Redacción / La Voz de Michoacán La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular las reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como los precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo. Los vapeadores o cigarrillos electrónicos son productos que rápidamente se hicieron populares en México desde su llegada al país en 2006 y que cuentan con cerca de 1.7 millones de usuarios, una cifra que aumenta cada año. Su mercado tiene un valor aproximado de 5 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con la organización Pro-Vapeo. En 2020, el gobierno mexicano quiso prohibirlos con una ley federal, argumentando sus efectos dañinos en la salud, pero un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esas reformas por violar la libertad de comercio y el desarrollo de la libre personalidad de la ciudadanía, otorgando un amparo a las empresas tabacaleras para vender sus dispositivos a cambio de más compromisos. Aquella decisión sembró la semilla de un mercado negro, pues las empresas legales debieron incrementar el costo de sus productos para cumplir con estrictos requisitos como ingredientes de alta calidad, supervisiones sanitarias, una subida en los impuestos y más campañas de difusión para prohibir la venta a menores de edad. El crimen organizado aprovechó esos nuevos costos y la alta demanda para ofrecer productos de bajo costo con ingredientes de mala calidad, que no están certificados, no tienen gravamen y se venden a todo el público, especialmente a niños y adolescentes, para quienes ha creado sabores especiales, como frutales, algodón de azúcar o goma de mascar. En la tercera semana de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Morena usaría la mayoría legislativa para aprobar un veto constitucional que acabe en definitiva con la venta de vapeadores antes de que acabe el año. Así, cumpliría con la voluntad de su antecesor y mentor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició esta política prohibicionista. "Esa decisión acabaría con cualquier esperanza de regulación, como ya se hace exitosamente en México con el tabaco o con el alcohol, que está fuertemente supervisado y cuya venta es exclusiva para mayores de edad. Esto no va a acabar con los vapeadores, sólo acabará con los legales y cederá todo el mercado a los de contrabando”, aseguró al medio alemán DW la doctora Angélica Ospina, experta en reducción de daños. En diciembre de 2023, México vio en redes sociales la evidencia de que los cárteles están detrás del negocio de vapeadores: dos adolescentes fueron torturados en la calle por hombres armados que los obligaron a caminar desnudos con un letrero en el que se leía "Esto me pasa por vender vapeadores sin permiso”. El video se volvió viral después de ser grabado por varias personas en la ciudad de Guasave, Sinaloa, bastión de Los Chapitos, quienes otorgan el "permiso” de venta a cambio de una comisión. Siete meses más tarde, en julio de este año, un alto mando del Ejército mexicano en Culiacán reveló que se han descubierto laboratorios clandestinos donde se produce aceite de cannabidiol, con el que se rellenan vapeadores del crimen organizado. En la Ciudad de México, el control de los vapeadores está en manos de La Unión Tepito, un grupo que tiene su propia división de proveedores llamados Los Marcopolo, que viajan tres o cuatro veces al año a China para comprar toneladas de vapeadores y llevarlos a México de forma ilegal vía marítima. Una vez que los vapeadores arriban a Centroamérica, el cártel entrega sobornos desde Panamá hasta México para llevarlos hasta sus bodegas en Ciudad de México y luego repartirlos por todo el país. En los últimos años, autoridades capitalinas han hallado que esos vapeadores contienen metanfetaminas e, incluso, fentanilo. Algunos de esos vapeadores llegan a destinos turísticos, por ejemplo, Puerto Vallarta, donde los negocios legales son obligados a venderlos y entregar una porción de los ingresos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Con esas ganancias, los grupos criminales pueden financiar armas, municiones, equipo táctico y otros recursos que han contribuido a que México tenga, desde hace 10 años, un promedio de 30 mil 100 homicidios cada año. "Si se regulan los vapeadores, habrá menos riesgo de un mercado negro, como ya pasa con el alcohol. Pero si se prohíben, será como dar un regalo millonario al crimen”, afirmó la organización civil Poder Ciudadano. San Lázaro prohíbe también el fentanilo Avalado en lo general y en lo particular con 327 votos a favor y 118 en contra, el proyecto en materia de protección a la salud enviado al Senado de la República establece que “la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”. “Queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo 4 anterior”, establece el dictamen. Al fijar la posición del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano contra la reforma, la diputada Iraís Reyes exhibió un vapeador e hizo uso de él en la tribuna parlamentaria: “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban el ejercicio de nuestras libertades, porque su política pública en materia de salud no les da para más. Prohibir, prohibir, prohibir. ¿Qué no se supone que Morena y sus aliados son un movimiento de izquierda, que más bien debiera proteger derechos y libertades? ¡Falso!, ¡Mienten!”. Por Morena, la diputada Danisa Flores sostuvo que el narcotráfico ha encontrado en el fentanilo un negocio altamente lucrativo a costa de la vida de miles de personas, por lo es imperativo reconocer que no sólo se trata de una crisis de salud pública, sino también de una amenaza directa al tejido social y a la seguridad nacional que alimenta la violencia, desestabiliza comunidades y debilita nuestras instituciones. “Prohibir su distribución, producción y enajenación en México no sólo contribuiría a disminuir el impacto del narcotráfico, sino también a mejorar la relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que han solicitado acciones más contundentes para combatir esta crisis global y acuerdos políticos con nuestra presidenta”, dijo. En representación del PAN, la legisladora Paulina Rubio sostuvo, sin embargo, que combatir el fentanilo desde la Constitución no es más que una simulación, equivalente a darle una aspirina genérica a quien padece algún cáncer. Rechazó además la comparación de la violencia en México con la serie “Breaking Bad”. “Ojalá, presidenta, ojalá esto fuera ‘Breaking Bad’. Verdaderamente, ojalá que nuestro país fuera una serie de plataforma digital en donde pudiéramos cambiar el capítulo o adelantarle a lo peor de la historia, pero, por desgracia, esto no es así. Vivimos en un México de una realidad que pareciera ficción, pero, ¿sabe qué, presidenta?, no es ficción. Vivimos en un México en el que el narcotráfico inundó nuestra vida, secuestró nuestra paz y acabó con nuestra tranquilidad (…). No, presidenta, no es ‘Breaking Bad’, es muchísimo, pero muchísimo peor”, arengó.
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