Luego de ser aprobada por el Congreso, la reforma en telecomunicaciones, fue enviada al ejecutivo para su promulgación, con el objetivo que las regulaciones que contempla entren en vigor a partir del 1 de enero de 2015. Los promotores de esta nueva legislación indican que la eliminación del cobro de larga distancia, tanto en telefonía fija y móvil, representará un ahorro anual para los usuarios de aproximadamente 19 mil millones de pesos, según sus estimaciones. Señalan que otro de los beneficios que aplicarán a partir de la misma fecha será la portabilidad, es decir, que el usuario podrá cambiar de compañía telefónica en sólo 24 horas conservando su número original. Además se elimina la caducidad del saldo no usado, mientras que la consulta de 'crédito' ya no podrá ser cobrada por las compañías. Por otra parte, Humberto Castillejos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, reiteró que el artículo 190 de esta ley establece que los concesionarios deben colaborar con autoridades “en los términos de leyes de la materia”, pero que esto se hará con la autorización de un juez. Ese artículo señala que las empresas de telefonía están obligados a “colaborar con las instancias de seguridad y justicia" en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, y además deberán “conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea”. En este sentido, el legislador de oposición, Ricardo Monreal, indicó que el artículo 190 es una 'venezolización' de las telecomunicaciones pues faculta al gobierno, a través del Ministerio Público, para intervenir las 'comunicaciones privadas' de los ciudadanos, calificando la medida como autoritaria.