El Universal/La Voz de Michoacán Cancún. El Observatorio Legislativo de Quintana Roo interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra del Congreso del estado por el probable desvío de recursos públicos y su presunto uso con fines electorales, provenientes de las llamadas "ayudas sociales". La denuncia de hechos por el probable delito de peculado, uso indebido de recursos públicos y delitos político electorales, fue presentada por el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz, quien lo dio a conocer este jueves. Durante dos años diversas organizaciones civiles como "Somos tus Ojos" y el propio Observatorio han denunciado la opacidad del Congreso en torno al proceso de las "ayudas sociales". Si bien trimestral o semestralmente en el portal del Legislativo se publica la fecha de otorgamiento de la ayuda, el número de control, el nombre de la persona beneficiaria y el tipo de ayuda otorgada, no es público el procedimiento para otorgar los recursos, los montos individuales que se proporcionan y quienes lo autorizan. Galaviz recordó que las "ayudas sociales" no se encuentran dentro de las atribuciones que la Constitución estatal otorga al Congreso; tampoco los establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo. "Se observa que su otorgamiento está aparentemente orientado a favorecer a grupos y personas específicas, por lo que se dan indicios en una desviación del manejo de los recursos públicos posiblemente para usos electorales", dijo Galaviz, quien manifestó que detectaron que un alto número de beneficiarios reciben el apoyo recurrentemente. Para el 2017 y el primer trimestre del 2018, por concepto de "Ayudas sociales" se erogaron más de 112 millones de pesos. "Se ha dicho que estas ayudas son a personas de bajos recursos y que requieren del apoyo necesario para su subsistencia y la atención de necesidades básicas, pero al buscar en el perfil público de muchos de los beneficiarios, se encontró que son personas que no requieren el otorgamiento de las Ayudas Sociales. "Muchas de estas personas incluso están registradas como proveedores del gobierno, profesionistas e incluso como asesores del congreso y del Sistema Quintanarroense de Comunicación", indicó. Entre las y los beneficiarios del apoyo económico figuran —dijo— empleados del propio Congreso de Quintana Roo; 60 de ellos de ellos forman parte del sindicato. Además, hay militantes del Partido Acción Nacional (PAN). En la denuncia ante la Fiscalía, se menciona que el hijo de la diputada, Eugenia Guadalupe Solís Salazar -Eduardo Alberto Cicero Solís-, y el abogado Fabián Villafañez Motolinía, que estuvo postulado para concursar al cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, son presuntos beneficiados por las Ayudas Sociales. También Aguilar Pinto Rosa Carmina, Aragon Oxte María Concepción, Arceo Pinto Addy Yolanda, Castillo Peraza Ricardo, Chim Euan Alejandro, Garrido Pat Yazmin Asunción, Mendez Bacab San Eleuterio, Moo Caamal Maria Victoria, Tuz Tamay Pedro Pablo y Borges Dzul María del Socorro, todos, militantes del PAN. Como datos de prueba, el Observatorio entregó como anexos, un archivo público de beneficiarios de las "Ayudas Sociales"; otro archivo con los miembros del Sindicato del Congreso y de sus beneficiados por el apoyo. Además un archivo con el padrón de militantes del albiazul y sus beneficiados con el recurso público, entre otros. "Estamos en la etapa de definición de saber a qué ministerio público se turnará esta denuncia. Una vez realizadas todas las diligencias que sean necesarias hasta la integración de la carpeta de investigación que se indique, solicitar al Juez de Control en turno la vinculación a proceso en contra de quien resulte responsable por los delitos denunciados" señaló Galaviz Ibarra.
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