Christian Fuentes / La Voz de Michoacán México. Alrededor de las 10:00 horas Carlos Gómez Arrieta avisó de su ubicación: Parque Plaza Mdorelia de la Colonia Roma Norte, entre las calles de Morelia y Guaymas, al pie de un edificio que alojara a la desaparecida Dirección Federal de Seguridad; llegaron agentes de la Policía Federal Ministerial y le ejecutaron la orden de aprehensión que tenía pendiente, trasladándolo de inmediato al Penal Federal del Altiplano. Horas más tarde, después de las 16:00 horas el Gobierno de México informó ¿ la entrega voluntaria del exjefe de la policial ministerial imputado por tortura en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre de 2014. En una reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y padres de los 43, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, confirmó la entrega voluntaria a la justicia de Carlos "G", probable involucrado en la desaparición de los jóvenes. Al presentar los avances del caso, Encinas confirmó la entrega ante la Fiscalía General de la República del extitular de la Policía Federal Ministerial sobre quien había una orden de captura por tortura y desaparición contra algunos de los detenidos en el caso Ayoztiznapa. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios mexicanos, el extitular de la policía federal ministerial estaba imputado por la tortura de uno de los implicados en la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre en la ciudad mexicana de Iguala. Además, también se desempeñó como subsecretario de seguridad pública del estado de Michoacán del actual gobernador estatal, Sivano Aureoles. Los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa "reconocieron la importancia" de esta información sobre Carlos "G", informó la Secretaría de Gobernación en un boletín. Amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito de Guerrero En marzo, el titular del Juzgado Noveno de Distrito con sede en Chilpancingo, Guerrero liberó diversas órdenes de aprehensión contra distintos exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Agencia de Investigación Criminal (AIC) y funcionarios en activo de la Fiscalía General de la República (FGR) por estar vinculados con el delito de tortura contra varios detenidos por el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, entre ellos el excomandante Carlos Gómez Arrieta. Ese mismo mes habló con Radio Fórmula en donde aseguró que ni él ni sus abogados habían sido notificados de una orden de aprehensión, sin embargo, él estaba dispuesto a presentase en caso de ser requeridos, siempre y cuando se le respetaran sus garantías constitucionales. “Si giraron la orden de aprehensión, estoy atento y me voy a defender con las garantías constitucionales que deben ser. Yo lo único que aclaro, es que yo no estuve en Iguala, yo no participé en la desaparición”, comentó en esa entrevista el exfuncionario público Sin embargo, Gómez Arrieta, pidió el amparo y protección de la justicia contra la orden de aprehensión librada en su contra. Esta demanda de garantías fue turnada a Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, quien solicitó al prófugo de la justicia hacer una aclaración antes de admitir su recurso legal: El ahora detenido, debía aclarar por qué solicitaba en forma específica el amparo contra una orden de aprehensión del Juzgado Noveno de Distrito de Guerrero, con sede en Iguala, y no contra otras autoridades judiciales. Sin embargo, el 11 de agosto de este mes el Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, admitió su demanda de garantías cinco meses después de presentada, luego de que el ex mando policial hiciera algunas aclaraciones sobre su recurso legal. Pero esta medida no impedía su encarcelamiento en caso de ser detenido, pues era prófugo por una orden de aprehensión por un delito con prisión preventiva oficiosa, las cuales por norma no pueden ser suspendidas. "Si la orden de aprehensión reclamada deriva de un hecho o hechos que la ley señala como delito(s) que establezca(n) prisión preventiva oficiosa, (la suspensión aplica) para que el quejoso quede a disposición de este órgano de control constitucional en el lugar en que deba ser recluido", precisó el juez. Se desconoces las razones por las que Gómez Arrieta pidió dicho amparo. Gómez Arrieta fue director General de Servicios Especiales de Seguridad y Protección a Personas de la PFM de julio de 2013 a mayo de 2015. Su adscripción a la Agencia de Investigación Criminal hizo que se viera involucrado en la investigación del caso Iguala durante unos meses. En junio del año pasado, a través de redes sociales, fue difundido un video que registró presuntos actos de tortura en agravio de Carlos Canto Salgado, detenido durante las investigaciones del paradero de los normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. En el video aparecía a cuadro Gómez Arrieta, entonces mando en la PFM, lo que le costó el cargo. El 22 de junio presentó su renuncia como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán y desde entonces no se le volvió a ver en público.
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