Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, Altiplano, y la muerte de más de 40 personas en el penal de Topo Chico en Nuevo León, evidencia las carencias que presenta el sistema penitenciario en el país, por lo que es necesario contar con una política basada en lineamientos nacionales e internacionales. “Lo sucedido en el Centro Federal de Readaptación Social 1, o en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico han puesto en evidencia las vulnerabilidades y fallas del Sistema Penitenciario”, dijo Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH. Al presentar el informe “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015”, la CNDH indicó que las prisiones del país cuentan con la “calificación” de 6.1, debido a las carencias que existen al interior. El informe refiere que la calificación en el estado de Nayarit es de 4.11; Quintana Roo (4.43); Guerrero (4.99); Hidalgo (5,01); Tabasco (5.06); Chiapas (5.27); Tamaulipas (5.29); Baja California Sur (5.47); Oaxaca (5.63); Sinaloa (5.65); Nuevo León (5.66); Colima (5.92); y Campeche (5.93) con las entidades que tienen las bajas calificaciones. “No debemos esperar a que ocurran hechos graves al interior de un centro penitenciario para voltear a ver las problemáticas existentes en ese ámbito, e implementar acciones que en la mayoría de los casos son de carácter paliativo ante los daños causados por la falla u omisión evidenciada”, mencionó. El ombudsman comentó que el informe no busca descalificar a las entidades o instituciones, ya que busca llamar la atención de los problemas que hay al interior de los centros penitenciarios del país. “Tener una adecuada política nacional en materia penitenciaria corresponde de acuerdo a sus competencias a cada uno de los tres poderes del Estado, ya que se requiere armonizar la normatividad en la materia con base en los instrumentos nacionales e internacionales, y aplicarla de manera uniforme, bajo criterios pertinentes que garanticen en todo momento la seguridad de los internos, así como las condiciones de vida digna al interior de los centros, sin embargo, esto no sucede en gran parte de ellos”, refirió. En 71 prisiones, se observó deficiente ejercicio de funciones de autoridad, lo que vulnera la seguridad; en 86 se carece de prevención y atención de incidentes violentos; en 84 no existe prevención de adicciones y desintoxicación; mientras que en 73 prisiones existen áreas de privilegios y presencia de objetos, sustancias prohibidas y de internos ejerciendo el control. Ante estas irregularidades, la CNDH instó a las autoridades a que se concluya el proceso legislativo y se emita la Ley de Ejecución Penal con un perfil de Derechos Humanos para mejorar las condiciones en las prisiones del país.
La Voz de Michoacán
