El presidente de la Comisión Permanente y coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, Martín Flores Castañeda, señaló que con la aprobación para que se contraten créditos hasta por mil 798 millones de pesos, la deuda pública del Gobierno de Colima será de tres mil 927 millones. El legislador destacó que el nuevo empréstito autorizado, deberá ser contratado con un plazo de hasta 25 años. Indicó que del crédito de hasta mil 728 millones de pesos, 638 millones deberán ser destinados al refinanciamiento de un crédito de corto plazo que se tiene contratado con Banco Interacciones, con el cual se mejorarán los términos y condiciones de dicha contratación, al pasarlo a deuda de largo plazo. Añadió que de los créditos a contratar, se aprobó buscar uno o varios con la banca de desarrollo o banca múltiple que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, hasta por 960 millones de pesos. “Esos 960 millones servirán para financiar inversiones públicas productivas comprometidas, y que no se han podido cumplimentar en su totalidad, dirigidas a los rubros de conectividad, seguridad pública, impartición de justicia, agroindustria y fomento económico, con lo que se fortalecerá el dinamismo económico del estado”, refirió. Además, se destinarán 130 millones de pesos para inversiones públicas productivas y amortización de financiamientos que en su momento hayan sido ejercidos y contratados de manera conjunta con algunos de los municipios de la entidad. Flores Castañeda reiteró que, para autorizar esos empréstitos, el Congreso del Estado aprobó también la creación de una Comisión Especial de Seguimiento. Dicha comisión estará conformada por un diputado de cada grupo parlamentario, el titular del órgano fiscalizador, la Secretaría de Finanzas y Administración y dos observadores de la sociedad civil. Tendrá por objetivo de observar y vigilar el registro de la deuda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la contratación de los empréstitos con la mejor opción que presenten la banca de desarrollo y la banca comercial, así como el destino de los recursos. “También se aceptó una auditoria a las finanzas públicas del estado, no solamente de 2014 y 2015, sino de los años del ejercicio constitucional del actual gobierno, que será una auditoria a fondo”, subrayó.