Cuatro integrantes de “Los Zetas” que fueron capturados tras un enfrentamiento con el Ejército Mexicano ocurrido el 6 de febrero del 2010, fueron condenados por un juez federal a 32 años de cárcel y el pago de una sanción económica por un monto de 122 mil pesos, informó la Procuraduría General de la República (PGR). La resolución dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, Rafael Rodrigo Cruz, señala que el Ministerio Público Federal aportó las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los ahora sentenciados en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada. De acuerdo con la averiguación previa, el 6 de febrero de 2010 elementos castrenses realizaban un operativo para liberar a dos personas que habían sido plagiadas por presuntos sicarios de “Los Zetas” en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, desatándose un enfrentamiento entre autoridades y los presuntos sicarios. Una vez que los militares lograron someter a los presuntos “zetas”, las fuerzas federales lograron el aseguramiento de siete armas de fuego de diversos calibres, dos granadas de mano, 40 cargadores, 819 cartuchos, cinco vehículos y hasta de las llamadas tablas de castigo que usaban para torturar a las personas privadas de su libertad. Los ahora sentenciados Fredy Reyes Hernández, “El Tortas”; Gerardo Luna Escobedo, “El Gera”; Taurino Barrón Ramírez y Maximiliano Loeza Lima, “El Lima”, presuntamente formaban parte de una célula de “Los Zetas” que operaba en el Estado de Nuevo León. Tras su captura, estas personas fueron puestas a disposición de la Delegación de la PGR en Nuevo León, por lo que correspondió a un Ministerio Público Federal integrar la averiguación previa y consignar a los presuntos responsables ante un juez federal. Con los elementos aportados por el Fiscal de la Federación, el Juez Federal concluyó que los ahora sentenciados si eran penalmente responsables de los delitos ya mencionados, por lo que continuarán presos en el penal estatal de Apodaca, Nuevo León, para cumplir con la pena de 32 años de cárcel.
La Voz de Michoacán
