El Universal/ La Voz de Michoacán Ciudad de México. A sus 73 años, Maximino Rodríguez llegaba a las escenas del crimen de manera temeraria, con libreta y pluma en mano. Lanzaba preguntas a cuanto testigo se le cruzara en medio de cualquier madrugada sangrienta. Si no lo dejaban pasar a la zona acordonada pedía permiso en las casas aledañas para treparse y tener acceso. Miraba desde las alturas y fotografiaba. Sus palabras se convirtieron no sólo en las más críticas contra la violencia y hacia el gobierno de Baja California Sur (BCS), sino en las más confiables para los ciudadanos. Max, como le llamaban sus amigos, estaba jubilado y volvió a la escena periodística en 2015, año en que el crimen organizado se desató: comandos con armas largas balanceándose, así como espacios familiares y turísticos impregnados de plomo. Él no necesitaba fuentes policiacas o radiofrecuencias, los avisos llegaban de los pobladores al blog ciudadano Colectivo Pericú. Su pluma era filosa, al grado de señalar células y operadores de cárteles de la droga. En abril de 2017 lo asesinaron. Como ha sucedido en tiempos recientes a otros sudcalifornianos. La narcoviolencia ya dejó altos saldos: estudiantes, turistas, reporteros e incluso un bebé. Muertos. Violencia nunca antes vista Hace una semana, en los municipios de San José del Cabo y la capital La Paz se suscitaron 12 ejecuciones, la misma cantidad que se registró en todo BCS en 1990. De forma simultánea, habitantes de esta región ubicada en el noroeste, salieron a marchar para exigir "un alto a la delincuencia organizada y la reacción inmediata del gobierno local y federal". En 2010, época de la llamada "Guerra contra el narco", el número de homicidios empezó a subir, pero no rebasaba el centenar de casos. Ya en la actual administración del gobernador panista Carlos Mendoza Davis, los homicidios —sobre todo dolosos— incrementaron más de 300%. De enero a septiembre de 2017 se contabilizaron 451 casos, según cifras oficiales. Año sangriento, teniendo como antecedente, al inicio de año [en enero], la extradición de Joaquín Guzmán Loera alias "El Chapo", lo que desembocó en un posible reacomodo de organizaciones criminales. El exdiputado sudcaliforniano y empresario, Víctor Martínez de Escobar, advirtió en 2016, en entrevista con EL UNIVERSAL, que con su extradición aumentaría la violencia. "Estamos viviendo una situación caótica jamás vista. Va a ser el estado más violento en relación con sus habitantes. [...] Con el Congreso no se cuenta absolutamente para nada, como ciudadano he presentado dos pronunciamientos para organizar un foro y tener un diagnóstico exacto de la situación, pero no hay contestaciones". Así fue. En enero del 2017 el narcotraficante mexicano fue trasladado a Estados Unidos, donde aún espera ser juzgado, no obstante, los diez meses siguientes fueron los más sangrientos en la historia de la entidad. "Nos hemos visto afectados por la escalada de la violencia. No hay presencia disuasiva, mucho menos operativa para contener y combatir la escalada de la violencia. Las zonas turísticas doradas están muy bien resguardadas por las fuerzas federales, el resto [de las zonas] que somos simples mortales no gozamos esa condición, a la federación sólo le interesa la fuente de ingresos", apunta el abogado especializado en derechos humanos Arturo Rubio. Hasta la noche de este viernes, el gobierno de BCS no respondió a la solicitud de entrevista por parte de este diario para conocer su postura al respecto. Cifras históricas: la escalada El periodista Max Rodríguez fue ejecutado dentro de su automóvil, en el estacionamiento de un centro comercial de la capital. Desde una pick-up abrieron fuego cuatro sicarios. La procuraduría local estableció que las armas utilizadas fueron las mismas que se usaron para privar de la vida a un comandante estatal y dos agentes ministeriales. El reportero que destacó en cobertura de nota roja ya forma parte de la estadística criminal más alta en la historia de BCS. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la entidad acumuló 126 carpetas de investigación por el delito de homicidio en 2014. Un año después, en 2015, fueron 226, luego 281 y para septiembre de 2017 se registraron 451 casos. En octubre [por concluir], según los diarios locales, los homicidios alcanzaron 90 registros, los que significa que es el año y el mes más elevado. De 2014 a 2017 el aumento alcanzó un 358%. "Esto no es un problema reciente, es una escalada natural de una situación que hemos estado evidenciando desde hace ocho años. Es falta de prevención del gobierno en turno, la seguridad nunca ha sido prioridad para el gobierno estatal... En 2008 éramos el estado más seguro de la República Mexicana, teníamos el índice de delitos violentos más bajo, entre ellos el de homicidio", destaca Arturo Rubio. En la década de los 90 la cifra promedio era entre 20 y 30 casos por año. Cuauhtémoc Morgan, director del Colectivo Pericú dice: "Aquí no conocíamos de personas que se dedicaran a cometer homicidios de esta naturaleza y relacionados con el crimen organizado". Violencia entre cárteles Tres días antes de ser ejecutado a sangre fría en el estacionamiento de un centro comercial, Max Rodríguez redactó su última columna "Es mi opinión", que publicaba en el blog del Colectivo Pericú. En ese mismo sitio digital, ya había recibido amenazas de muerte pero fiel a su oficio reporteril continuó denunciando las tropelías cometidas por la delincuencia organizada en Baja California Sur. En su último texto, el reportero de 73 años señalaba a un grupo criminal liderado por David González Payán, alias "El Colores", como el que sembraba terror en las calles paceñas, así como la participación de sus subalternos en diversos crímenes cometidos en La Paz, Los Cabos y Loreto. No quedarse callado le costó la vida. Su espacio en el blog lo había dedicado a denunciar la escalada de crímenes violentos que se vive en toda la entidad desde hace varios años, ocasionada según fuentes locales, por una posible pugna que mantienen integrantes del Cártel de Sinaloa y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El reacomodo que el Cártel de Sinaloa, que provocó la captura y posterior extradición del Chapo Guzmán, hizo mella en territorio sudcaliforniano y generó un vacío de poder criminal en un territorio que históricamente tuvo presencia de dicho grupo. La ausencia del célebre capo sinaloense en la estructura criminal buscaría ser aprovechada por otros grupos criminales. Esto es parte de una investigación de El Universal.
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