Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró a un soldado en la Escuela Normal de Ayotzinapa para informar sobre las acciones de los estudiantes en septiembre de 2014, quien es uno de los 43 desaparecidos, reveló el subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Señaló la inacción del Ejército para buscar a su elemento, y con ello, al resto de los estudiantes tras su desaparición. Julio César López fue infiltrado por el Ejército con el fin de informar sobre los actos preparativos de los normalistas de cara a la marcha del 2 de octubre de aquel año, indicó hoy Encinas en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. “Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal”, explicó el funcionario. “Era el responsable de informar de lo que aconteció en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón”, reveló el subsecretario. Encinas afirmó que los reportes del soldado cesaron el día de la desaparición de los 43 y la Sedena no actuó para dar con su paradero como lo marca su protocolo de desapariciones militares; por lo tanto, de haberse hecho, hubiera habido una acción inmediata en la búsqueda también de los 43 normalistas. “Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos”, dijo. El subsecretario indicó que gracias a las labores del elemento infiltrado todas las autoridades estatales y municipales estaban al tanto del movimiento de los normalistas y pudieron haber impedido su desaparición. En el informe, Encinas sentenció que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos. “La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano", declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa. La Comisión de la Verdad también concluyó “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes" e, incluso, las acusó de "alterar hechos y circunstancias" para establecer una conclusión "ajena a la verdad". “Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo miembros del Ejército y de las policías locales. El funcionario también reconoció que "no hay indicios" de que ninguno de los estudiantes esté vivo y que "nunca estuvieron juntos" desde que se separan en la estación de autobuses de Iguala esa noche. El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre. Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada "verdad histórica", policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. La Administración de López Obrador ha desmentido esa "verdad", al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
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