Ciudad de México.- La senadora Mariana Gómez del Campo pidió al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a las secretarías de Gobierno de los estados implementar acciones con el fin de erradicar las graves violaciones a los derechos humanos en los reclusorios. Solicitó atender diversas problemáticas que afectan a los internos y a sus familiares e instó a las secretarías de Salud federal y estatales para que impulsen programas de prevención y atención para los reclusos. Conminó además a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que remita al Senado un informe sobre el estado que guardan las recomendaciones que ha emitido al Ejecutivo federal y a las entidades federativas, relacionadas con el sistema penitenciario. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, el estado en que están los centros penitenciarios es lamentable, pues existe un gran número de deficiencias. “El diagnóstico incluyó los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país (varoniles, mixtos y femeniles) en las 32 entidades federativas, cuya población total al momento de la supervisión fue de 195 mil 329 internos; asimismo, se hizo un análisis en 20 centros federales con el 90.06 por ciento del total de la población penitenciaria a nivel nacional”, apuntó. Indicó que la CNDH ha señalado que durante 2014 ocurrieron mil 737 incidentes, y de éstos, 993 fueron en Centros de Reinserción Social y 744 en Centros Federales de Readaptación Social. “El acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a riñas, con un total de mil 435; el segundo, los desórdenes; el tercero, los suicidios con 68; el cuarto, los abusos; y el quinto lugar los homicidios”, explicó. La legisladora subrayó que los estados que reportaron mayor incidencia en este tipo de eventos fueron Sonora con 170, Puebla con 62, Baja California con 61, Nuevo León con 58 y la Ciudad de México con 54. Destacó que 65% de las prisiones están sometidas a un autogobierno, lo cual es otro problema grave, ya que la autoridad no está ejerciendo el control, y más preocupante aún, dijo, es la información de que entre 2009 y 2013 más de mil internos se fugaron y alrededor de 600 perdieron la vida.
La Voz de Michoacán
