las sustancias reguladas por la Ley de Desvío y Tráfico de Químicos de Estados Unidos). Además, el gobierno mexicano ha creado la Lista de Vigilancia de Sustancias Susceptibles al Uso Dual, con el objetivo de establecer una vigilancia sobre las sustancias no reguladas que, aunque tienen usos legales, pueden utilizarse para producir drogas sintéticas. Existen otras leyes y códigos que no penalizan específicamente los precursores ilegales, sino sus actividades asociadas. Estas son la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), el Código Fiscal de la Federación (CFF) y el Código Penal Federal (CPF), que se enfocan en los aspectos más amplios del contrabando y su utilización para producir drogas ilegales. Las agencias sanitarias de México son las principales encargadas de la regulación de sustancias químicas. Según la ley, deben apoyarse de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ampliar su visibilidad sobre la cadena de suministro. Todas estas dependencias deben de remitir a la Fiscalía General de la República (FGR) los posibles casos de violación a la ley que detectan y notificar sospechas de desvío de sustancias. Por otro lado, las autoridades sanitarias mexicanas han aumentado su colaboración con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para detectar y analizar sustancias químicas en puertos y otras aduanas del país. Este marco legal ha sido un paso esencial y necesario para hacerle frente al tráfico de drogas sintéticas. Sin embargo, en la práctica no hay una aplicación de la ley efectiva, por lo que las regulaciones no son suficientes por sí solas. Corrupción en todas las etapas de la cadena Según la investigación “El flujo de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas en México”, hay varias razones por las que las leyes y regulaciones no se implementan de manera correcta. Entre ellas están la falta de coordinación entre las diferentes agencias encargadas, la insuficiencia de personal y de capacitación, y pocas protecciones para aquellos que denuncian. Pero el corazón del problema es la corrupción endémica. Los esquemas de corrupción en las esferas altas del gobierno han sido comunes, e incluso han implicado a importantes funcionarios de agencias de seguridad y aplicación de la ley como en el caso de Cofepris. No obstante, la corrupción se da en todas las etapas de la cadena de drogas sintéticas: en los puertos de entrada al país, en puntos de tránsito o con autoridades de zonas donde operan laboratorios clandestinos. Eso se evidenció en la reciente acusación contra los hijos de Joaquín Guzmán, alias El Chapo", conocidos como Los Chapitos, en Estados Unidos, en donde los fiscales y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus iniciales en inglés) aseguraron que las redes dedicadas al abastecimiento de precursores presuntamente se valen de sobornos para asegurar el ingreso de las sustancias al país, obtienen etiquetas falsas de los productos y cuentan con intermediarios que prestan su nombre para abrir empresas fachada. Asimismo, en Michoacán, un epicentro para la producción de metanfetamina, varios grupos armados contaban con protección de las fuerzas de seguridad locales en las zonas donde operaban. Por otro lado, un traficante de metanfetamina y fentanilo entrevistado en ese mismo estado aseguró que, cuando llegaba a tener obstáculos para acceder a sustancias químicas esenciales, recurría a sobornos para conseguirlas. Falta de coordinación Una gran parte de la cadena de suministro de precursores químicos no está vigilada. Esto se debe, en parte, a la falta de coordinación entre las diferentes entidades de gobierno asignadas para vigilar este flujo. Algunos funcionarios del gobierno mexicano con los que habló InSight Crime coincidieron con esto y añadieron que la falta de cooperación e intercambios de información entre agencias limita el alcance de su trabajo. Por ejemplo, un oficial de la Guardia Nacional, quien pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizado a hablar del tema, aseguró que la dependencia no tiene visibilidad sobre la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, uno de los mayores puntos de entrada de precursores químicos y fentanilo. Esto se debe a que desde febrero de 2022, la Marina tomó el control y no ha habido suficiente intercambio de información entre ambas dependencias. Dado que la Guardia Nacional está encargada de vigilar las carreteras y está presente en otros aeropuertos internacionales del país, esto les implica un importante vacío de información. “No sabemos qué está entrando [al aeropuerto de la Ciudad de México] y no podemos coordinar esfuerzos con nuestro personal en la ciudad y en otras aduanas”, dijo. De manera similar, no existen datos homologados de decomisos u otras acciones en contra del tráfico de precursores entre todas las agencias encargadas, ya que cada una recoge sus propias estadísticas. En algunos casos, no especifican el tipo de químico que aseguran o tienen datos incompletos. En mayo de 2020, por ejemplo, varios medios reportaron que la Marina aseguró 169 kilos de precursores de fentanilo en el puerto de Ensenada, en Baja California. Sin embargo, esto no aparece en los datos oficiales que compartió esta dependencia con InSight Crime. En general, el Mecanismo de Evaluación Mutua de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de 2022 señala que, si bien México cuenta con numerosos programas nacionales integrales, “no ha establecido mecanismos de cooperación interinstitucional entre instituciones públicas y privadas para dar una respuesta integral a la producción ilícita de drogas”. Sin persecución de delitos A pesar de que todas las agencias mencionadas anteriormente deben notificar a la Fiscalía sobre posibles desvíos de sustancias o alguna otra violación a la Ley de Precursores Químicos, este sistema no parece funcionar. De hecho, fue posible determinar a través de solicitudes de información que ninguna de las secretarías encargadas había remitido casos a la Fiscalía para su posible enjuiciamiento. Es poco probable que esto sea porque no existen tales casos, dadas las incautaciones de precursores tanto en los puertos de entrada como en las redadas de laboratorios de metanfetamina. Por el contrario, puede ser una clara señal de que, aunque los requisitos de información son exhaustivos y se ajustan en su mayor parte a las mejores prácticas internacionales, no están influyendo en la aplicación real del marco jurídico. De hecho, existen pocos incentivos para que cualquiera de las secretarías involucradas asuma un papel más proactivo en la identificación, tanto de potenciales desvíos como de actividades abiertamente delictivas, y remita esos casos a la FGR. Además, aunque el número de decomisos de precursores, preprecursores y sustancias químicas esenciales en general se ha mantenido constante, esto no se ha visto reflejado en un mayor número de investigaciones criminales. InSight Crime solicitó a la Fiscalía las estadísticas sobre carpetas de investigación relacionadas al desvío de sustancias químicas para usos ilícitos. La dependencia respondió que era confidencial, ya que solo podían compartir información de casos cerrados, que tampoco compartieron. Por otro lado, si bien existe un número significativo de investigaciones relacionadas con infracciones a la Ley General de Salud, más de la mitad están relacionadas con la posesión de sustancias, y solo el 6% con la producción. Los casos públicos relacionados con el tráfico de precursores químicos han sido pocos y no corresponden con el incremento en decomisos. La Secretaría de Marina, por ejemplo, dijo a InSight Crime que de diciembre de 2021 a diciembre de 2022 habían podido clausurar solo 8 empresas relacionadas a desvíos. Antes de eso, solo se habían conocido públicamente casos de empresas investigadas por su relación con este mercado, pero que no habían sido procesadas. Uno de los casos más conocidos fue el de Escomexa y Corporativo y Enlace Ram, dos empresas en la ciudad de Guadalajara registradas en domicilios residenciales. Ambas han sido vinculadas desde al menos 2020 con la importación de fentanilo y sus precursores. Según información compartida por la Fiscalía, las investigaciones continúan hasta hoy.
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